03.10.07 // Novedades, NOVEDADES

Tierra del Fuego es modelo nacional del copamiento del poder político sobre el sistema Judicial (Botella al Mar)

“En 2000, el ex gobernador Carlos Manfredotti (PJ) impuso la jubilación obligatoria y anticipada de funcionarios judiciales: bastaban cinco años de aporte y 50 de edad. Vació íntegro el superior tribunal y el 83 ciento de las cámaras. Hasta los nombramientos de la Corte quedaron en manos del Consejo de la Magistratura, dominado por el oficialismo, que aprobaba jueces con sólo una entrevista y un escrito. El superior tribunal llegó a tener 17 conformaciones distintas desde 1994 y quedó acéfalo en 2002. Asumieron Ricardo Klass, ex abogado de Carlos Menem, y Mario Robbio, cuestionado por su participación en la última dictadura. Se sumó María del Carmen Battaini. Klass renunció, con más de 100 denuncias penales”.

Así sintetiza la crisis del sistema judicial fueguino un informe presentado por Organizaciones No Gubernamentales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la ONU, donde se detallan la connivencia de magistrados y poder político en siete provincias argentinas, entre ellas Tierra del Fuego.

El documento fue realizado bajo los principios constitucionales de independencia respecto a los poderes locales y estándares internacionales como la autonomía, imparcialidad e inamovilidad, entre otros que aseguran un correcto funcionamiento de la Justicia.

La investigación, realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras organizaciones del ámbito judicial fue recibido ayer a las 11 por jueces de la Corte y por el relator especial para la independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas, Leandro Despouy.

La génesis de esta intromisión política en la Justicia, según el informe, suele situarse en una cadena donde los organismos encargados de elegir y sancionar a los jueces están conformados por personajes bien cercanos a los gobiernos locales y dominados por mayorías leales al poder de turno. Pasa con las cortes supremas provinciales, con los consejos de la magistratura y los jurados de enjuiciamiento. Las maniobras son burdas y a menudo a la vista de todo el mundo. Con frecuencia, dice el documento, también son protagonizadas por las corporaciones económicas, resume Página 12.

El estudio se basó en un muestreo en Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz.

El trabajo recorre los noventa y los últimos años y estuvo coordinado por ACIJ y participaron la Fundación Crecer San Luis, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y Convocatoria Neuquina por la Libertad de Expresión.

Botella al Mar

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