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¿Cómo fue la ejecución del presupuesto nacional para reducir las brechas de género en 2021?

Desde hace ya varios años analizamos la ejecución del Presupuesto Nacional etiquetado con Perspectiva de Género (PPG), el cual incluye partidas que fueron señaladas por tener impacto positivo en la reducción de las brechas de género. En este informe mostramos cómo fue su ejecución durante el año 2021. 

Entre los principales hallazgos del 2021, encontramos que:
  • Durante 2021 el presupuesto etiquetado PPG representó el 15,34% del total. La última información publicada por el Poder Ejecutivo corresponde al tercer trimestre y evidencia que el crédito etiquetado vigente había aumentado en un 12% con relación al original y se había ejecutado (a esa fecha) el 72%.
  • Las actividades etiquetadas con mayor peso presupuestario fueron Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional y Asignación Universal para la Protección Social de la ANSES que ejecutaron casi la totalidad de sus recursos y alcanzaron las metas planeadas. 
  • La partida con más participación presupuestaria dentro del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue el Programa Acompañar, que tuvo un aumento del 183% (pasó de contar con $4.496 millones a $13.527 millones) y finalizó el año con una ejecución del 97,5%. 
  • El presupuesto para la actividad de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (del Ministerio de Educación) se redujo un 8,15% y tuvo una subejecución del 26,47%. 
  • Protección de Víctimas de Violencias y Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata (ambas actividades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) subejecutaron un 51,66% y 20,29% de sus recursos disponibles, respectivamente. 
  • La ejecución del programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (del Ministerio de Educación) alcanzó apenas la mitad de lo presupuestado. Se construyeron 95 de las 2.151 aulas y 61.087 metros cuadrados de los 322.670 que figuraban como metas vigentes para 2021.
  • En el Ministerio de Obras Públicas se presupuestaron cuatro actividades de infraestructura social del cuidado -tres de ellas sin etiqueta- que sumaron un total de $8.413,03 millones. Sin embargo, perdieron la totalidad de su presupuesto durante el año 2021.

En lo que respecta al presupuesto del año 2022, destacamos que:

  • Como no se aprobó el proyecto de ley por el Congreso, rige la prórroga del presupuesto 2021. Por eso, casi todas las asignaciones de las partidas PPG igualan al crédito vigente en 2021 en valores nominales. Es decir que no se contempló un ajuste a pesar de registrarse una inflación del 50,9% en 2021. Por lo tanto, si no se produjeran ampliaciones presupuestarias a lo largo del presente año habría una reducción interanual (en valores reales, ajustados por inflación) de un 33% en estas partidas.
  • El Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete informaron que durante 2022 distintas jurisdicciones ofrecerán ponderadores para etiquetar nuevas actividades. Es decir que establecerán un porcentaje de ciertas actividades identificadas en las que aplica la etiqueta PPG. Es importante contar con información sobre los criterios detrás de cada ponderación, que todavía no resultan claros.

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Además de la mirada de género en la distribución del gasto, sería esperable contar con perspectiva de género en otras dimensiones del presupuesto público. En la Ley de Presupuesto 2021 se estableció a la inclusión social con perspectiva de género como uno de los pilares del modelo económico. Para conocer de qué manera eso se lleva adelante es necesario que el análisis de género esté presente en la formulación de las proyecciones macroeconómicas y en la medición de los ingresos. Conocer cómo se distribuyen las y los contribuyentes de cada tributo y cómo su cobro afecta diferenciadamente según el género, permitiría un mejor diagnóstico sobre los factores que reproducen o disminuyen la desigualdad. También es relevante contar con análisis con perspectiva de género sobre los impactos de la deuda pública.

Por último, es importante que el Ejecutivo y el Congreso Nacional promuevan la participación de la sociedad civil en el proceso de formulación del presupuesto y el monitoreo de la asignación y ejecución presupuestaria de las partidas destinadas a reducir las brechas de desigualdad de género.