Riesgo eléctrico en Villa 21-24

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Contexto

Contexto de los reclamos

A raíz de los múltiples reclamos recibidos por los vecinos/as del Barrio vinculados con la falta de seguridad y calidad eléctrica, el 23 de abril de 2009, ACIJ solicitó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que efectuara una inspección en la villa y determinara si existía riesgo eléctrico en el Barrio 21/24. De esta forma, en agosto de ese año, se realizó una visita al barrio, a partir de la cual el organismo concluyó que existía un grave peligro para la vida y la salud de sus habitantes.

A fines del año 2009 y principios de 2010, ACIJ remitió dicho informe Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ante la denuncia de ACIJ, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar, citaron a funcionarios públicos para iniciar una instancia de diálogo. Las sucesivas reuniones revelaron que los organismos estatales, si bien conocían la situación y su gravedad, no poseían un plan estructural para paliar esa situación.

Acción Judicial

Acción de amparo y medida cautelar

Los vecinos de la Villa 21-24, la Defensoría General de la Ciudad y ACIJ iniciaron un amparo colectivo en el año 2010 para que se ordenase al Gobierno de la Ciudad a elaborar e implementar un plan integral de prestación del servicio de energía eléctrica. La acción tuvo como objetivo lograr una prestación segura y suficiente, que eliminara el riesgo eléctrico existente y su falla estructural.

Pericia e insuficiencia de las mejoras

A pesar del dictado de la medida cautelar que impuso al GCBA efectuar obras para disminuir el riesgo eléctrico, las condiciones del barrio no han mejorado, como se pudo comprobar en la pericia judicial realizada el 23 de agosto de 2012. En la visita al barrio se vislumbraron claramente las insuficiencias de las obras realizadas, además de la deficiencia del servicio -con conexiones que representan un gran riesgo para la vida de los habitantes -.

Orden judicial para eliminar el riesgo eléctrico

En este marco, el 26 de septiembre de 2012 la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ordenó al GCBA a adoptar todas las acciones urgentes que sean necesarias para eliminar el riesgo eléctrico en todos los aspectos que comprometen de manera directa la vida, la salud y/o la integridad personal de los habitantes de las Villa 21/24.

La Sala I dispuso también que el gobierno porteño deberá elaborar un plan de obras referidos a las acciones no urgentes que sean necesarias para disminuir el riesgo eléctrico. Por otro lado, también se deberá diseñar una campaña de difusión dirigida a la población a fin de informarla sobre los riesgos existentes y las precauciones a adoptar para su reducción. Para ello, ordenó la conformación de una mesa de diálogo entre las partes bajo la coordinación del Juzgado de Primera Instancia, actualmente a cargo de la Dra. Liberatori.

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