25.01.09 // Novedades, NOVEDADES

Vivienda: la clave para entender la política social de Macri (Noticias Urbanas)

“Hoteles no, ya sabés lo que es eso. ¿A cuántas familias con chicos aceptan en los hoteles? Es mejor el subsidio entero (NdR: 25 mil pesos) y no puchitos. Y todo junto sin excluir la opción a la casa”. Esto piensa Mabel, referente del comedor La Misión, que atiende a cientos de familias en el Parque Roca. “Al hotel no podés llevar nada. Llegás con una mano atrás y otra adelante. ¿Quién le alquila a alguien con más de tres hijos?”, se pregunta.

Estos días circuló el rumor de que los vienen a desalojar, y los vecinos del lugar se encuentran enredados en especulaciones. “Tratamos de que la gente no desespere. Hay quien vende la casa por desesperación, porque no sabe qué pasa”, dice la referente. La decisión es aumentar las reuniones de vecinos para llevar tranquilidad, para socializar la información que tienen los abogados. Pero en enero y con feria judicial, la dirigencia suele aprovecharse políticamente. La suerte de esta vecindad, en parte, está atada a la dinámica del juez Roberto Andrés Gallardo (su juzgado dictaminó a favor del amparo presentado por vecinos del barrio para que el Gobierno porteño les entregue las viviendas definitivas), lo que ha dotado a la zona de una conciencia acerca de sus derechos.

La historia se remonta a la pelea que los vecinos comenzaron a dar cuando su barrio original, conocido como Villa Cartón, se ubicaba bajo la autopista 7, sobre la calle Lacarra, frente al complejo habitacional Soldati. Un incendio, ocurrido el 8 de febrero de 2007, arrasó con las viviendas del asentamiento. Las sospechas recayeron sobre los “punteros de la zona”, sin que las investigaciones revelaran más que los prejuicios de quienes las impulsaron. Lo cierto es que los damnificados fueron trasladados al Parque Roca, a un campamento de refugiados, donde después se construyeron las primeras tiras de viviendas provisorias. Lo provisorio se hizo permanente, y así están hasta hoy.

¿QUÉ PASA EN EL BARRIO?

Durante el último tiempo se vienen registrando operaciones informales de venta y alquiler de viviendas provisorias. La Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la entidad auditora designada por el Juzgado N°2, se manifestó preocupada por el deterioro del lugar. Y advierte sobre las migraciones de familias que ingresan al Centro tras la compra de viviendas precarias. A las familias de Villa Cartón, que originalmente ocuparon las viviendas, deben sumarse las llegadas de La Boca, Barracas, La Paternal y Chacarita. El Gobierno tiene en su poder tres censos diferentes, efectuados por el IVC, el BAP (Buenos Aires Presente) y el RUB (Registro Único de Beneficiarios). La ACIJ no es optimista: estima que en el asentamiento viven unas 500 personas que todavía no fueron censadas.

¿De la mano de la justicia llegará la gestión?
Hay un expediente del que depende la suerte del barrio. Es “Medina Benítez Rosalva y otros contra GCBA y otros sobre Amparo (Art. 14 CCABA)”. Iniciaron la causa algunos de los afectados por el incendio. No obstante, los efectos de la sentencia que se aplica en el expediente actúan sobre el conjunto de las familias habitantes del barrio incendiado, que fueron censadas e incluidas en la Ley 1.987. Y el reclamo al que apunta el amparo se basa en obligar al Gobierno de la Ciudad a que “otorgue viviendas sociales definitivas a la totalidad de las familias habitantes del ex Asentamiento AU 7”, tal como reza un volante aclaratorio elaborado por los mismos vecinos.

El amparo recayó sobre el Juzgado Número 2 Contencioso Administrativo, que ha dado lugar al pedido: se ordenó al Gobierno a “cumplir con la Ley 1.987 (modificada por la 2.271), que ordena otorgar viviendas sociales definitivas a los núcleos familiares involucrados” en dicha norma. Esto apunta a que no sólo debe “revertirse en forma urgente y categórica” una situación que habla de ilegalidades y violaciones de Derechos Humanos, “sino que además debe cesar la impunidad política de quienes la toleran”.

