ACIJ demanda al Ejecutivo nacional por la reasignación inconstitucional de fondos destinados a niñas y niños en situación de vulnerabilidad

La medida vulnera los derechos a una adecuada nutrición, a la salud, al cuidado y a la estimulación temprana en la primera infancia.

Demandamos al Estado Nacional por la inconstitucional reasignación de partidas asignadas a la primera infancia en situación de vulnerabilidad. Durante 2018, el Poder Ejecutivo redujo discrecional y arbitrariamente recursos asignados por el Congreso a Espacios de Primera Infancia, espacios de cuidado y abordaje integral de niñas y niños de 45 días a 4 años de edad, pese a que la Ley de Protección integral 26.061 establece de manera terminante la intangibilidad de los recursos afectados a políticas destinadas a garantizar los derechos de la infancia y la absoluta prioridad de este grupo en la asignación de recursos públicos.

Un adecuado tratamiento en esa etapa de la vida es crucial para el desarrollo posterior, por lo cual es fundamental que el Estado asegure los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Casi la mitad de las niñas y niños en nuestro país vive en situación de pobreza y según los últimos datos oficiales disponibles, apenas el 32% de las niñas y niños menores de 4 años, acceden a algún tipo de oferta institucional de crianza, enseñanza y cuidado.  Además, muchos de los espacios de cuidado existentes no cuentan con la infraestructura, recursos y capacidades necesarias, a pesar de que el Plan Nacional de Primera Infancia es uno de los objetivos de gobierno y presenta como uno de sus componentes centrales, los Espacios de Primera Infancia en todo el país.

Sin embargo, el Ejecutivo desconoció los más elementales límites de la división de poderes, la protección integral de la infancia y la intangibilidad de los recursos asignados que establece la legislación, y redujo el presupuesto para Espacios de Primera Infancia, destinando esos fondos a fuerzas de seguridad y turismo, entre otros.  La medida también desconoce estándares internacionales de derechos humanos que establecen la protección y no reversión de la inversión social destinada a la infancia.

La reducción de los recursos disponibles resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta la elevada subejecución presupuestaria que presenta el programa desde 2016, y que  a septiembre del corriente año la ejecución de los recursos disponibles apenas llegaba a un 34%. Pedimos a la Justicia que revierta la grave vulneración de derechos de la primera infancia que ocasiona un recorte presupuestario como el denunciado.