Los próximos 23 de febrero, 11 y 25 de marzo, desde la Iniciativa de Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal, de la que ACIJ forma parte junto con CESR, CELS, INESC, Dejusticia, Fundar, la RDJFAyC y Latindadd, realizaremos una serie de 3 laboratorios de litigio e incidencia.
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La pandemia profundizó las desigualdades y generó mayores impactos en las personas de más bajos ingresos, por eso la prioridad debe ser fortalecer los sistemas públicos de protección y promoción de los derechos humanos.
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Actualmente, según números del ministerio, el 3,5% del personal porteño de todos los hospitales está contagiado.
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Hacinamiento en las casas o las dificultades para acceder a agua, luz o gas son algunos de los problemas cotidianos que se vieron agravados por la pandemia.
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Sin Internet ni computadoras, miles de niños, jóvenes y adultos de los barrios porteños vulnerables no pueden ni siquiera mantener un mínimo vínculo con sus docentes.
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“La extensión de contratos a tres años con un mínimo de dos y una regulación con garantías, registrar contratos a AFIP y los precios con actualización anual en base al promedio entre inflación y salarios», dice Rosario Fassina, socióloga y coordinadora ACIJ.
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Además, en el primer trimestre la Ciudad ejecutó apenas un 10% de ese monto ya ajustado. Miles de millones que deberían usarse para urbanizar se van en inciertos servicios de consultoría.
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Diversas organizaciones y colectivos sociales, barriales y de la sociedad civil, equipos académicos y organismos públicos de defensa identificamos la necesidad de pensar un abordaje de la crisis sanitaria que responda a las características y problemáticas específicas que tienen estos barrios.
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La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia demandó al Gobierno porteño para que asegure la disponibilidad digital y entregue dispositivos a estudiantes que viven en villas para que puedan mantenerse escolarizados.
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“Las personas sin hogar son un grupo especialmente vulnerable en el marco de la pandemia. Del número total que manejamos unos 5400 no tenían accesos a paradores del Gobierno»
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