17.10.06 // Novedades, NOVEDADES

SUJETADOS

Asociaciones de consumidores y organizaciones sociales exigieron la regularización institucional de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), ambos organismos intervenidos por el Poder Ejecutivo Nacional desde 2001 y 2002 respectivamente.
Mediante una carta enviada al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, las organizaciones sociales expresaron su preocupación no solo por la falta de regularización de estos dos organismos sino porque no existe proyecto alguno tendiente a ello: “los entes de control son tan esenciales para la vida cotidiana de millones de personas, como lo son el transporte y las comunicaciones” expresaron las ONG.

“La prolongada intervención de los Entes Reguladores nos lleva a analizar el andamiaje institucional que establece el control de las empresas de servicios públicos privatizadas. Pero es necesario revisar ese andamiaje de manera que sirva para su principal función: controlar. Para ello se debe contar con las competencias necesarias, una de ellas es la independencia y si el responsable del Ente es nombrado por el PEN que a su vez es parte en la prestación (bien sea porque subsidia y/o es propietario o concedente de la empresa) esa independencia es cuestionable” advirtió Virginia Lencina, coordinadora del Area de Acción con Empresarios de Poder Ciudadano, organización que lleva adelante un monitoreo anual del trabajo de los entes reguladores de servicio públicos.

Al mismo tiempo, Lencina expresó que “toda norma que intenta agregar transparencia en el funcionamiento del directorio, como es el caso del Decreto 1172/03 (de Acceso a la Información Pública), se torna inaplicable debido a que los entes intervenidos no convocan reuniones de directorio. En consecuencia, el derecho al acceso a la información de los ciudadanos que intenta resguardar ese decreto no se cumple – dice la referente de Poder Ciudadano -. En tercer lugar, estas cuestiones traen a colación la necesidad de reflexionar acerca de cómo son elegidos los miembros del directorio de un ente de control, en algunos casos son electos por concurso de oposición y antecedentes, en otros no. En el caso de la intervención todo concurso queda abolido, tornando al cargo más bien uno político antes que técnico” explicó.
En este mismo sentido la coordinadora del Programa de Servicios Públicos de ACIJ, Fanny Pereiro, destacó la importancia de que aquellos entes que fueron creados para ser organismos autárquicos sigan siéndolo: “si funcionan con personas puestas por el PEN pierden su razón de ser. Al estar tanto tiempo intervenidas se estarían violando derechos de los usuarios como el de tener organismos de control independientes e imparciales, constituidos por personas idóneas; o el de participar de reuniones abiertas de directorio (conforme lo previsto por el Decreto 1172/2003); o a la garantía de un juez natural”.
Los entes de control de servicios públicos son organismos descentralizados, autónomos y autárquicos encargados de regular la prestación de los servicios concesionados a las empresas privadas en la década de los 90, y el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por éstas como también la protección de los derechos de los usuarios.
La CNRT está intervenida desde el 24 de abril de 2001, y su misión es actuar en nombre del Estado Nacional en todo lo relativo al transporte automotor o ferroviario. Tiene entre sus objetivos: proteger los derechos de los usuarios, promover la competitividad en los mercados y lograr mayor seguridad, mejor operación, confiabilidad, igualdad y uso generalizado del sistema de transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y carga, asegurando su adecuado desenvolvimiento. Su actual interventor es Pedro Ochoa Romero.
En tanto, la CNC está intervenido desde el 19 de marzo de 2002, y tiene como funciones controlar, regular, fiscalizar y verificar la prestación de servicios de telecomunicaciones, postales y del uso del Espectro Radioeléctrico para garantizar el equilibrio entre el interés público y los beneficios privados de las empresas. Desde junio de 2004 es su interventor Ceferino Namuncurá.
Claudia Collado de Consumidores Argentinos expresó que “todo el tiempo transcurrido desde el 2001 y 2002 (cuando se decretaron las intervenciones de la CNRT y de la CNC) se contradice con la excepcionalidad y transitoriedad de las medidas”. A su vez, opinó que “los entes de servicios públicos deben ser autónomos, sobre todo políticamente. La suspensión de concursos de un organismo, al estar intervenido, afecta su normal desenvolvimiento, y por eso, podemos deducir, que es la razón por la cual estos organismos no están todavía regularizados”.
Las ONG pidieron a su vez que en un plazo de 10 días hábiles se informe las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para regularizar la situación.
Las organizaciones firmantes son: Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC); SES; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Unión de Usuarios y Consumidores; Consumidores Libres; Consumidores Argentinos; Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) y Poder Ciudadano.

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