Publicado por ACIJ
No es ninguna noticia que las nuevas regulaciones en materia aduanera (promovidas por el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno) no tienen un sustento regulatorio muy estricto. El funcionario debe autorizar -muchas veces personalmente- los nuevos ingresos de mercadería y hasta de bienes de capital. Incluso, para conseguir importar, los empresarios deben demostrar que también exportan en la misma cantidad o que se han asociado con compañías que tienen exceso de capacidad de importación por ser eminentemente importadoras.
Cualquiera que tenga relación con algún empresario dedicado a temas de comercio exterior podrá comprobar que estas nuevas disposiciones han aumentado notoriamente las facultades discrecionales del Estado para permitir esos ingresos. Pues bien, consultadas varias personas vinculadas a esa forma de comercio, todas han coincidido que aumentaron los pedidos de “comisiones” en favor de funcionarios de la Aduana para no retener esos contenedores.
Los medios de comunicación en general (tanto los oficialistas como los opositores) destacan la presunta honestidad de Guillermo Moreno. Suelen repetir que es uno de aquellos funcionarios que parece más una excepción que una regla y que no se ha enriquecido durante todos estos años en la gestión pública.
Suponiendo la veracidad de esas versiones, debemos notar -de todas maneras- que las reglas impuestas por este funcionario aumentaron la posibilidad de se produzcan este tipo de sobornos. Como se sabe, el tiempo en el que un contenedor queda detenido en la Aduana significa una pérdida muy alta para los importadores. Cada mes que pasa se pierde una parte del capital, las posibilidades de mantener una rueda en movimiento y potenciales clientes. Los empleados y funcionarios mal habidos de la Aduana conocen esta circunstancia y se aprovechan de ella. Esto no quiere decir que antes no ocurriera -pues se han sucedido en nuestra historia decenas de hechos de corrupción de los que se han conocido y muchos otros que son mencionados pero que no salen a la luz.
Sin embargo, el hecho de que no haya disposiciones claras sobre las nuevas limitaciones impuestas por el Gobierno, hace que se potencien las posibilidades de hechos de corrupción en el ámbito de la Aduana.
Instamos a los funcionarios pertinentes a encontrar una manera de reducir ese nivel de discrecionalidad. Una medida que no contenga previsiones para evitar los hechos de corrupción es una mala medida, más allá de cuan positivos o negativos sean los resultados que se obtienen.
El tramite de otorgamiento de VISA en la embaja de EEUU es de lo mas discrecional. Depende de una entrevista con un tipo detras de un vidrio quien a su simple juicio, sin dar a conocer motivos ni, por supuesto, ningun procedimiento previo establecido, nos la puede denegar.
Nadie presenta ese procedimiento como corrupto, corruptor ni sospechoso. Se entiende que la discrecionalidad del funcionario da poder al estado, representado por ese funcionario, para filtrar segun un criterio que de ser explicito seria violado (sospechan ellos) y con una capacidad humanada que es muy superior a un multiple choice por largo que sea.
La razon de tolerar y aun valorar la discrecionalidad de un representante del estado en un caso y defenestrarla en el otro, esta mas cerca del prejuicio que de la constatacion de la realidad. Seguramente no hay un sobre con dinero, pero con tan seguramente hay corrupcion en el sentido de negarle la visa a personas sobre las que pesa el prejuicio de la persona o la voluntad de rechazarselo, mas alla de cualquier explicacion del estado.
Corrupcion por sobre o corrupcion por prejuicion, son al menos igualmente dañinas. Si es que la del prejuicio no es peor, toda vez que somos mas temerarios llevandonos por el prejuicio que por la ambicion. (Creo)