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26.diciembre.2012 En: Internacionales, Novedades

¿Pagar o no pagar? Esa es la cuestión

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Durante el último tiempo se han desarrollado algunas posturas tendientes a legalizar los sobornos para poder controlarlos. En la siguiente nota se analiza porqué no sería una buena idea.

El debate por la legalización: Porqué permitir el soborno no ayudaría

Imagínese tener que pagar un soborno para poder casarse, obtener un pasaporte, denunciar un crimen o incluso para pedir asistencia médica. Estos son solo algunos ejemplos sacados de más de 20.000 historias compartidas en el sitio de India ipaidabribe.com. Historias similares pueden escucharse en Grecia, Zimbabwe o México. En efecto, a una de cada cuatro personas en el mundo les pidieron un soborno para poder acceder a un servicio público.
El Primer Vicepresidente y Primer Economista del Banco Mundial, Kaushik Basu, también asesor económico del Gobierno de India, sugirió recientemente legalizar el soborno para que quienes entregan sobornos reporten incidentes sin miedo de ser castigados:
El que entrega sobornos se verá libre de pagos y podrá recuperar su dinero. El que pide sobornos, perderá lo recaudado y será castigado”.

“La legalización parcial de la corrupción puede no ser la mejor solución”, Basu augura. Su razonamiento es simple pero carece de sentido.

El problema no es llevar a la gente a que denuncie la corrupción. 140.000 denunciaron actos de corrupción a nuestros centros de asistencia legal y el 75% de la gente dice que denunciarían actos de corrupción.

El problema es qué pasa después de que la corrupción es denunciada. El problema es la impunidad de aquellos que piden sobornos.

El argumento para legalizar el soborno se sostiene a partir de dos falsas premisas:
1.  Que los pagadores de sobornos no denuncian a las autoridades por miedo de ser castigados ellos mismos

2. Que los que piden sobornos son castigados cuando la corrupción es denunciada. A menudo las persecuciones a quienes piden sobornos fallan por falta de voluntad política de luchar contra la corrupción, falta de recursos o, en el peor de los casos, corrupción en el sistema judicial.

Legalizar no tendría el efecto deseado. Si la aplicación es lenta y costosa, entonces el que paga el soborno podría tener más para ganar quedándose callado. Así, evitaría los costos y molestias de denunciar y no se gana el odio de nadie.

Peor aún ¿Qué pasaría si la autoridad de aplicación habitualmente acepta sobornos?

La corrupción por parte de la Policía es un fenómeno global. Gente en 31 de 100 países encuestados dijeron que la policía era la institución más corrupta de su país. A 63% de los indios que tuvieron contacto con la policía les pidieron un soborno. En Bangladesh, el 64% de los ciudadanos que participaron de un proceso judicial pagaron una coima durante el mismo.

En este contexto, parece difícil que el riesgo de ser castigado por tomar sobornos incremente tanto como Basu predice como para que los oficiales dejen de aceptar los sobornos.

Además, Basu reconoce que:
Una vez que es claro que el que entrega sobornos es inmune a la ley, mucha más gente tiende a pagar sobornos”.

Tanto los tomadores como los pagadores no cambiarán su conducta si los gobiernos no aplican las leyes anti-soborno y las autoridades de aplicación no son independientes y actúan efectivamente.

Es válido tratar de cambiar el comportamiento en lugar de modificar las leyes pero el argumento de la legalización no funciona si las leyes no tienen un mecanismo de coerción.

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