Las exposiciones de más de 160 personas en las primeras audiencias marcaron los planteos provenientes de sectores religiosos y pueblos originarios, entre otros, así como los temas relacionados con vivienda, salud, derecho al agua y responsabilidad civil del Estado.
Por: Sebastian Abrevaya
Con el cierre de las audiencias públicas realizadas en Buenos Aires por la comisión bicameral de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial se cristalizaron los cuestionamientos y las propuestas sobre el proyecto del nuevo código, que abarcan un complejo universo de temas, pero que a grandes rasgos podrían agruparse en algunas áreas centrales: los de tipo ideológico, planteados por la Iglesia Católica y otros grupos religiosos respecto de la familia, el matrimonio y la concepción de la vida; los vinculados con las comunidades de pueblos originarios; las cuestiones de índole económica, como los tratados internacionales y el arbitraje; los reclamos profesionales, presentados por asociaciones de abogados, escribanos y martilleros, y los relacionados con la responsabilidad civil del Estado, la vivienda, la salud mental y el derecho al agua.
El jueves pasado la comisión bicameral empezó con las audiencias por el interior del país, donde se siguió escuchando a distintos expositores y receptando por escrito sus posturas. El cuerpo integrado por quince diputados y quince senadores había comenzado su trabajo hace unas tres semanas con la convocatoria a la comisión redactora del anteproyecto, liderada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; su vicepresidente, Helena Highton de Nolasco, y la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci. La semana siguiente fue el turno de la comisión revisora, encabezada por el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez. En ambas instancias se escucharon los argumentos de los invitados y los legisladores hicieron preguntas, centradas en su mayoría en los cambios aplicados por los responsables del Poder Ejecutivo.
Luego sí fue el turno de la audiencia pública, donde en cuatro jornadas expusieron más de 160 personas, incluidas figuras de peso político y social como el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, César Cigliutti; el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández, decenas de representantes de pueblos originarios, organismos de derechos humanos como el CELS; especialistas en derecho tributario y comercial como Arístides Corti y Stella Maris Biocca, y también personas que plantearon sus inquietudes producto de alguna situación personal. En diálogo con Página/12, el presidente de la comisión bicameral, Marcelo Fuentes, rescató la actitud positiva y el “bajo” nivel de conflictividad teniendo en cuenta que se modifican cuestiones fundamentales de la vida social y se reducen dos códigos que suman 4500 artículos a uno de menos de 2700.
Iglesia y religión
Tal vez el nudo más controvertido giró en torno de la Iglesia Católica, que rechazó la incorporación al código de conquistas ya obtenidas por minorías sexuales como la ley de identidad de género o el matrimonio igualitario y que, por otro lado, fue criticada por sus privilegios al ser la única institución religiosa reconocida como persona jurídica de carácter público. Se trata del inciso C del artículo 146. “Mantener la Iglesia Católica como si fuera una institución estatal consolida viejos paradigmas, niega una sociedad pluralista y diversa e impide consolidar la ciudadanía religiosa y la democracia. Por eso hay que osar para recrear otra memoria”, sostuvo entonces el sociólogo Fortunato Mallimaci, en sintonía con una gran cantidad de expositores y en particular de las organizaciones de la diversidad sexual. Arancedo en persona se acercó al Congreso y expuso la postura episcopal, con un cierto tono componedor: “El hombre no es solamente una liberad por la que él se crea a sí mismo. El es espíritu y libertad, pero también naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, la escucha y se acepta en su grandeza y sus límites”, sostuvo el titular del Episcopado, en contra de la fertilización asistida, el matrimonio igualitario, la maternidad subrogada o la gestación por sustitución, entre otras cosas.
