Publicado por ACIJ.
El Poder Ejecutivo Paraguayo aprobó el 20 de julio pasado una ley para combatir la mora judicial, acortando los plazos judiciales a tres años. Como vemos en esta nota de Ultima hora, la ley 4669/12, que ya entró en vigencia, implica la impunidad de 100 causas de corrupción en curso que ya llegaron al plazo de tres años.
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Emblemáticos casos de corrupción se extinguirán, advierten los fiscales
Con la Ley 4669/12, algunos de los más emblemáticos casos de corrupción se extinguirán, advirtieron ayer los fiscales de la unidad Anticorrupción y de Delitos Económicos del Ministerio Público.
Los agentes indicaron que es urgente que esta normativa cese de estar vigente para que no queden impunes más de 100 casos de esta unidad.
El fiscal Arnaldo Giuzzio indicó que solamente él tiene cerca de 80 causas que apeligran por los efectos de la norma, entre ellos la del exintendente de Lambaré Juan Martínez y el exgobernador de Ñeembucú Juan Carlos Bottino.
Estos dos últimos están procesados por millonarios perjuicios al Estado desde hace varios años y por distintos incidentes planteados por sus abogados defensores aún no se decidió si enfrentarán un juicio oral y público.
“En vez de coadyuvar al Ministerio Público, el Congreso está cerrando cada vez más el camino para sancionar la corrupción en el país”, expresó el representante del Ministerio Público. En ese mismo sentido se pronunció el fiscal René Fernández, quien mencionó que es físicamente inaplicable la normativa en cuestión.
“Según los mismos jueces, las causas tardan generalmente tres años en llegar a juicio. Dos años para que sean elevadas a una audiencia oral y pública y, por una cuestión de calendario, hay un año de espera para la fecha del juicio”, indicó Fernández, actual presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay.
En ese sentido, Fernández comentó que unos 10 casos suyos se ven afectados por la ley y podrían extinguirse. De hecho, el comisario retirado Hermes García Balmaceda ya planteó la extinción de su causa por enriquecimiento ilícito, indicaron fuentes judiciales.
Por su parte, la fiscala Victoria Acuña contó que cinco casos suyos también peligran por la nueva ley. Quizás la causa más emblemática de la Fiscalía Anticorrupción está entre ellas: la del exfiscal Juan Claudio Gaona, procesado por cobrar una supuesta coima en el 2007.
Otro caso que puede extinguirse es el de Federico Gómez, el expresidente de la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal procesado por lesión de confianza.
Los agente fiscales consultados manifestaron su molestia debido a que los congresistas que dictaron la ley en ningún momento consultaron a nadie del Ministerio Público sobre su aplicación.
DÍAZ VERÓN ACCIONARÁ PARA SUSPENDER LOS EFECTOS DE LEY
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, presentará en los próximos días una acción de inconstitucionalidad y pedirá como medida cautelar la suspensión de los efectos de la polémica ley antimora, informaron ayer del Ministerio Público.
En ese sentido, fiscales consultados al respecto contaron que Díaz Verón presentará la acción como representante del Ministerio Público y por ende la resolución que eventualmente emita la Corte será válida para todos los casos en los que interviene la Fiscalía.
Sobre el punto, los agentes recordaron el antecedente del exfiscal Óscar Germán Latorre, quien presentó una inconstitucionalidad en contra de una ley que pretendía extinguir todos los procesos que no hayan terminado antes del 2003. Aquella vez la Corte admitió la inconstitucionalidad y la resolución fue válida para todos los fiscales.
