La Procuración ya emitió su dictamen en la causa “Grupo Clarín SA y otros s/ medidas cautelares”, que mantiene interrumpida la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, con duros reproches a los camaristas intervinientes. Allí solicitó a la Corte Suprema que haga lugar al recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional –representado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)-.

En primer lugar, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, opinó que el tribunal del caso había sido mal constituido dado que los jueces Graciela Medina y Francisco De las Carreras no estaban habilitados para rechazar in limine las recusaciones planteadas por AFSCA que los incluían a ellos mismos: “El hecho de que los mismos jueces -cuya imparcialidad una parte pone en cuestión- se arroguen la atribución de juzgar sobre su propia imparcialidad controvierte una idea fundamental que subyace a las garantías constitucionales del debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio: el juzgador imparcial, al que toda parte en un litigio tiene derecho, es un tercero no involucrado en la cuestión a decidir”, dice el dictamen de fecha 26 de diciembre de 2012.

En ese sentido, el dictamen califica como una falta grave que el juez Francisco De las Carreras haya decidido sobre sus propias condiciones para desempeñar el papel de juzgador imparcial, que estaba en tela de juicio a través de un planteo de recusación del magistrado. Cabe recordar, que el desplazamiento del magistrado se había fundado en la aceptación de agasajos por parte de una entidad, CERTAL, financiada por empresas de medios de comunicación, cuando él debía resolver en la causa por la constitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales. Estos mismos hechos, por otra parte, habían motivado la excusación de otros camaristas –el caso de Ricardo Recondo y de Alfredo Gusman-. En cambio, De las Carreras no sólo no se excusó, sino que rechazó con su propia firma las imputaciones que se le formulaban.

En segundo lugar, el dictamen se refirió al fin de la vigencia de la medida cautelar que había declarado la cámara para impedir la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. Gils Carbó sostuvo que la Cámara Civil y Comercial se apartó de los claros términos de los fallos anteriores de la Corte Suprema, cuando resolvió sujetar la vigencia de la medida cautelar a un plazo determinado, que vencía el 7 de diciembre de 2012 ”inexorablemente”.

La Cámara había fundado su decisión de modificar el plazo fijado por la Corte en razón de que ya no había, como antes, posibilidad de que el proceso se demorara excesivamente, porque era inminente el dictado de la sentencia definitiva.

Gils Carbó descalificó esos argumentos: “Si fuera una razón suficiente para revocar el plazo al que se ha sometido una medida cautelar el hecho de que, cuando se acerca su vencimiento, la sentencia definitiva parece inminente, entonces perdería todo sentido la imposición de un plazo. Pues, como regla, cerca del vencimiento del plazo siempre será previsi­ble una sentencia inminente —si es que no la ha habido ya— y, por lo tanto, siem­pre habría una razón para revocarlo, manteniendo así la medida cautelar. Si esa fuera la regla, ¿para qué fijar un plazo en lugar de sólo condicionar la revocación de la medida al dictado de una sentencia definitiva?”.

A partir de ello concluyó que si tiene sentido la imposición de un plazo de vigencia a una medida cautelar, “es precisamente para que a su término la medida cautelar se extinga…”.

Señaló que para prolongar la medida cautelar más allá del plazo, las actoras debieron haber demostrado hechos nuevos que justificaran ese proceder. El dictamen puntualiza que, por el contrario, en las actuales circunstancias, la resolución del juez Alfonso contraria al progreso de la demanda, tiene el efecto de hacer caer la verosimilitud del derecho que había sido tenida en cuenta al momento de decretarla.

Por último, el dictamen descalifica la interpretación que hicieron los camaristas sobre que nunca operó el plazo del año fijado para la implementación de la Ley de Medios Audiovisuales, el cual comenzaría a correr luego de un fallo eventualmente desfavorable. Dice que: “V.E. ha aclarado que ese es el alcance restringido de la medida cautelar —entiendo— al precisar en su pronunciamiento del 22 de mayo de 2012 que el plazo previsto en el artículo 161 ha vencido el 28 de diciembre de 2011 y que la me­dida cautelar dictada ha impedido que ese vencimiento se aplique a la actora (cf., sentencia del 22 de mayo de 2012, G.589.XLVII, considerando 7°)”.

La Procuradora precisó que: “Además de adecuada al objeto de la pretensión principal, y al carácter restrictivo de las medidas cautelares de esta clase, la medida así concebida es sensible a la importancia del interés general que esgrime el Estado Nacional en estas actua­ciones. Como lo sostiene la autoridad de aplicación de la Ley 26.522 en los conside­randos de su resolución             901/2012      , del 12 de julio de 2012, existen razones de peso para enca­rar de modo conjunto el procedimiento de adecuación a las disposiciones del nuevo régimen de servicios de comunicación audiovisual de todos los grupos de medios que exceden los límites establecidos por la Ley 26.522”.

Mañana la Corte Suprema se reunirá en acuerdo para tratar el tema. Habrá que ver qué dicen  entonces.

Un nuevo mensaje “Mercado y Transparencia con la primicia del dictamen de la Procuradora General sobre el caso Clarín”

1. Pilar dice:

   27 diciembre, 2012 a las 15:27

   Que raro que publicaron algo sobre la Ley de Medios… la ultima vez fue en 2010 si mal no recuerdo. Felicito la iniciativa!

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