08.12.12 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Destacadas (medios), Presupuesto y Derechos Humanos (medios), Villas e Integración Urbana (medios)

Tierra de nadie

No se construyó ninguna de las viviendas que prometieron a los ocupantes para que levantaran la toma. La causa contra 44 policías por los asesinatos de dos vecinos está paralizada, mientras dos dirigentes sociales están procesados por usurpación.

Por: Eduardo Videla

Hace dos años, en la madrugada del 6 de diciembre, un puñado de familias se asentó en terrenos del Parque Indoamericano, en Villa Soldati. Al día siguiente, la ocupación se extendió y una feroz represión policial terminó con un saldo de dos muertos. La toma se levantó días después, tras una negociación que incluyó el compromiso de los gobiernos porteño y nacional de construir viviendas que serían destinadas paulatinamente a las familias sin techo involucradas en la toma. Dos años después, ninguna de las 13.800 personas incluidas en la lista de espera obtuvo una solución habitacional, la causa por los dos homicidios está virtualmente paralizada y los únicos procesados por la Justicia son dos dirigentes sociales que participaron de las negociaciones y terminaron acusados de usurpación. En cuanto al Parque, salvo un sector con juegos para niños, que sólo abre de jueves a domingo, está convertido en un enorme baldío tal como lo era en el momento de la toma, aunque rodeado por una reja perimetral.

“Tenemos a dos personas asesinadas y, dos años después, no hemos obtenido respuestas”, dice Griselda Salgueiro, la hermana de Bernardo, uno de los muertos por la represión policial. En la causa hay 44 policías imputados por el delito de “homicidio en ocasión de agresión” (33 de la Metropolitana y once de la Federal), pero en todo este tiempo ninguno de ellos fue llamado a prestar declaración indagatoria.

Los policías habían sido sobreseídos en febrero por el juez Eliseo Otero, pero a fines de mayo, tras la apelación del fiscal Sandro Abraldes y los abogados de los familiares de las víctimas, la Cámara del Crimen declaró nula la resolución, apartó al juez y dispuso que otro magistrado retome la investigación. La causa recayó en el tribunal a cargo de Mónica Berdión de Crudo. “En los últimos meses la jueza ordenó nuevas pericias balísticas a Gendarmería y tomó declaraciones testimoniales, pero no avanzó con las indagatorias pedidas por el fiscal”, resume ante Página/12 el abogado Nicolás Tauber, que patrocina a los familiares de Salgueiro.

Este joven de 22 años y Rossemary Chura Puña, de 28, murieron tras ser alcanzados por municiones de plomo, disparadas desde escopetas Itaka. “El fiscal logró determinar, a partir de las filmaciones, que los disparos que provocaron las muertes provenían de la formación de policías de la Metropolitana, pero es imposible determinar a qué arma correspondían porque la munición forma parte de cartuchos, que eran recogidos por los policías, según consta en los videos”, explica Tauber. “Para el fiscal, mediante el uso de Itakas los policías intentaron garantizar su impunidad.” “También comprobó que modificaron cartuchos, incluyendo una o dos postas de plomo entre las balas de goma de los proyectiles”, agrega el abogado.

La toma

La ocupación del Indoamericano empezó en la madrugada del 6 de diciembre, cuando algunas familias acamparon allí y comenzaron a delimitar parcelas. Al día siguiente llegaron muchos más, desde Villa 20, Los Piletones, el Ramón Carrillo y otros barrios vecinos donde la gente vive hacinada. El gobierno porteño hizo la denuncia y la jueza María Cristina Nazar ordenó el desalojo. La policía (actuaron en conjunto la Federal y la Metropolitana, bajo el comando de la primera) actuó con ferocidad. Logró el cometido con un saldo de dos muertos, una decena de heridos y medio centenar de detenidos.

“Fue una toma espontánea, la mayoría eran familias que alquilaban piezas en villas de la zona. No había gente de la provincia”, dice a Página/12 Gustavo Maurino, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que junto con otras organizaciones participó en los días siguientes en las negociaciones para evitar más represión.

El Indoamericano es un amplio espacio verde en el sur de la ciudad, ubicado entre las avenidas Cruz, Escalada, Castañares y la autopista Cámpora. Tiene unas 120 hectáreas, en su mayoría tierras de relleno, pero en parte de su superficie se construyeron barrios precarios y viviendas sociales. Sólo un sector estaba habilitado como parque público, el llamado Paseo Islas Malvinas. El resto era un amplio terreno abandonado, cubierto de pastizales y montañas de tierra. Ese fue el lugar ocupado por las familias que demandaban una solución habitacional.

Un día después del desalojo, los ocupantes regresaron multiplicados. Hubo enfrentamientos entre vecinos y la actuación de patotas que intentaron sacarlos. También hubo tomas en otros terrenos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Finalmente, el 14 de diciembre, los gobiernos nacional y porteño hicieron una propuesta para resolver el conflicto: se financiaría por partes iguales un programa de viviendas. “Por cada peso que ponga la Ciudad, la Nación pondrá un peso”, graficó el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

“Ninguno de los dos puso un solo centavo”, advierte Diosnel Pérez, delegado de la Villa 20, donde viven algunos de los vecinos que ocuparon el Indoamericano. “El único que pudo acceder a una vivienda es Emilio, el viudo de Rossemary: el IVC le otorgó un plan hipotecario, por el que paga 600 pesos por mes, para que viva con sus tres hijos. Pero el Estado, que mató a su mujer, debería garantizarle al menos ese derecho”, sostiene Diosnel, militante del Frente Darío Santillán. Según el dirigente, fueron 13.800 las personas que se anotaron al supuesto plan para resolver el conflicto y las que aún siguen esperando.

Diosnel, que intervino en las negociaciones con los gobiernos para levantar la toma, junto a otros dirigentes sociales, cosechó un procesamiento por usurpación y está a un paso de ser llevado a juicio oral, junto a Luciano Nardulli, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa. Otros dos acusados por el mismo delito, Alejandro Salvatierra y Mónica Ruejas, llegaron a un acuerdo con la fiscalía y se les suspendió el juicio a cambio de hacer tareas comunitarias, mientras que otros dos, Berta Revilla y Antonio Chancalay, fueron absueltos. La causa contra los dos dirigentes está ahora en el Tribunal Superior de Justicia porteño, que debe decidir una cuestión de competencia entre jueces.

Baldío

“Desde entonces, la Ciudad mantiene su tendencia regresiva en materia de vivienda social”, evalúa Maurino, de ACIJ. “Desde 2008 viene desfinanciando los programas vinculados con la construcción de viviendas y orienta el presupuesto a soluciones de contingencia, de infraestructura en algunas villas, pero no a la urbanización de los barrios ni al aumento de la oferta de vivienda social”, dice. “Lo único que se ha construido en los últimos años son las viviendas para la relocalización de asentamientos del Riachuelo, con presupuesto de Nación”, observa.

En cuanto al Parque, el gobierno porteño había prometido su recuperación como espacio verde. Hace un año se inauguró un espacio de 17 hectáreas con juegos para niños. En otro sector, sin embargo, se acumulan los restos de troncos y ramas que dejó el vendaval de abril último. En el espacio donde ocurrió la toma, la foto de esta página es elocuente: es un baldío intransitable, con pastizales, montañas de tierra y restos de asfalto. Como era entonces.

Página 12

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