15.11.08 // Novedades, NOVEDADES

Una ciudad colapsada (La Nación)

Dentro de 30 años, más del 50% de la población argentina vivirá en el conglomerado urbano que forman Rosario, la Capital y La Plata. La mancha urbana ocupará el 0,7% del territorio en el que se generará el 50% del producto bruto interno del país.

Con esta hipótesis trabajó la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires para la que traza distintos escenarios. ¿En qué situación se encontrará esta gran región ante los residuos, el ambiente, la vivienda, el transporte, la infraestructura y los servicios? ¿Es posible un crecimiento sustentable sin un planeamiento ordenado y coordinado?

Para poder contestar estos interrogantes, es necesario establecer primero cuál es la tendencia que sigue la situación actual para luego hablar de políticas por instrumentar, y más tarde hallar un escenario deseable.

“Hay un patrón de urbanización que está cambiando. El mercado define que en lugar de construirse sobre lo construido, se construye sobre espacios vacíos. Esos espacios están hoy en la ruta 9 rumbo a Rosario”, explica Alfredo Garay, profesor de la UBA de la cátedra de Urbanismo y vicepresidente de la Fundación Metropolitana.

Esa tendencia de urbanización sigue un modelo parecido al desarrollo que tuvo Pilar, en la zona norte. “Así el centro queda como un mercado del usado. Si continúa de esta forma la zona sur y la zona oeste tendrán un menor desarrollo. Hay que contener la expansión de la ciudad”, analiza Garay.

En este modelo, aplicado fuertemente en la ciudad de Buenos Aires, predomina el uso del automóvil individual; el tren como medio de transporte entra en crisis por falta de inversión y la dispersión favorece la contaminación ambiental, el saneamiento deficiente, la falta de una política industrial sustentable y la inequidad habitacional y social.

Transporte
El transporte y la falta de una política metropolitana coordinada es una de las mayores problemáticas que tiene hoy esta región argentina.

La numerosa cantidad de jurisdicciones y la fragmentación de las autoridades sólo favorecen la congestión del tránsito y la inequidad a la hora de elegir un medio de transporte público de pasajeros.

Para tener una idea del caso: cada día circulan por la ciudad de Buenos Aires alrededor de 2 millones de vehículos y en el macrocentro ingresan más de 800.000, 50% más que hace cinco años. Esto sumado a las obras viales, los frecuentes piquetes y los accidentes convierten a las calles y autopistas en un hormiguero de autos que no avanzan.

Sólo en Retiro confluyen tres puntos fundamentales del tránsito en la ciudad: los camiones que vienen del puerto, las autopistas que vienen desde el Norte y el Sur, y uno de los principales centros de transbordo ferroviarios de la Capital. Actualmente, los trenes trasladan alrededor de 1.200.000 personas por día hábil; los subtes, 1.600.000, y los colectivos, 3.800.000 pasajeros.

“Yo sueño con un boleto único con el cual se pueda viajar por las distintas líneas de colectivos. Hoy quien vive en Florencio Varela tiene que cambiar seis veces de ómnibus para llegar a la ciudad”, dice Garay.

Para poner en funcionamiento un boleto único, que ya ha demostrado su eficiencia en muchas ciudades del mundo, es necesario crear una autoridad metropolitana de transporte. Aunque formalmente existe en el área de Gabinete de la Nación, sólo es un proyecto que muestra poco avance.

José Luis Giusti, presidente del Consejo de Planeamiento Estratégico de la ciudad de Buenos Aires, coincide con el diagnóstico, pero lo amplía. “Es necesario que exista una autoridad metropolitana que atraviese todos los temas. Mientras cada temática se tome aislada no habrá solución”, especula.

El funcionario explicó que se tomó la decisión de reformular el plan estratégico capitalino. “Decidimos poner énfasis en el área metropolitana. No se puede pensar la Capital a futuro sin tener en cuenta las demás jurisdicciones”, dice Giusti

El Riachuelo todavía espera
Esa afrimación queda clarísima cuando se pone como ejemplo la finalmente creada Autoridad de Cuenca del río Matanza-Riachuelo. Aunque, cabe recordarlo, fue necesaria la intervención de la Corte Suprema de Justicia para que la Nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad se sentaran a una mesa a discutir qué acciones seguir para sanear el río más contaminado de la Argentina, alrededor del cual viven más de seis millones de personas.

Otra experiencia de comité interjurisdiccional reciente es la conformada para la limpieza de otro río no menos importante ni contaminado como es el Reconquista, cuenca que abarca 18 partidos de la región metropolitana y en la que habitan más de cuatro millones de personas. Aunque la conformación de la autoridad tiene más de una década, sólo en el último año se esbozaron algunas acciones empujadas por el incesante reclamo de la sociedad civil.

“Es imprescindible definir el manejo de cuencas, así como el sistema de áreas verdes públicas y un modelo de borde periurbano. Deben existir corredores de biodiversidad a través de las cuencas; rescatarse el río y su ribera recuperarla para grandes parques metropolitanos”, apunta Garay.

El manejo de los residuos
Una variable central en la sustentabilidad ambiental del sistema está en la reformulación del sistema de disposición final de residuos.

Hoy, el área metropolitana genera 17.000 toneladas diarias de basura. Todo se deposita en los rellenos sanitarios que la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) tiene en el conurbano. Es necesario habilitar por lo menos dos para los próximos 20 años. En ese sentido hay que destacar el acuerdo al que llegaron las autoridades porteñas y bonaerenses para la construcción de dos nuevos vertederos a mediados de este año. Sin embargo, será muy difícil hallar los espacios donde se construirán ya que la resistencia social es muy grande. Nadie quiere un relleno sanitario cerca de su casa.

