18.04.15 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios)

Un Congreso mudo ante sospechas de corrupción

Las dos cámaras legislativas han sido demandadas ante la Justicia por negarse a informar sobre el uso que hacen de los dineros públicos.

Un grupo de organizaciones no gubernamentales demandó ante la Justicia a las dos cámaras del Congreso Nacional por negarse a brindar información sobre los gastos en que incurren. Se trata de dos amparos presentados ante el fuero contencioso administrativo federal en reclamo del cumplimiento del derecho que tienen todos los ciudadanos para poder ejercer el control del uso de fondos públicos. En otras palabras, para poder combatir posibles hechos de corrupción en el Estado.

Las reconocidas organizaciones que presentaron los amparos son la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Directorio Legislativo y Poder Ciudadano. Se trata del mismo grupo de entidades que en agosto del año último habían presentado un pedido ante ambas cámaras para que se hiciera pública la información referida a su funcionamiento interno. Las autoridades legislativas nunca respondieron.

Si bien ha sido una constante la negativa a informar sobre esos asuntos por parte del kirchnerismo, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, lo acaecido no deja de llamar la atención, especialmente si se tiene en cuenta que el titular de Diputados, Julián Domínguez, había suscripto un compromiso de transparencia, del que sólo se han registrado unos tímidos avances. En tanto, en el Senado, cuyo presidente provisional es Amado Boudou, la única respuesta fue una involución: ya ni siquiera se actualiza la ejecución presupuestaria ni se entregan las declaraciones juradas de los legisladores.

El conocimiento de la forma en que se ejecutan los recursos públicos es un derecho y no, como pretenden hacer ver las actuales autoridades, una concesión discrecional que se realiza a la ciudadanía. Según las organizaciones demandantes, esa falta de respuesta sobre cuestiones tales como la cantidad de empleados del Congreso, la asignación presupuestaria a los bloques, las becas y subsidios que entregan los legisladores y los viajes que éstos hacen al exterior del país vulnera precisamente el derecho humano de acceso a la información pública.

Nuestro Congreso está deliberadamente en falta con la sanción de una ley de acceso a la información del Estado. Incluso, ni siquiera se acata el decreto suscripto en ese sentido por el ex presidente Néstor Kirchner, en 2003. Los pedidos en él basados son respondidos parcialmente por el Gobierno, utilizando maniobras burdas como la de fundamentar la negativa en que los datos que se solicitan son de una sensibilidad tal que su difusión podría afectar a los funcionarios.

No es lo que entiende al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que, en varios fallos, ordenó al Gobierno dar a conocer aquello que se le pide, de modo que el ciudadano pueda ejercer el efectivo control del destino del dinero con que el Estado se financia.

Lamentablemente, la actitud del Congreso va en línea con la brutal avanzada del Poder Ejecutivo para obstaculizar, cuando no directamente neutralizar, cualquier tipo de transparencia en la gestión. Conocida es la arremetida de los últimos 11 años para silenciar a organismos de control como la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, la Inspección General de Justicia, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Sindicatura General de la Nación.

El propio Congreso, con el amplio aval del kirchnerismo y de sus socios ocasionales, se ha encargado de sancionar una ley de supuesta responsabilidad del Estado, que lo exime de ser civilmente responsable ante los hechos lícitos o ilícitos cometidos en perjuicio de los ciudadanos.

En tanto, cada vez que se le presenta la oportunidad de dar el ejemplo, el Poder Ejecutivo retrocede y aumenta el secretismo, como cuando, mediante un decreto reglamentario, restringió la ley que obliga a los funcionarios a dar a conocer sus patrimonios, permitiéndoles mantener como información confidencial la relacionada con cónyuges, convivientes e hijos no emancipados. Esos datos sólo podrán ser “blanqueados” si lo autoriza un juez.

En la Legislatura bonaerense, por ejemplo, el año último perdió estado parlamentario un proyecto de ley de ética pública. Lamentablemente, esa anómala situación es la regla y no la excepción en la mayoría de los distritos del país.

Son reiterados y preocupantes retrocesos que deben ser condenados no sólo por la Justicia -que no debe seguir mirando para otro lado-como ahora le reclama el citado grupo de ONG, sino por todos y cada uno de nosotros que, como ciudadanos, financiamos con nuestros impuestos la actividad pública. Ampararse en el silencio y en el ocultamiento es una forma clara de avalar la corrupción. De lo que se trata es de conocer el destino y uso de los dineros públicos, es decir, de la plata de todos los argentinos.

La Nación