Recalde padre había denunciado que los directivos de Accor le habían ofrecido a través de su hijo 20 mil dólares mensuales por cajonear el proyecto de ley o 20 millones de dólares si motorizaba la sanción de una ley que extendiera el pago de tickets-canasta a todos los trabajadores. El proyecto sin cambios aprobado en el Congreso luego de la denuncia que él formuló en noviembre de 2007.
“La Cámara Nacional de Casación Penal ya ha resuelto en el presente expediente por lo que corresponde conceder los beneficios solicitados y suspender el proceso a prueba por el término de dos años y medio respecto de los encausados Santiago A. Lynch y Miguel R. Gutiérrez Guido Spano”, dijo el juez Jorge Tassara, del Tribunal Oral Federal 2, al fundamentar ese beneficio.
La postura de Tassara fue adherida por los otros dos miembros del tribunal, Ana María D’Alessio, quien expresó su “reserva personal” por lo que dispuso previamente Casación, y María Laura Garrigos de Rebori, quien dijo que se encontraba “constreñida” por el fallo de la Casación. Así, el tribunal se vio obligado a aceptar el pedido de Lynch y Gutiérrez Guido Spano, directivos de la firma Accor, de suspender el juicio y les impuso trabajos comunitarios a cambio de un juicio y una probable condena. Ambos deberán realizar tres horas semanales de trabajo comunitario a favor de la Obra de San José durante dos años y medio.
El fiscal Fernando Arrigo quiere que el juicio se lleve adelante y que los empresarios sean condenados penalmente y no a hacer trabajos comunitarios. Por eso volvió a apelar.
“Este fallo es un paso atrás”
“Este fallo es un paso atrás en materia de lucha contra la corrupción y un muy mal antecedente. Este caso involucró a un funcionario que salió a denunciar que le habían ofrecido coimas. Había prueba para condenar a empresarios y la Justicia en vez de hacerlo impone una condena exigua e insignificante. Es un muy mal mensaje para la sociedad entera”, dijo Luis Villanueva, coordinador del área Acción Ciudadana y Lucha contra la Corrupción de la Asociación Civil Igualdad por la Justicia (ACIJ). La entidad e presentó como querellante para acceder a la causa.
Por Lucio Fernandez Moores