“Aunque se sostenga el modelo de relleno sanitario es necesario reformular el manejo de los residuos”, agrega Garay.

Si bien la legislación prevé la reducción paulatina del enterramiento de residuos que puedan ser reutilizados en toda el área metropolitana (las leyes conocidas como Basura Cero), los avances son casi nulos. Es más, según los registros de la Ceamse la cantidad de basura que se entierra sigue creciendo.

En la Capital, incluso, las autoridades están pensando otras alternativas para poder cumplir con la norma que obliga a reducir la basura que se entierra en un 75% para 2017. Según reveló LA NACION en julio último, se estudia hacer un nuevo relleno costero para instalar centros de reciclado y separación de residuos e instrumentar nuevas técnicas de disposición final de los mismos, como la vitrificación, por ejemplo.

“Lamentablemente la política partidaria prevalece sobre las políticas de estado y el espasmo de medidas efectistas de corto plazo dominan la toma de decisiones”, opina Andreína de Caraballo, presidenta de la Fundación Ciudad.

En el mismo sentido Garay sostiene que deben reformularse las redes de saneamiento. “Cuando resolvamos el problema del desarrollo de los centros urbanos, cuáles son las alturas y la dispersión tolerables podremos determinar también qué sistema de saneamiento es más eficiente”.

Agua potable y cloacas
La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) provee de agua potable y presta los servicios cloacales a los habitantes de la Capital y de 17 partidos del primer cordón del conurbano bonaerense.

El área de acción de la empresa es de aproximadamente 1800 kilómetros cuadrados y allí viven casi diez millones de personas.

Actualmente, en el área de intervención de la concesionaria, la población abastecida de agua potable es de 7.596.266 habitantes, mientras 5.604.889 personas cuentan con el servicio de desagües cloacales. Pero todavía hay un millón y medio de habitantes sin agua potable y 3,5 millones sin cloacas.

Según el plan de saneamiento presentado por la compañía, hasta 2020 se prevén inversiones por 17.645 millones de pesos para abastecer a la totalidad de la población.

La semana pasada, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito por 900 millones de dólares para obras de saneamiento en los partidos de Tigre, Ituzaingó, Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero y Morón.

Déficit habitacional
Las consecuencias de la falta de planificación en todos estos temas afectan más a los que menos tienen. Y a eso se suma un déficit habitacional brutal que arrastra la región desde hace años. La población en las villas porteñas se duplicó desde 2001. Dos millones de personas soportan el hecho de vivir en condiciones irregulares en el área metropolitana, según el relevamiento realizado por la Universidad de General Sarmiento.

Las estimaciones del estudio son, para el conurbano, de aproximadamente un millón de personas distribuidas en 700 a 1000 villas y asentamientos; se suman más de 100.000 en la ciudad de Buenos Aires. Pero a éstos hay que añadirles casi un millón de personas en condiciones irregulares muy difíciles de registrar: una familia que ocupa aisladamente un lote; casas tomadas en la ciudad, y loteos clandestinos. Esto aproxima el total a los dos millones de personas.

“La ciudad de Buenos Aires ha fallado constantemente en el desafío de construir políticas públicas integrales y sustentables relativas a la vivienda. Y la obligación jurídica recae en los tres poderes del Estado. La responsabilidad cívica de exigir que las políticas públicas hagan efectiva la Constitución es de todos los habitantes”, explican en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

En materia habitacional, así como sucedió con el caso del Riachuelo, también la Justicia intervino para sacudir la modorra gubernamental. Hace dos semanas la justicia federal ordenó al gobierno nacional que impidiera en las villas 31 y 31 bis la concreción de nuevas construcciones, si no se cumplía la normativa vigente en materia de edificación, para prevenir “los efectos negativos que pudieran producirse”; es decir, posibles derrumbes con eventuales víctimas. Y después de una presentación de la ACIJ se intimó al Gobierno a abastecer de agua potable a los habitantes del asentamiento.

“Para solucionar el déficit habitacional, además de la creación de empleo, es necesaria una política sostenida de suelo y vivienda por lo menos por los próximos 10 años”, apunta Garay.

“Si imaginamos la ciudad y el área metropolitana del mañana con la falta de planificación urbana, ordenamiento territorial y gobiernos improvisados que tenemos hoy, es probable que el futuro sea de colapso, hacinamiento y contaminación crecientes. Un desarrollo sustentable es posible con planificación, ordenamiento, gobiernos locales capacitados, trabajo interjurisdiccional, educación ciudadana y desarrollo armónico de todo el territorio nacional”, agrega Caraballo.

La planificación de la que hablan los especialistas apunta a un crecimiento ordenado que permita la sutentabilidad productiva y la generación de empleo.

Según el estudio diseñado por Garay, el escenario deseable para los próximos 30 años reubicaría hacia el Sur el puerto de Buenos Aires, contaría con una red de parques industriales bien instalados y con alta tecnología, tendría un sistema de desplazamiento del Centro a la periferia hacia los lugares productivos y de la periferia al Centro para la atención de los servicios. También se incluiría la posibilidad de viajar con un boleto único, en un ambiente saneado.

“Una ciudad diversa, que desarrolle con homogeneidad sosteniendo ciertos niveles de equidad social”, dice el urbanista.

Pero la planificación no está en manos de expertos ni de urbanistas. Es responsabilidad del Estado instrumentar estas políticas. Porque las acciones de corto, mediano y largo plazo empiezan a instrumentarse en el mismo momento.

Por Laura Rocha

La Nación

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