13.11.05 // Novedades, NOVEDADES

Un país fuera de control (Diario Perfil)

Privilegios de gobernar un país fuera de control: el Gobierno puede gastar en lo que quiera sin rendirle cuentas a nadie. Una prueba: la última cuenta de inversión aprobada por el Congreso es la de 1993. Hace más de una década que el Parlamento no revisa ni controla la ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo. El atraso no es menor: entre aquel año y este pasaron tres elecciones presidenciales, cuatro presidentes, la convertibilidad trocó en devaluación, cambió el siglo y el país rebotó en el abismo. El presidente del último ejercicio rendido –Carlos Menem– acaba de perder una elección provincial. El actual presidente –Néstor Kirchner– prometió inversiones millonarias para dirimir la interna de Partido Justicialista. Los dos pueden dormir tranquilos: a este ritmo, cuando el Congreso termine de revisar sus cuentas ya se habrán superado largamente los plazos legales de prescripción.
La Constitución Nacional establece que el Poder Legislativo debe controlar el destino y el manejo de los fondos oficiales. El órgano técnico es la Auditoría General de la Nación (AGN), que a su vez reporta a la menos difundida Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración (CPMRC). Un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) revela lo que hasta ahora sólo era una sospecha repetida: la Argentina es un país sin controles.

La máquina silenciosa. Integrada por doce senadores y diputados nacionales, la CPMRC es un jugoso bocado parlamentario. Con un 1.5 millón de pesos de presupuesto propio, la comisión otorga la posibilidad de nombrar unos cuarenta asesores bien remunerados. Pero la bolsa de trabajo no es su único atractivo: según pudo comprobar la ONG, los legisladores que la integran casi no asisten a las reuniones, los dictámenes salen sin debate previo, y pueden manejar los tiempos de los informes de auditoría casi a discreción. De yapa, a estos beneficios se suma el casi nulo conocimiento público de las actividades de la comisión, brindando una pátina de misterio que suele tocarse con la sospecha.
A tope de las observaciones reseñadas por la ACIJ se encuentra el extremado apego a la reserva. “La CPMRC no brinda ninguna posibilidad de acceso a las actas de las reuniones”, apunta el informe. Y agrega: “El reglamento de la comisión nada dice acerca de la publicidad o no de las reuniones. Por el contrario, dispone que se aplique el reglamento de ambas Cámaras del Congreso para las cuestiones no reguladas en él. Precisamente, en estos reglamentos se dispone como regla la publicidad de las reuniones, lo que no se cumple”.
La obsesión por evitar la difusión provocó cortocircuitos entre la comisión y la AGN. Por disposición de su titular, Leandro Despouy, el organismo decidió publicar sus informes en Internet. “Los integrantes de la comisión me dijeron que era ilegal, pero no hay norma que lo impida”, explicó Despoy. “Lo que ocurre es que durante décadas, el silencio sirvió para negociar los informes. De hecho, a poco de comenzar a difundirlos, un empresario vial me dijo que un informe que perjudicaba a su empresa no se podía difundir, porque él había pagado para que así fuera”. Ya se sabe: el sigilo suele ser el mejor aliado de la impunidad.
Pese al pacto de silencio de sus integrantes, la ONG logró reconstruir algunos dislates organizativos de la CPMRC. Uno de los aspectos cuestionados es su integración. De los doce integrantes, ocho pertenecen al PJ y el resto a la Unión Cívica Radical. Desde su origen, la comisión aporta una curiosidad: el Gobierno es “controlado” por integrantes de su propio partido. “Es algo más que una desprolijidad: es un cheque en blanco”, describió José Vitar, un ex diputado del Frepaso que integró la comisión hasta 2002. “Por mi experiencia, puedo asegurar que la comisión aún se rige por el espíritu del Pacto de Olivos: peronistas y radicales parecen estar de acuerdo en que lo mejor es no controlar nada”, concluyó Vitar durante un debate organizado por la ACIJ. En este sentido, el informe de la ONG aporta: “De los proyectos dictados por la comisión que fueron elevados para su aprobación durante 2004, sólo uno contó con dictamen de minoría, todos los demás fueron sancionados por unanimidad”. El informe agrega que buena parte de esos dictámenes que contenían observaciones a distintas áreas del Ejecutivo fueron archivados.

Vía libre. Oscar Lamberto sabe de números. Durante los años calientes del menemismo comandó la estratégica Comisión de Presupuesto, donde se establece cuánto y cómo gastará el Estado. Ahora preside el órgano que debe controlar la ejecución de ese presupuesto.
Cómo ya se dijo, existe una mora de más de una década en la revisión de la cuenta de inversión. Si de por sí esto viola la constitución -y le quita razón de ser a la comisión-, el asunto podría ser aún peor: el año pasado, Lamberto presentó un proyecto de ley para que se archiven las cuentas de inversión que no sean tratadas a cinco años de su presentación. “Esto no hace más que reafirmar la escasa voluntad de examen de la ejecución del presupuesto que tiene la CPMRC”, sostiene el informe de la ACIJ.
Entre otras observaciones, el trabajo de la ONG también indica que:
* “El circuito de seguimiento de las irregularidades detectadas y observadas en los dictámenes elaborados por la AGN no se realiza en tiempo y forma a fin de asegurar la efectividad del control. A ello se suma que no se encuentra previsto un mecanismo formal para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones”.
* “Los pedidos de informes que se le envían al Poder Ejecutivo Nacional no imponen plazos para responderlos. Esto dilata excesivamente los tiempos de duración del control y limita la posibilidad de que los controles puedan ser realmente efectivos”.
* “Los órdenes del día que contemplan el tratamiento de dictámenes de la CPMRC llegan a manos de los legisladores con poca información. Sólo consta un número de resolución y de expediente, y no incluyen el tema a debatir ni los fundamentos de aquélla”.
* “El reglamento de la Comisión adolece de irregularidad en su origen, otorga facultades excesivas a la Comisión, que violan la autonomía funcional de la AGN e infringen abiertamente el derecho de los ciudadanos a la información, a la libertad de expresión y a la participación en los asuntos públicos”.
Postal de un país descontrolado: el último informe realizado por la AGN refiere a los manejos de los concesionarios ferroviarios y los subsidios que aporta el Gobierno. El trabajo, que advierte sobre las precarias condiciones de los, fue terminado un mes antes de que se incendiaran dos formaciones en la estación de Haedo. Con suerte, la comisión recién tratará ese trabajo a fines de 2006.

Por Adrián Murano

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