Si se tratara de un examen de multiple choice , no habría ningún acierto. Y si hubiera que ponerle una nota, seguramente el alumno se retiraría de la clase con un cero.
Así podría calificarse el resultado que obtuvo la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) en un exhaustivo informe que realizó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre el ente que tiene a su cargo todo la verificación de los transportes que circulan por tierra en la Argentina, sean colectivos, ómnibus, trenes o camiones.
“La falta de estabilidad en la conducción del organismo, la ausencia de experiencia e idoneidad del funcionario que lo administra y las sospechas de corrupción, cimientan la deplorable performance del ente”, es una de las conclusiones del informe.
Desde el mismísimo título se vislumbra cuál será la conclusión de la investigación: “Transportes sin control, usuarios indefensos”, se denomina el trabajo.
Las críticas al organismo de control se refieren a varios aspectos: la precaria calidad institucional, la falta de controles en el sector, la inexistencia de procedimientos, la nula gestión de los reclamos, la poca prestancia para la atención de los usuarios y la falta de presupuesto, entre otras cosas.
La primera parte del trabajo se refiere a la intervención del organismo, que se dispuso en 2001 y que ya cumplió seis años.
“Durante todo el tiempo transcurrido no se ha elaborado ni implementado ningún plan de reestructuración del organismo, tarea para la cual fue dispuesta la intervención. Tampoco inició ningún acto tendiente a regularizar la situación institucional del ente de control, es decir, que no se inició procedimiento de selección de postulantes para ocupar el directorio de la Comisión”, sostiene el documento.
La ACIJ consultó sobre el asunto tanto al secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Pero el funcionario se las arregló para cumplir con la formalidad de la responder pero sin brindar ninguna precisión. “[El decreto de intervención no establece] plazo alguno para designar directorio. Asimismo, se hace saber que no se ha iniciado procedimiento alguno a tales efectos”, respondió Jaime.
Sin respuesta oficial
Además indicó que “en lo que refiere a la existencia de un plan de regulación del organismo [ ], la situación se modificará en caso que los lineamientos que fije el Estado Nacional, así lo dispongan”.
LA NACION también consultó a Jaime; se remitió un resumen ejecutivo del informe que días después se presentó en los despachos del Gobierno, pero no hubo respuesta oficial.
El documento, que cuenta con la adhesión de Poder Ciudadano, las fundaciones Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Metropolitana. Además, también apoyaron el trabajo las siguientes asociaciones de usuarios: Unión de Usuarios y Consumidores, Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc) y Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos.
Respecto del interventor, Pedro Ochoa Romero, el documento informa que “existen numerosas denuncias dirigidas a este funcionario, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción posee dos actuaciones penales en curso en las que se investiga la presunta percepción de coimas, extorsión y amenazas, en un caso; y las irregularidades en contrataciones de obras en los servicios ferroviarios de pasajes y de subterráneos, en otro”.
Si la mirada se centra en la función específica del ente, la conclusión a la que llegan los especialistas que realizaron el trabajo es que “es ineficiente la utilización de los recursos y que se detecta una ausencia de planificación de los servicios a controlar”.
Incumplimientos varios
También se incumple en efectuar la totalidad de los controles planeados y destacan que el organismo encargado de regular el transporte carece bases de datos adecuadas y confiables.
En materia de control, se detectaron debilidades en la instrucción de sumarios, así como en los procedimientos administrativos de imposición y su exigibilidad judicial.
Los usuarios no las tienen todas consigo. Entre la enumeración de fallas que se detectaron surgió que “no recibe los reclamos que los usuarios realizan a los call centers de las empresas que prestan servicios de transporte automotor, y estos reclamos no son tenidos en cuenta para la tarea de fiscalización”.
Otras de las irregularidades en que no hay listados de los coches y números de identificación de cada vehículo.
“La falta de identificación de los coches no permite conocer el universo a controlar, y limita el seguimiento del estado de cada coche inspeccionado respecto de lo registrado en inspecciones anteriores”, concluyó el trabajo.
Hace dos semanas, el extenso trabajo fue entregado en el Ministerio de Planificación Federal y a la mesa de entradas del ente regulador. Además de adjuntar el documento, las entidades que lo firmaron pidieron una urgente reestructuración del polémico organismo. Hasta ahora nada ha pasado. Y nada indica que se esté preparando una reforma del ente.
Por Diego Cabot
De la Redacción de LA NACION
La Nación