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El abrazo al Congreso fue un último intento de frenar el proyecto oficial (La Nación)

Minutos antes de que los diputados comenzaran a debatir el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, unos 50 miembros de organizaciones civiles vinculadas con la Justicia realizaron una protesta delante del Congreso para frenar la sanción de una ley que ya adivinaban inevitable.

Con más bronca que esperanza, dirigentes de Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) extendieron una bandera celeste y blanca frente a la entrada del Palacio y entregaron un mensaje a cada uno de los diputados que ingresaban con exhortaciones a rechazar el proyecto.

“La ciudadanía los ha elegido para que legislen a conciencia y conforme a la Constitución y no para que obedezcan ciegamente las disciplinas partidarias -rezaba la nota-. El futuro de la Justicia está en juego. El proyecto es inconstitucional, nadie puede negarlo honestamente. Vote por sus principios. Vote por la Constitución.”

Iba acompañada por una carta de los constitucionalistas Daniel Sabsay, Miguel Padilla, Ricardo Gil Lavedra y Fernando Barrancos y Vedia. Todos firmaban que “en defensa del sistema republicano” y “por el respeto a la Constitución” se oponían a la modificación del Consejo.

“La mayoría de los gobiernos funciona igual: quiere manejar la Justicia”, declaró María Julia Pérez Tort, de Poder Ciudadano. Según ella, así como Carlos Menem aumentó los miembros de la Corte, este gobierno “avasalla” el Consejo de la Magistratura y lo convierte en un “paso burocrático” para destituir o nombrar jueces. “Antes, el Gobierno ya conseguía lo que quería en el Consejo, pero por lo menos las minorías dejaban ver las verdaderas intenciones del oficialismo. Ahora, los kirchneristas ni siquiera van a tener que discutir”, objetó.

En su campaña contra la reforma, hace dos semanas Poder Ciudadano entregó a cada uno de los diputados una copia del proyecto que se debatió ayer y una lupa para que analizaran con detenimiento lo que iban a votar.

Ayer, Luciano Hazan (Inecip) sostuvo: “Tenemos pocas expectativas y esto es una muestra cabal de que el Congreso no funciona. La sesión va a ser una puesta en escena y va a votar una no reforma. Ninguna de las deficiencias del Consejo se va a solucionar con esta ley”.

Los organismos que protestaron ayer son sólo algunos de los que durante los últimos meses alzaron la voz para oponerse a la reforma. Las organizaciones civiles ligadas a la Justicia más reconocidas -y más disímiles en cuanto a su inclinación ideológica-, desde el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) hasta el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunciaron que la reforma era inconstitucional. Al igual que las principales agrupaciones de jueces, abogados y académicos.

Ayer, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital, Lucio Ibáñez, reiteró la amenaza de los abogados de no integrar el Consejo. “Si aprueban la ley, pediremos su inconstitucionalidad y lo más coherente sería no participar de un organismo viciado”, declaró.