21.01.08 // Novedades, NOVEDADES

Sólo habría mejoras en 2010 (La Nación)

En la Secretaría de Transporte se afirmó que, además del tren bala, hay otras obras en marcha. Pero las mejoras prometidas empezarían a reflejarse en 2010.

Para esa fecha prometen la renovación completa de la línea San Martín; el soterramiento de la línea Sarmiento y el recambio de coches de la línea Roca. El gobierno también prevé la creación de dos sociedades estatales que se encargarán de la infraestructura y de la prestación de los servicios con participación de gobiernos provinciales y municipales.

Ese es el corazón del proyecto, que ya fue aprobado por el Senado, que no alcanzó el quórum necesario en la Cámara baja para ser debatido en la última sesión del año pasado. La oposición y grupos de la sociedad civil rechazaron el proyecto, entre otras cosas, porque consideraron que no quedaban claras las atribuciones de los dos organismos por crearse y que las provincias perdían injerencia en el tema ferroviario.

La Fundación Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Metropolitana y la Red de Organizaciones del conurbano bonaerense presentaron un documento con opiniones y sugerencias.

“Nuestra intención de participación tiene que ver también con la necesidad de buscar una solución para el transporte. El Poder Ejecutivo envió este proyecto después de los incidentes en Constitución, cuando los problemas se descubrieron mucho antes. Hay que terminar con esta actitud reactiva y buscar soluciones preventivas”, dijo María Batch, de Poder Ciudadano, a LA NACION.

Batch consideró que con la obra del tren bala “sólo se atiende a un número ínfimo de pasajeros y no a los miles de trabajadores que diariamente utilizan el tren”.

Entre las propuestas que plantean las ONG figura que la futura ley prevea cómo se coordinarán las acciones de las dos empresas creadas (la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y la Sociedad Operatoria Ferroviaria) con la futura Autoridad Metropolitana de Transporte.

“El medio ferroviario cumple un rol central en el traslado de personas en el área metropolitana; es imprescindible su coordinación con los otros medios de transporte. Teniendo en cuenta que el proyecto de ley prevé la creación de dos empresas y nuevas competencias para el Ministerio de Planificación, es importante responder de qué manera se coordinarán estos nuevos actores con los existentes”, agregó Damián Staffa.

Pero las competencias asignadas a cada organismo en el proyecto de ley también fueron puestas en duda por las ONG. “Es necesario que se prevea la existencia de un eficaz sistema de regulación, fiscalización y control del transporte ferroviario, a cargo de un ente autónomo e independiente”, explican.

En 2007 el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, destinó casi $ 3000 millones entre las empresas de colectivos y los concesionarios de trenes y subtes del área metropolitana. La cifra, que no incluye los subsidios al gasoil, fue un 257% superior a la de 2006. Pero este aumento no alcanzó para que algo cambiara.

El 15 de mayo del año pasado se produjeron violentos incidentes en la estación Constitución que decidieron al Poder Ejecutivo a rescindir los contratos de concesión para la explotación de las ex líneas General Roca y Belgrano Sur, en manos de Transportes Metropolitanos. Junto con la ex línea San Martín los trenes pasaron a manos de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), grupo conformado desde 2005 por Ferrovías, Metrovías y Trenes de Buenos Aires.

Según fuentes de la secretaría, las líneas que estaban en manos de la empresa de Sergio Taselli son las que están más atrasadas. “La Ugofe está elaborando un plan de contingencia. Lo primero fue blanquear la realidad de los horarios. Tenían frecuencias que no podían cumplirse”, explicaron.

Las líneas en manos de la Ugofe pasarían a ser administradas por las dos nuevas empresas estatales que propone el proyecto de ley.

“La San Martín estará totalmente renovada para 2010. Por primera vez desde 1977 se compra material rodante nuevo”, dijeron en Transporte. Los trenes, originarios de la China, serán adquiridos por el Estado argentino con una inversión de 121 millones de dólares.

Sin embargo, los problemas para viajar no son nuevos. En varias inspecciones realizadas por la Defensoría del Pueblo de la Nación entre 2002 y 2005 se corroboró que, “lejos de advertirse mejoras tanto en las instalaciones como en el servicio, hubo un deterioro de manera progresiva y sostenida”, según sostiene un documento que sirvió de prueba.

El defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, presentó un amparo en 2005 por las pésimas condiciones del transporte ferroviario. Y aunque la Justicia le dio la razón en primera instancia a la Defensoría, los fallos fueron apelados. Pero a fines del año pasado la Justicia ordenó al Estado que mejorara el servicio del ferrocarril Roca, tanto en sus frecuencias como en la seguridad, disposición que sí se cumplió.

Por Laura Rocha
De la Redacción de LA NACION
La Nación

Deje un comentario