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Declaraciones juradas, un secreto de Estado

En la mitad de las provincias no se pueden acceder a las DD.JJ. de los funcionarios. El acceso a las declaraciones juradas patrimoniales (DD.JJ) de los funcionarios públicos es una de las claves para la democracia: brinda oportunidad de ver si las cuentas están o no claras. Sin embargo, en el país la mitad de las provincias niega la información. Para alcanzar una mayor transparencia en la función pública se sancionó hace 15 años la Ley Nacional Nº 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. A través de un relevamiento, la organización Asociación Civil por la igualdad y la Justicia (ACIJ) comprobó cómo se encuentra la normativa a nivel federal y en qué medida se aplica en los distritos. Una lectura preliminar sobre el escenario federal revela que solamente 5 de las 23 provincias permiten el libre acceso a las declaraciones juradas. En 6 el acceso es restringido, mientras que en 12 no se permite la consulta bajo ninguna circunstancia, a excepción de mediar una orden judicial. Tierra del Fuego, La Pampa, Corrientes, La Rioja y Salta dan un libre acceso. La ciudadanía puede acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios realizando el pedido o por la web oficial. En Chaco, Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires es restringido. El solicitante debe demostrar un interés legítimo, o una sospecha suficiente sobre un enriquecimiento ilícito. Por último, en Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, Catamarca, Tucumán, Formosa, Jujuy y Misiones hay un total secreto. No se permite bajo ninguna circunstancia dar vista de las declaraciones juradas de los funcionarios, excepto que medie una orden judicial.
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