23.09.06 // Novedades, NOVEDADES

Una investigación impostergable (La Gaceta Tucumán)

El organismo del Poder Legislativo es la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, cuyo origen se remonta a 1878. Modificaciones posteriores le otorgaron mayores atribuciones, y hoy tiene a su cargo el análisis de las cuentas de inversión del Estado a que se refiere la Constitución, además del control de la Auditoría General de la Nación. Está constituida por seis legisladores de cada Cámara.
De acuerdo con la denuncia de la ACIJ, en no menos de 17 de las 69 actas de dicha comisión correspondientes a los años 2004 y 2005 se insertaron datos presumiblemente apócrifos. La referencia detalla que, coincidentemente, estuvieron ausentes en esos casos diputados y senadores que figuran como presentes.
El fiscal Delgado sostiene en su solicitud al juez Norberto Oyarbide, entre otras consideraciones, que “de comprobarse que las actas de la comisión tienen datos falsos, las reuniones habrían sesionado sin quórum o, lo que es peor aún, nunca se habrían llevado a cabo”.
De más parece señalar, como lo hace puntualmente el fiscal, que ese organismo parlamentario constituye un guardián de la transparencia en el manejo de la administración republicana, pues además de controlar las cuentas presupuestarias de inversión, aprobándolas o rechazándolas, según los casos, debe hacerlo con la gestión de la Auditoria General de la Nación.
Es por ello que la denuncia demanda la solicitud de los libros originales de las actas cuestionadas; copias certificadas de los decretos sobre gastos y reembolsos para viajes oficiales, y el listado de los legisladores presentes en dichas sesiones de 2004 y 2005.
Entre las exigentes solicitudes de la fiscalía figuran también declaraciones testimoniales del personal de la comisión e informes de las autoridades de los aeropuertos de Ezeiza y metropolitano sobre entradas y salidas de miembros del organismo bicameral.
La comisión bicameral, que debe reunirse cada 15 días, tiene, como se observa, una agenda permanente que no se condice con su irregular periodicidad, pues no siempre cumple con su calendario por causa tan común en el Congreso como la dificultad para que sus organismos cuenten siempre con el quórum requerido.
Ello forma parte de viejos hábitos arraigados que terminaron por configurar un estilo de gestión pública del que pocos se hacen cargo y por el que deberían exigirse responsabilidades, amén de aplicarse las sanciones reglamentarias correspondientes.
En este caso, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el fiscal federal Federico Delgado han actuado con eficiencia al promover una investigación con graves presunciones testimoniales, que apunta nada menos que al Poder Legislativo de la Nación y a su actividad de control, y que debe tener eco inmediato en el juez Norberto Oyarbide. Especialmente, después de la experiencia sobre irregularidades, desidias y obediencias mayoritarias al Poder Ejecutivo, que no son nuevas pero están agravando las complicidades políticas que afectan la confianza institucional.

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