Comunidades originarias
El tipo de persona jurídica fue también uno de los planteos de los pueblos originarios. Aunque entre ellos había posturas más y menos radicales, un amplio número de representantes indígenas reclamó la incorporación de las comunidades como personas jurídicas de derecho público. Otro punto planteado fue la falta de consentimiento sobre las modificaciones, en los términos que establece el Convenio 169 de la OIT, que indica que el consentimiento debe ser previo, libre e informado. “Este es un tema en discusión en América latina hoy porque el criterio del consentimiento libre, previo e informado, que apoya la relatoría de las Naciones Unidas, no plantea los procedimientos, que en los hechos se transforman en la posibilidad de bloqueo permanente a iniciativas del Estado”, replicó el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quien adelantó que también se buscará la sanción de una ley específica. Otro reclamo de los pueblos originarios está vinculado con la propiedad indígena, incluida en el Código en sintonía con el artículo 17 de la Constitución del ’94. “La propiedad comunitaria indígena, tal como se encuentra en el proyecto de ley, no respeta la identidad, cosmovisión ni la especial relación espiritual, tradicional y cultural que poseen con sus territorios”, señaló Leonardo Dell’Unti, por la Asociación de Promoción de la Cultura en Las Lomitas, Formosa.
Responsabilidad del Estado
Uno de los puntos más cuestionados por la oposición política fue la decisión del Poder Ejecutivo de modificar el anteproyecto en lo referido a la responsabilidad civil del Estado. Este tema fue abordado puntualmente en las dos primeras reuniones, primero por Lorenzetti y posteriormente por Alak. El presidente de la Corte reconoció que estaba incluido en el anteproyecto, pero relativizó la gravedad de haberlo omitido por el Gobierno. Señaló que se trata de un debate irresuelto entre abogados civilistas y administrativistas y remarcó la necesidad de sancionar una ley específica para evitar vacíos legales. La intención de sancionar una norma sobre el tema específico fue ratificada por Alak, con el argumento de que la responsabilidad civil del Estado debe regularse en el marco del derecho administrativo y, además, que cada Estado provincial debe dictar de manera autónoma su propia ley al respecto.
Agua, vivienda y salud
“Estamos convencidos de que si el caso del agua potable se legisla en el Código Civil se afecta el federalismo por tratarse de un tema de derecho administrativo, de naturaleza local y, por ende, materia no delegada, ajena al derecho civil, así como establece el artículo 121 de la Constitución nacional”, respondió el ministro Alak sobre la polémica del derecho al agua, también incluido en el anteproyecto de Lorenzetti. No fueron pocos los que disintieron con este criterio y reclamaron que se explicite: “Este paradigma del acceso a bienes materiales, que tenía alguna manifestación en el acceso al agua, ha recibido menos reconocimiento del que un Código Civil debería tener para regir en el siglo XXI. Y lo mismo ha ocurrido con la vivienda, otro bien material básico de dignidad, que la propia Corte Suprema hace unos pocos meses reconoció de una manera muy valorable”, sostuvo Gustavo Maurino, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. El Centro de Estudios Legales y Sociales, que integra el espacio Habitar Argentina, también hizo hincapié en estas cuestiones: Carolina Fairstein manifestó que una de las mayores preocupaciones es que no se está “contemplando adecuadamente” la situación de más de un millón y medio de hogares “que están en una situación de irregularidad dominial absoluta respecto de la tenencia de sus viviendas tanto en el ámbito urbano como rural”. El ex diputado Leonardo Gorbacz cuestionó la figura de “incapacidad civil” que se refleja en el Código para personas con un padecimiento mental y que implica la designación de un curador que tome decisiones por esa persona. “Lo que se ha visto, a través del tiempo, y por eso se ha desechado esa idea, es que esa sustitución no ayuda, de ninguna manera a la inclusión social y al desarrollo de la autonomía de la persona. Esa sustitución, precisamente, anula la voluntad y el punto de vista de la persona”, explicó Gorbacz, a favor de un sistema de apoyo.
Cuando concluyan las recorridas por Tucumán, Santa Fe y Neuquén, entre otras provincias, los legisladores comenzarán el momento de deliberación entre ellos, que incluirá respuestas por parte de la comisión revisora a los planteos realizados en las audiencias y una nueva visita de la comisión redactora para garantizar la armonía y la coherencia en el sistema jurídico de las modificaciones que se pretendan introducir por parte del Congreso. El Frente para la Victoria manifestó ya su voluntad de aprobar el nuevo código en noviembre de este año.