ACIJ / Prensa

Aguas Argentinas dejó de invertir 60 millones de pesos

Según un informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la empresa Aguas Argentinas incumplió en más de 60 millones de pesos el plan de inversiones acordado con el Gobierno durante el 2004.

La información consta en los expedientes del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) y se refiere al Acta Acuerdo, firmada el 15 de mayo de 2004, donde el Gobierno y Aguas Argentinas establecieron las obras e inversiones que la empresa debía desarrollar y cumplir antes de fin de ese año, como parte del Plan de Mejora y Expansión del Servicio de la Emergencia.

El mayor incumplimiento se registra en las inversiones que la empresa debía realizar con dinero proveniente de un fideicomiso creado con un porcentaje del aporte de los propios clientes, con el fin de aplicar lo recaudado a obras de expansión de agua potable y de desagües cloacales. Según lo previsto, Aguas Argentinas debía invertir 96.706.586 pesos y efectivamente, gastó 32.791.000 pesos, con lo cual no destinó los 63.915.586 pesos restantes, es decir, un 66 por ciento.

“La empresa dijo al ETOSS en un descargo que los 96 millones de pesos estaban previstos para los años 2004 y el 2005, a pesar de que el acta acuerdo deja claro que el monto se refiere exclusivamente al 2004, y por ello en el informe técnico final el ETOSS reafirmó la notable sub-ejecución de las inversiones. Pese a la magnitud del incumplimiento y la inconsistencia del descargo presentado, hasta hoy el Ente Regulador no adoptó ninguna medida sancionatoria sobre el tema”, informó Gustavo Maurino, co-director de ACIJ.

En base a los informes presentados por la empresa y las evaluaciones técnicas que constan en los expedientes del ETOSS, Aguas Argentinas dejó de invertir en la expansión de la red de agua y cloacas, en su mayor parte en el conurbano bonaerense, donde existen serias deficiencias en los servicios sanitarios.

Además, Aguas Argentinas dejó de invertir en otros rubros, que en total, suman otros casi 3 millones de pesos. Tampoco cumplió con la presentación de una garantía contractual debidamente legalizada ni entregó al Ente un plan de recomposición de su estructura de financiamiento, con el fin de asegurar la viabilidad de su situación financiera en el futuro.

“Este caso deja en evidencia tanto la tendencia a incumplir las obligaciones legales por parte de la empresa, como la falta de capacidad de acción en el Estado para asegurar el cumplimiento de las inversiones. La inexistencia total de sanciones o medidas coercitivas frente a los diversos y reiterados incumplimientos de la concesionaria son tristemente gráficos y ejemplificativos de un estado anómico en la cuestión” concluyó Maurino.