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Senado: abren el expediente a dos ONG (Clarín)

Rafecas basó su resolución en que estas asociaciones representan “intereses colectivos”, así como las víctimas individuales de un delito velan por sus intereses personales. De esta manera, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención para la Criminalidad Económica (CIPCE) podrán compulsar el expediente tanto como los ex funcionarios imputados, el fiscal del caso y los querellantes.

El Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional establecen que, por regla, los sumarios penales son secretos, salvo excepciones muy puntuales. Según la resolución de Rafecas, notificada los primeros días de este mes, las dos ONG no podrán acceder —en cambio— a “la documentación reservada” y la que “se relacione directa o indirectamente con el ámbito de las partes involucradas”. Sí podrán compulsar el sumario y, eventualmente, pedir que se las tenga a ellas por querellantes.

ACIJ y CIPCE hicieron planteos similares —con menos suerte— en otros casos sobre corrupción en la política. Argumentan que los tratados internacionales que se incorporaron a la Constitución Nacional en 1994 fijan como regla absoluta la publicidad de estos expedientes en virtud del interés público que despiertan y del ejercicio pleno del derecho a la información.

La causa sobre las coimas en el Senado es clave: trata sobre el presunto pago de sobornos por parte de un gobierno, el de la Alianza, para lograr la sanción de una ley, la de Reforma Laboral. A fines del año pasado, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de nueve acusados, pero ordenó tantas medidas de prueba adicionales que la investigación entró en riesgo de prescripción.

Hace pocos días, el juez Rafecas ordenó extender la investigación a los bienes de otros veinte senadores que no fueron mencionados hasta ahora.