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Senado: radicales, contra los candidatos a jueces federales

La mayoría K aprobó ayer en comisión el pliego de Luis Rodríguez y los otros postulantes.

El kirchnerismo logró la mayoría de votos para aprobar en comisión los pedidos de acuerdos de 34 postulantes a jueces, fiscales y defensores oficiales propuestos por el Poder Ejecutivo al Senado. El paquete incluye al cuestionado Luis Rodríguez, elegido para ocupar uno de los cuatro juzgados vacantes en los estratégicos juzgados federales de Comodoro Py y cuestionado por organizaciones cercanas al oficialismo.

El kirchnerismo logró la adhesión del justicialista pampeano Carlos Verna . Sin embargo, dejaron fuera al salteño Julio Bavio, elegido para el juzgado federal 1 de Salta. Los pliegos se votarán en el recinto en la sesión prevista para el 3 de octubre.

El radicalismo resolverá la semana que viene si hace un dictamen en minoría o si expresa su disidencia respecto de los cuatro candidatos a las vacantes en Comodoro Py. Igualmente, ese bloque ya tiene definido su voto negativo para esos cuatro postulantes (ellos son Rodríguez, Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello y Sebastián Ramos) y tiene reparos sobre otros dos, Bavio y Marcos Aguerrido, propuesto para un tribunal oral federal en La Pampa.

El argumento de los radicales es que para ellos el concurso 140 sobre las cuatro vacantes que hay hace años en los juzgados federales penales porteños debería haberse hecho de nuevo. Así por lo menos lo expresaron sus representantes en el Consejo de la Magistratura cuando el oficialismo aprobó la terna ampliada.

Rodríguez -actual juez del fuero penal ordinario- fue justamente uno de los protagonistas del escandaloso concurso en el que algunos aspirantes habrían conocido de antemano el contenido del examen escrito que se supone secreto. Como prueba de ello se esgrimió el pedido que hizo una secretaria suya a un juzgado federal de un expediente muy parecido al caso que él debía resolver en el examen.

Pero Rodríguez fue cuestionado además por organizaciones cercanas a las políticas del Gobierno, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y las Abuelas de Plaza de Mayo. También recibió impugnaciones de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Unión de Usuarios y Consumidores.

El CELS le reprochó “escaso interés por realizar una investigación diligente” en una causa paralela a la del homicidio del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra. Según la entidad, por su actuación se habría perdido prueba relevante. Rodríguez procesó la semana pasada al sindicalista ferroviario José Pedraza por un presunto tráfico de influencias para lograr la excarcelación de otro detenido mediante coimas a jueces de la Cámara de Casación.

En la audiencia pública del miércoles, Rodríguez admitió ser amigo del sindicado operador judicial del kirchnerismo, Javier Fernández, auditor de la Nación.

Clarín