Publicado por ACIJ
Se puede discutir mucho sobre la justicia de la “condena social” y preguntarse por qué el funcionario tiene que realizar ese descargo público.
Lo cierto es que en el contexto en el que estamos, quien es acusado de haber realizado un hecho genera una duda entre los votantes del gobierno en el que se inserta el funcionario. Como la justicia no llega, los votantes se forman una imagen de esa persona a partir de las versiones que brindan los medios.
Sería injusto si el funcionario no puede brindar su defensa pues no se le otorgaría el derecho a la defensa que tenemos todos. Como funcionario, tiene la responsabilidad de comunicarse con sus representados que han sido quienes -de manera directa o indirecta han depositado su confianza y, a la vez, quienes le pagan el salario-.
En el caso de Boudou, hay muchas pruebas en su contra. Cada día se van acumulando más.
Se sabe que desde el Ministerio de Economía partió la recomendación de que se le concedan facilidades a Ciccone -algo que nunca ocurre-, que la mujer del director de Ciccone sostiene que trabaja para el ex Ministro, que Ciccone le pagaba viajes y otros beneficios al hermano de Boudou, que Vanderbroele pagaba las expensas y hasta la TV por cable de su departamento, etc.
Del lado de Boudou lo único que hemos escuchado es la teoría del complot (que desde el grupo económico que compite tienen intención de volver al negocio de la impresión de moneda) pero no hemos tenido la posibilidad de saber cómo es que se han producido todas esas situaciones, que parecen acercarse a la figura de negociaciones incompatibles. Si el Ministro o su abogado nos hicieran conocer por qué los hechos que se mencionan son falsos o no guardan vinculación con actos ilegales del funcionario público, tendríamos la posibilidad de conocer la otra versión y, con ello, hacernos un panorama más completa de la situación.
Sin embargo, no solo no ocurre ello sino que Boudou tampoco es defendido por la prensa aliada al oficialismo. Una de las razones que justifican -de parte del gobierno- la creación y financiamiento de medios cercanos es la posibilidad de que se conozca la otra campana. El caso Ciccone-Boudou casi no figura en esos diarios, programas de radio, televisión y medios virtuales. No hay análisis diferentes a los de los periodistas que investigan los hechos desde medios opositores (uno de ellos, Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas de investigación más reconocidos del país) sino que se dedican a criticar a quienes producen la información no favorable. Por ese motivo, la sociedad está tendiendo a “condenar” al Vicepresidente. Y esa condena no es menor. Seguramente, el economista no irá a la cárcel, no deberá devolver ningún dinero público y los medios se irán olvidando de él si es que no vuelven a aparecer hechos nuevos o aparecen otros hechos vinculados a otros funcionarios. Sin embargo, muchas personas de a pie recordarán el caso y se lo harán saber a las familias y al propio funcionario. Algo que, imaginamos, no debe ser de lo más agradable.
¨Sería injusto si el funcionario no puede brindar su defensa¨. Nadie le niega ese derecho a un funcionario. Solo tenemos dudas de que sea una obligacion, darle respuesta a cualquier acusacion de un medio. La obligacion a la que lo somete las instituciones de la republica es a responder al juez. Responderle a una maquina que tira denuncias a la velocudad que la maquina de entrenamiento de tenis tira pelotitas, es una decision del funcionario, mas cerca de su politica de comunicacion de imagen que de la respuesta a la sociedad.
Obama no responde a las acusaciones de ser un comunista o de querer instalar un estado negro en estados unidos. Decide que criticas escucha y cuales de esas les da la trascendencia suficiente como para contestarlas como serias. Si esta obligado cuando un juez se lo pregunta, porque ha pasado ciertos filtros de legalidad.
El post da por hecho que Boudou no irá preso, lo que me hace suponer que da por improbable su culpabilidad juridica (la unica culpabilidad que existe en una nacion). Supongo que el recuerdo de muchos es un efecto colateral negativo de estas campañas difamatorias. Como ocurrió con Mazzorin, secretario de Alfonsin, que cumplia con una tarea de los secretarios de comercio pero a costa de una campaña de desprestigio mediatica, sus nietos portan un apellido del que se rien sus compañeros. Nadie lo encontró culpable, ni la justicia de menem, ni la de de la rua, ni la de los K. Pero los medios, muy alineados con cepillar al gobierno de alfonsin, lo destruyeron sin requerir ningun fundamento juridico porque, despues de todo, sabemos que los jueces son todos unos chorros que nunca demuestran nada, solo la opinion publica expresada por los medios llega a la verdad a la velocidad que necesitamos.