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Una misión de la OEA llegó para evaluar la lucha anticorrupción

El organismo internacional vino a analizar el cumplimiento de la Convención Interamericana en esa materia. Se reunió con jueces, funcionarios y legisladores.

Por: Leonardo Nicosia

Una misión internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) visitó esta semana la Argentina para evaluar la lucha contra la corrupción. Fue la primera vez que el país recibe esta clase de visita diplomática, que tiene como objetivo analizar el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

La comitiva mantuvo sigilosas reuniones con funcionarios, titulares de organismos de control, jueces que manejan causas sensibles y la flamante jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó. Pudieron escuchar a sólo tres legisladores del Congreso –porque el kirchnerismo nunca les transmitió a las cámaras la invitación de la OEA– y también se sumaron ONGs que informaron sobre los retrocesos del Gobierno.

La misión se realizó en el marco de la Cuarta Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de esa convención, donde los estados americanos se controlan mutuamente. El lunes arribó una comisión integrada por expertos de la OEA, una representante de Guatemala y otra de Surinam. El anfitrión fue la Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Ministerio de Justicia y cuyo titular es Julio Vitobello. El martes se realizó la primera reunión, destinada a escuchar a distintas organizaciones no gubernamentales. Las posturas más críticas fueron de Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Ambas informaron una marcha atrás en la batalla contra la corrupción.

“El mejor ejemplo es el acceso a la información, un punto clave para la participación civil que exige la OEA”, apuntó a PERFIL Ezequiel Nino, co-director de ACIJ. “Planteamos que el Gobierno no sólo no aprobó una ley para acceder a datos públicos, sino que ahora están cumpliendo cada vez menos con el decreto 1172 del año 2003 y hace años que vienen desmantelando la Subsecretaría de Reforma Institucional”, explicó.

Luego, los evaluadores se reunieron con la Sigen y el presidente de la AGN, Leandro Despouy. También tuvieron una cita con representantes del Poder Judicial, donde estuvo presente el juez federal Ariel Lijo, quien tiene en sus manos la Causa Ciccone contra el vicepresidente Amado Boudou.

El jueves a la mañana fue el turno de Gils Carbó y el encargado provisorio de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Guillermo Noailles. Los enviados pidieron las últimas estadísticas del trabajo de la FIA.

Por la tarde, se realizó la última reunión, con la OA. Allí, pudieron participar solamente un puñado de diputados nacionales. Manuel Garrido (UCR) rescató la tarea de los cuadros técnicos de la OA, pero recordó que “tiene un problema de diseño, la falta de independencia”. Por su parte, Laura Alonso (PRO) señaló que “las declaraciones juradas de los legisladores son de difícil acceso y nadie las controla”.

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