La sentencia también hizo pie sobre las condiciones de vida de los vecinos en Parque Roca (basta recordar que hace unos meses un bebé de cuatro meses murió por falta de atención médica), e insta al Ejecutivo a tomar medidas para que las mismas sean dignas durante el “mientras tanto” que se volvió definitivo. Según se lee en uno de los párrafos, el protocolo dice que “ha quedado (…) demostrado que el Gobierno, luego del siniestro que pusiera fin al asentamiento conocido como Villa El Cartón o Villa Cartón, generó un Centro de Evacuación ad hoc…”. “Hacinados, olvidados, perdidos en un predio, los alojados en el Centro de Evacuación siguen esperando. Son personas y merecen respeto en sus derechos, dignidad en su trato y atención en sus reclamos. (…)”. La medida cautelar dictada en mayo de 2008 dispone clausurar el Centro de Evacuados, al menos prohibir el ingreso de “nuevos refugiados”. No que los que vivían allí deban irse; sí que se prohíba el ingreso de nuevas familias, de manera que se permita hacer un censo de las personas que lo habitan. Y la medida ordena también que se ponga a disposición el subsidio previsto en el Decreto Nº 274/07 para esas familias, cuyo cobro no significa la renuncia a la vivienda definitiva. Las condiciones a las que hacía referencia el juez, eran el suministro de agua potable, la atención a la salud (recién tras la muerte del bebé Javier Nicolás Occhiuto, en agosto de 2008, se abrió la atención estable en un centro de salud), alimentos, educación, infraestructura y limpieza.

La novedad proviene de la sentencia de la Cámara, del 23 de diciembre de 2008, conocida por el boletín en enero: no sólo suscribe los contenidos de la sentencia, sino que impone la celebración de una audiencia para discutir la sentencia, lo cual implica que cualquier medida que se tome de manera efectiva en el asentamiento, deberá esperar, como mínimo, dicha celebración.

QUÉ DIJO LA CÁMARA

La Sala I de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 23 de diciembre de 2008, resolvió sobre la apelación del GCBA, modificar la sentencia de Gallardo, estableciendo:

-Que el GCBA dé cumplimiento a la Ley 1.987 y otorgue viviendas sociales definitivas a los núcleos familiares (este punto es igual a la sentencia de Gallardo).

-Ofrecer hoteles u otros ámbitos que reúnan condiciones de habitabilidad, dignidad y seguridad adecuadas, o poner a disposición un subsidio suficiente para satisfacer las necesidades básicas de vivienda. En ambos casos (albergue o subsidio), hasta tanto se otorgue la vivienda definitiva. La reubicación o el subsidio están condicionados a la efectiva desocupación de las casas que ocupan en el Parque Roca y no implica la renuncia a la vivienda definitiva (este punto es similar a la sentencia de Gallardo pero resuelve cuestiones operativas y ratifica que el subsidio o el albergue son hasta que posean la casa definitiva).

-Una vez reubicados los habitantes, el GCBA deberá proceder al cierre definitivo del centro de evacuados, ya que no cumple con las condiciones mínimas de higiene, seguridad y habitabilidad (en esto, la Cámara avanza. Gallardo clausuró Roca para que no entre más nadie, pero la Cámara ordena que lo cierren).

-Ordenó que Gallardo cite con urgencia a una audiencia entre las partes para proponer fórmulas conciliatorias, ordenado que deberán hacerse en el marco del expediente que tramita el juez.

La Cámara no modificó casi nada de la sentencia; lo que hizo fue profundizar sus disposiciones. Fueron aún más “gallardistas”. Y más ordenados, porque establecieron las formas de materializar la sentencia. El fallo confirma que la gente se puede y se tiene que ir de Parque Roca a otro lugar con plata del GCBA hasta tanto se construyan sus casas definitivas.

En recientes declaraciones, la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, aseguró que sólo llegaron de Chacarita un grupo de evacuados y que su permanencia es “momentánea”. Clarín publicó el 13 de enero declaraciones de Vidal donde afirma que el subsidio ofrecido es de 450 pesos por 10 meses a las familias que decidan irse, a condición de renunciar a la vivienda prometida. En declaraciones a Noticias Urbanas, voceros de su ministerio expresaron, sin embargo, que la voluntad de la ministra Vidal es atenerse a lo que la Justicia dicte. Ricardo Dios, militante kirchnerista (GEN) que asesora judicialmente a los vecinos, aporta otra cuestión: “Hay muchas familias en Roca que no provienen del Cartón. Para cerrar el predio van a tener que dar una solución también a esas familias. Esto no lo está diciendo nadie”. Se trata, como se dijo al principio, de las familias provenientes de los otros asentamientos que el mismo GCBA trasladó allí. Y de las familias que compraron informalmente una casilla.
Por Martín Rodríguez

Noticias Urbanas

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