29.11.11 // Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (medios)

Transparencia judicial y corrupción (La Nación)

La Cámara de Casación ha sentado un importante precedente al permitir a una ONG acceder a una causa penal.

Se tiene poca conciencia del desafío cada vez más desigual que enfrentan en la Argentina quienes luchan contra la corrupción. Tampoco se tiene plena conciencia de la magnitud del problema y de sus trágicas consecuencias.

Por eso reviste especial importancia una reciente resolución de la Sala I de la Cámara de Casación que por primera vez habilitó a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) a acceder a una causa penal, al reconocerle el derecho como ONG de tener acceso y controlar el avance de las investigaciones.

La importancia de este paso podrá valorarse si se tiene en cuenta que aumentan en forma incesante los casos de corrupción y, en forma paralela, aumenta también la impunidad que la propia Justicia va otorgando a sus autores al sobreseerlos pese a las pruebas o al permitir que los sumarios prescriban debido al paso del tiempo. Desde ya, la actitud cómplice de la Justicia no hace más que alentar los hechos de corrupción cometidos desde el poder político o al amparo de éste.

Dos casos recientes ilustran este triste panorama: los sobreseimientos a los acusados del caso Skanska, uno de los escándalos más sonados del kirchnerismo, y a los imputados por los envíos ilegales de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador, emblemático caso del menemismo en el que el Tribunal Oral en lo Penal Económico sobreseyó a todos los acusados, incluido el ex presidente Carlos Menem. Recientemente, el fiscal Marcelo Agüero Vera apeló esa medida ante la Cámara de Casación por considerar que el fallo es “autocontradictorio”.

Otros ejemplos recientes en los que el Estado dejó de perseguir megafraudes debido a la prescripción son la investigación conocida como IBM-Anses, en la que tras diez años de trámite se declaró prescripta una causa por el supuesto cobro de un soborno para la Anses por 60 millones de dólares; otra en la que también durante diez años se investigó a parte de la familia Yoma y a apoderados de la empresa Yoma SA por la cesión de una serie de créditos como garantía de repago de préstamos que le otorgó el Banco Nación; una por dádivas a Ricardo Jaime instruida contra el empresario Claudio Cirigliano, y el gigantesco fraude que se habría cometido en la venta de Tandanor.

Los datos recabados por las ONG que se ocupan del tema son muy preocupantes. Según el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), en 750 casos de corrupción desde 1980 hasta 2007, sólo se condenó al tres por ciento de los involucrados, quienes se quedaron con 13.000 millones de dólares.

En 2009, según la ACIJ, se iniciaron 207 causas por corrupción, de las cuales 11 fueron elevadas a juicio y sólo en una hubo condena. Un informe del Departamento de Estado norteamericano difundido el corriente año señaló que la corrupción estatal constituye “un problema serio” en la Argentina.

Ante este panorama caracterizado por el papel pasivo o cómplice de la Justicia, cobra importancia la necesaria participación de las ONG. En este sentido, si bien el pronunciamiento de la Cámara de Casación en favor de la ACIJ se refirió a un expediente, ya archivado por el juez federal Claudio Bonadio por considerar que no existió delito, constituye un importante antecedente aplicable a otros casos, pues hasta ahora la Cámara de Casación había desestimado la posibilidad de las ONG de acceder a ese tipo de investigaciones.

Como las causas de corrupción suelen afectar derechos colectivos o bienes públicos, deberían poder ser enmarcadas dentro del derecho de interés público. La resolución firmada por los camaristas Juan Fégoli, Raúl Madueño y Luis Cabral refuerza la lógica de que organizaciones sociales con fines públicos pueden ayudar a la Justicia a hacer justicia.

El fallo a favor de ACIJ sienta jurisprudencia en ampliar esos espacios de interacción entre el Poder Judicial y las ONG. Un excelente precedente lo ha dado la propia Corte Suprema de la Nación al permitir que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con otras prestigiosas entidades sociales, participen del seguimiento del fallo relacionado con la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, resolución que les permite a estas instituciones cívicas no sólo acceder a todas las actuaciones, sino también participar de las audiencias públicas.

Otra señal positiva de interacción fue la resolución de la Cámara Nacional Electoral que permitió a un grupo de organizaciones sociales en las últimas elecciones de octubre ejercer un rol de veeduría del proceso electoral.

Es deseable que la resolución de la Cámara de Casación termine convirtiéndose en una sólida jurisprudencia que lleve a una práctica sistematizada en todas las instancias que reciben, investigan y resuelven denuncias de casos de corrupción pues, al sumar organizaciones que puedan aumentar la eficacia de la Justicia en la investigación de los hechos, se multiplica la posibilidad de llegar a condenas que empiecen a revertir la aberrante progresión que va de la corrupción a la impunidad.

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