28.04.17 // Discapacidad y DDHH (novedades)

Una jueza civil ordenó a una escuela privada de la CABA la matriculación en secundaria de una adolescente con discapacidad

Fue en el marco de un amparo iniciado por su madre con el patrocinio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia para garantizar que se respetara su derecho a la educación inclusiva.

M., una niña de 15 años con trastorno generalizado del desarrollo, realizó sus estudios correspondientes al nivel primario en el Instituto Argentino Árabe Islámico, una escuela privada de la CABA. La niña tuvo buenas notas en todos sus boletines, alcanzó todos los objetivos pedagógicos que se le plantearon y estableció vínculos sólidos con sus compañeros. Sin embargo, a fines de 2016 la escuela rechazó -sin previa explicación- el pago de la matrícula para su inscripción en secundaria. Luego de varios meses de exigir explicaciones e intentar llegar a una solución, sin respuesta favorable por parte de la institución, su madre presentó una acción de amparo solicitando que cesaran las actitudes discriminatorias hacia su hija.

La jueza nacional de primera instancia en lo civil (juzgado n° 21), Paula Andrea Castro, dictó una medida cautelar ordenando a la escuela su inmediata matriculación para que inicie el nuevo ciclo con sus compañero/as. Advirtió que “el mejor modo de salvaguardar efectivamente los derechos de la niña para el desarrollo de su personalidad en formación es continuar su instrucción a nivel de estudios secundarios ante el establecimiento donde cursó los años anteriores”.

La discapacidad de la adolescente no significa un obstáculo, sino en la medida en que se enfrenta con las barreras infranqueables que impone el establecimiento. Con los debidos apoyos y ajustes que la escuela y la propia familia proveen, M. siempre logró alcanzar las metas que se le imponían y fue avanzando en su trayectoria educativa. Entre otras cosas, superó con éxito los objetivos de su proyecto pedagógico individual, que guía su enseñanza y que cuenta con el aval de la propia escuela y de la Dirección General de Escuelas Privadas del Ministerio de Educación. Sus compañeros/as representan para ella una gran motivación. Sin embargo, la escuela marcó una diferencia al rechazar su inscripción en secundaria.

M. es un caso entre muchos. Así, mientras para la mayoría de los niños/as pagar la matrícula implica asegurarse una vacante para ingresar o continuar en una escuela, no ocurre lo mismo con los/as alumnos/as con discapacidad, que se enfrentan a múltiples obstáculos para ingresar, avanzar o permanecer en las escuelas comunes, públicas y privadas.

La exclusión y discriminación en el contexto educativo no sólo violan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –tratado con jerarquía constitucional mediante el cual el Estado se comprometió a implementar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles- sino también el derecho de todas las personas sin discapacidad a educarse en entornos que conciban la diversidad como un valor.