De Vido ratifica aumentos que la Justicia dejó en suspenso (El Litoral)

La aplicación del impuestazo en el consumo del gas domiciliario produjo un choque entre la Justicia, que suspendió su instrumentación, y el gobierno nacional, que ratificó los incrementos, a partir de la próxima facturación, en octubre.

La Cámara Quinta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo suspendió el aumento de tarifas del gas y prohibió cortar el suministro ante la falta de pago. La medida judicial es provisoria “hasta tanto se resuelva sobre el fondo de la cuestión, esto es si declara la nulidad o no de las resoluciones que fijaron los aumentos”.

El tribunal aceptó un reclamo formulado por el defensor del pueblo de la Nación. Horas más tarde, el ministro de Planificación, Julio de Vido, ratificó los incrementos tarifarios al explicar que seguirá adelante con la vigencia del esquema de eliminación progresiva de los subsidios estatales a las tarifas del gas y la electricidad.

Respecto de una decisión judicial, el ministro señaló que “no se suspende el pago, sino que el usuario podrá pagar las facturas con el subsidio vigente, a cuenta de lo que corresponda cuando se conozca el fallo definitivo”.

Idas y vueltas

Ante la masiva ola de reclamos, el gobierno resolvió en julio mantener el 100 por ciento de los subsidios durante el bimestre junio-julio, y reducirlo a 70 por ciento al momento de facturar los consumos del bimestre agosto-septiembre.

A partir de octubre, el gobierno eliminará aún más los subsidios y, además, aplicará el “Cargo Gas” que grava a los consumos altos para hacer frente al pago del mayor costo del gas importado durante los meses de otoño e invierno, de mayor demanda estacional.

En un fallo de seis páginas, los camaristas Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Alemany suspendieron provisoriamente la aplicación del nuevo cuadro tarifario del servicio de gas. Los usuarios de este servicio podrán seguir pagando sus facturas según el régimen tarifario anterior, al menos hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, es decir sin los aumentos dispuestos por decreto en 2008 y adecuados después de las elecciones son válidos o no.

El fallo, además, prohíbe realizar cortes en el servicio a usuarios que no paguen las facturas que contengan los incrementos. Los jueces ordenaron al Ente Regulador del Gas (Enargas) que “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, instruya a los agentes de recaudación del cargo tarifario a que permitan que los usuarios afectados por los efectos propios del decreto 2067/08 y normas complementarias, puedan seguir pagando sus facturas de acuerdo con el régimen tarifario anterior”.

Esos pagos deberán ser tomados como “pago a cuenta”, sostiene la resolución notificada ayer al Estado nacional.

Controladores a medida

La Justicia ordenó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que inicien los procesos de selección de sus autoridades a través de concursos públicos.

Mientras los organismos de contralor respaldan a De Vido en la aplicación de los aumentos en las facturas, la Justicia le apunta a los entes porque se integran sin criterios técnicos ni legales.

Se trata de dos fallos, uno de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y otro de la jueza de primera instancia Clara Do Pico, que consideraron que ninguno de los entes cumplía con las leyes que regulan su integración. Los tribunales explicaron que las normas de energía eléctrica y gas natural establecen que los directores de los Entes deber ser elegidos entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y a través de concursos públicos. “Los últimos miembros del Directorio de Enargas no fueron designados siguiendo el procedimiento previsto en las normas legales y reglamentarias aplicables para la integración de dicho organismo”, sostuvo en su fallo Do Pico.

En el mismo sentido, los camaristas de la Sala V, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani, explicaron que la Secretaría de Energía informó que no se llamó a un nuevo concurso para cubrir el cargo presidente, vicepresidente y vocal primero del Enre.

“En consecuencia, cabe considerar que el procedimiento legal y reglamentariamente previsto para la selección de las autoridades del Ente aún no ha tenido principio de ejecución”, sostuvieron.

Los magistrados le ordenaron “a la Secretaría de Energía que arbitre los medios necesarios para realizar la convocatoria pública y dar cumplimiento a los demás procedimientos necesarios” para nombrar a las autoridades.

 Las demandas contra los Entes fueron presentadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios, Centro de Educación del Consumidor y la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores.

De la redacción de El Litoral

DyN

El Litoral