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Casación investiga el bono Tango


Una investigación penal contra el gobierno porteño por presuntas irregularidades en la emisión de bonos a alta tasa de interés, destinados a financiar la ampliación de los subtes, pero utilizados para otros fines, llegó a la Cámara Nacional de Casación Penal. Mauricio Macri, quien en las últimas semanas recibió un racimo de buenas noticias por parte de la justicia, está al margen de la investigación.  El juez de instrucción Mauricio Zamudio lo sobreseyó sin tomarle indagatoria y como la medida no fue apelada adquirió fuerza de cuestión juzgada. El jefe de gobierno ya no podrá ser imputado por esas presuntas irregularidades, pero dos de sus colaboradores, el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y el director de Crédito Público porteño, Abel Fernández Semhan, quienes habrían diseñado la ingeniería de la operación, siguen bajo investigación.  En febrero, la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció la operación financiera mediante la cual el gobierno porteño emitió los bonos Tango 2015 por 475 millones de dólares, le adjudicó la colocación sin licitación a un consorcio vinculado con un hombre cercano a Macri, pagando una tasa de interés del 12,5% y una comisión más alta que la que habían desembolsado para transacciones similares al menos tres gobiernos provinciales.  El dinero debía ser utilizado en la ampliación y extensión de las líneas A, B y H del subte, pero terminó financiando la construcción de pasos bajo nivel en los ferrocarriles y obras en escuelas. El sobrante fue pesificado para comprar bonos del Estado y la colocación de un plazo fijo en el Banco Ciudad a una tasa de interés de la mitad de lo que la administración porteña se comprometió a pagar por los títulos. La ACIJ, encabezada por el constitucionalista Ezequiel Nino, presentó la denuncia y pidió ser tenida como “parte querellante”. Esa condición le hubiera permitido proponer medidas de prueba al fiscal Adrián Peres,  y apelar las decisiones del juezPero tanto el magistrado Zamudio, como los integrantes de la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen, Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Marcelo Lucini le rechazaron esa facultad. “Aun cuando la asociación tenga por objeto la defensa de los derechos del consumidor, esa circunstancia no lo inviste por misma de la calidad requerida, pues la persona jurídica no resultaría, al menos en este caso, directamente afectada por el hecho investigado… Es evidente que los eventuales perjuicios señalados no alcanzan a justificar el rol que pretende”, sostuvieron los camaristas. El tribunal le rechazó la pretensión de asumir un rol preponderante en la causa, pese a que la ACIJ “expresó que su solicitud era en nombre de todos los usuarios del servicio público de transporte subterráneo”. Eso es lo que ahora está a estudio de la Casación. El 24 de junio pasado la misma sala de la Cámara del Crimen reconoció que la cuestión debía ser revisada por el máximo tribunal penal de la Nación. De ello dependerá, en buena medida, que la causa –que parece aletargada– cobre nuevo impulso.

 


Por Néstor Espósito

 


Tiempo Argentino

 


 

 

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Programa: Fortalecimiento de la democracia
Tema: Corrupción y captura del Estado
Estrategia: Litigio estratégico