05.05.10 // Novedades, NOVEDADES

Villa 31: quieren demoler 160 casas junto a la autopista Illia (Clarín)

El Gobierno de la Ciudad quiere derrumbar y relocalizar 160 viviendas de la Villa 31 de Retiro, que están pegadas a la autopista Illia, porque dice que son peligrosas en su actual ubicación. La noticia sorprendió a vecinos y organizaciones que trabajan en la villa, a los que consultó Clarín, y está destinada a generar polémica.

Ya el 2008 se había anunciado la intención de demoler una cantidad de casas, porque se afirmaba corrían riesgo de derrumbe. Sin embargo, hubo resistencia de la gente, el Ejecutivo nunca consiguió que Bomberos o Policía firmaran los informes sobre la precariedad de las viviendas y finalmente nuevas pericias relativizaron los riesgos.

El Gobierno porteño busca que la villa no siga creciendo en población y viviendas, por las dificultades que ello genera para la seguridad y para la precaria infraestructura sanitaria, pero los propios funcionarios reconocen que se sigue construyendo.

Uno de los delegados de la villa, Carlos Adrián, dijo a este diario que en el lugar no hubo ninguna información sobre la idea de relocalizar 160 viviendas.

"Anunciar que se van a demoler 160 viviendas sin tenerlo consensuado me parece temerario. Y lo que puedo decir desde ya es que no existen espacios libres en la villa para relocalizar las viviendas", dijo por su lado a este diario el arquitecto Javier Fernández Castro, interventor en la villa designado por el Poder Judicial y autor del proyecto de urbanización integral que está discutiéndose en la Legislatura de la Ciudad.

El anuncio lo hizo el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, durante una reunión que él y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, mantuvieron con periodistas ayer al mediodía.

"Ya está hablado con muchos de los vecinos. Se van a dejar 12 metros libres entre la villa y la autopista, para construir una calle colectora", dijo Santilli, quien precisó que se destinarán $ 3.600.000 del presupuesto estatal a este iniciativa.

No se informó en qué lugar se relocalizarán las viviendas. "No podemos decirlo porque en 24 horas nos ocuparían el terreno", justificó Rodríguez Larreta.

El plan anunciado ayer forma parte de una iniciativa más ambiciosa, para construir cloacas, infraestructura de agua, reparar los frentes de las casas y poner adoquines en la calle 9, que es la principal de la villa 31, ya que la recorre en toda su longitud. La inversión total anunciada es de casi $ 18,5 millones y se prometió que las obras no serán realizadas por empresas privadas, sino por las cooperativas de trabajo de la villa, y que estarán terminadas para comienzos del año que viene.

El Gobierno de Mauricio Macri ha mantenido una política algo errática con respecto a esta villa, la más emblemática de la Ciudad. Primero se habló de "erradicarla", pero últimamente se dieron algunos pasos en dirección a la urbanización, que fue dispuesta por la Legislatura a través de la ley 3343.

Santilli dijo ayer que el Gobierno "está trabajando para asegurar la presencia del Estado y para mejorar la calidad de vida de los vecinos". De todas maneras, reconoció que las viviendas siguen creciendo en altura, sin condiciones de seguridad, por falta de estudios de suelo. "Es muy difícil de controlar el ingreso de materiales. Pero la construcción se redujo. Si antes entraban cuatro camiones por día, ahora lo hace uno solo", comentó el funcionario.

Gustavo Maurino, director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las organizaciones que está trabajando en la Villa 31, dijo: "Todas las medidas que pretenda realizar el Gobierno deben primero debatirse en la Justicia y en la comisión de la Legislatura que estudia la urbanización".

En la Legislatura funciona desde este año una mesa de coordinación para la urbanización de la Villa 31, integrada por legisladores, funcionarios y vecinos del lugar. Allí se está discutiendo el plan de urbanización diseñado por un equipo de la Facultad de Arquitectura de la UBA -encabezado por Fernández Castro- que prevé una inversión de $ 1.000 millones para abrir calles y asegurar los servicios básicos para todos los habitantes.

Por Daniel Gutman

Clarín

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