11.06.18 // Novedades, Derechos Económicos Sociales y Culturales (novedades), NOVEDADES

Una oportunidad histórica por los derechos de las mujeres

El congreso debate el aborto legal, seguro y gratuito.

Este miércoles las Diputadas y los Diputados de la Nación tienen la oportunidad de sancionar una ley que contribuya a garantizar la igualdad en el acceso a derechos por parte de las mujeres y otras personas con capacidad gestante, y saldar así una deuda histórica con un colectivo cuyos derechos son sistemáticamente vulnerados.

Una decisión de semejante importancia debe tomarse dejando de lado las creencias e intereses personales, habiendo escuchado a las distintas posiciones en juego, y brindando razones públicas basadas en la información disponible.

Tras el rotundo fracaso de las políticas de criminalización, el Congreso tiene ahora el deber constitucional de legislar y promover medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, en especial sobre personas que pertenecen a colectivos estructuralmente discriminados, como el caso de las mujeres (C.N. , art. 75 inc. 23).

Una decisión que afecta derechos fundamentales de las mujeres debe tener en cuenta lo previsto en los numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos[1] reconocidos por Argentina con jerarquía constitucional. Diversos pronunciamientos de los organismos supranacionales encargados de aplicarlos han sostenido que el derecho internacional, lejos de implicar un obstáculo para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, promueven la protección de las mujeres y sus derechos.

En este sentido, la falta de acceso al aborto legal, seguro y gratuito en casos de embarazos no deseados viola los derechos a la vida, la salud, la integridad física, psíquica y moral, la autonomía personal, el derecho a elegir el propio plan de vida y a la intimidad. Esta situación se ve agravada en los casos de mujeres que, por sus condiciones socio-económicas, no pueden costear un aborto seguro y ponen en riesgo su salud y su vida, al mismo tiempo que tienen mayores posibilidades de ser perseguidas penalmente.

Según cifras de la CEPAL, se estima que en Argentina se realizan un promedio de entre 486.000 y 522.000 abortos clandestinos al año, y cada año el sistema de salud registra más de 50.000 internaciones en hospitales públicos en todo el país a causa de abortos no seguros. A su vez, las estadísticas del quinquenio 2007-2011 muestran que el 23% de las muertes maternas derivaron de abortos inseguros. La instrumentalización forzosa del cuerpo femenino no puede seguir siendo normativamente aceptada en nuestro país.

El debate que hoy los legisladores y las legisladoras deben dar es sobre las condiciones bajo las cuales las mujeres abortarán de aquí en más. Es decir, sobre si continuarán practicándolo en contextos de clandestinidad, insalubridad, riesgo y amenaza penal, o si podrán hacerlo, a partir de ahora, en condiciones de protección, dignidad y de reconocimiento de sus derechos. A su vez cabe reafirmar que, en el marco de una política pública consistente en materia sexual y reproductiva, la legalización del aborto debe ser necesariamente acompañada de un efectivo cumplimiento de las obligaciones estatales sobre acceso a educación sexual integral y a métodos anticonceptivos.

Desde ACIJ valoramos profundamente que, luego de tantos años, la Cámara de Diputadas/os de la Nación haya aceptado dar este debate, y se haya abierto a escuchar las distintas voces de la ciudadanía. El Congreso tiene ahora la oportunidad histórica de tomar una decisión que garantice los derechos de las mujeres.

Votar a favor del aborto seguro, legal y gratuito será un paso adelante hacia una sociedad más justa.

[1] Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.