04.10.07 // Novedades, NOVEDADES

San Luis entre las siete provincias con peor administración de Justicia (Periodistas en la Red. San Luis)

El informe, presentado el martes pasado en la Sala Emilio Mignone del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cristaliza el trabajo de diversas Ong de las provincias de Jujuy, Santiago del Estero, San Luis, Neuquén, Tucumán y Tierra del Fuego, y enumera una serie de coincidencias y particularidades en los mecanismos empleados por los poderes políticos locales, para asegurarse el permanente control del sistema judicial.

Ezequiel Nino, integrante de ACIJ, señaló que “Nuestra organización está dedicada a tareas de fortalecimiento institucional, control de gobierno e independencia judicial, y a la protección de grupos económicamente desaventajados”.

Respecto al informe, Nino señaló que “Nuestra idea ha sido darle alcance nacional a la falta de independencia judicial que se registra en algunas provincias, y para eso le hemos pedido a algunas ong provinciales que elaboren un informe, que describa cabalmente la situación que atraviesan. Un aspecto central de este informe es el permanente avasallamiento del Poder Judicial por parte del poder político.”

“El informe muestra no un estado de excepcionalidad, sino que describe un patrón de conductas que se repiten en todos los casos analizados, por lo que el problema pasa a ser nacional. Tenemos una justicia que no es independiente y en los últimos años la situación se ha agravado mucho.”

El informe, presentado ante la Federación Argentina de Magistrados; ante el Relator por la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Leandro Despouy; y ante la Comisión por la Independencia Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señala que “El principio de la intromisión política en la Justicia, suele situarse en una cadena donde los organismos encargados de elegir y sancionar a los jueces están conformados por personajes cercanos a los gobiernos locales y dominados por mayorías leales al poder de turno. Pasa con las cortes supremas provinciales, con los consejos de la magistratura y con los jurados de enjuiciamiento. Las maniobras son burdas y a la vista de todo el mundo, y también con frecuencia son protagonizadas por corporaciones económicas”.

En el caso de Jujuy, el informe señala que “Tres de los cuatro jueces supremos nombrados por el gobernador Eduardo Fellner con acuerdo de la Legislatura (controlada por el oficialismo) están ligados a él: uno fue su socio de estudio jurídico; otro conducía el Tribunal de Cuentas y una jueza fue su asesora y fiscal de Estado. Ellos, a su vez, mediante una lista discrecional proponen a los jueces inferiores, que aprueba el Ejecutivo con acuerdo legislativo, sin concursos, ni audiencias públicas, ni participación civil alguna. Hay un 20 por ciento de puestos judiciales vacantes y el sistema se encuentra “colapsado”. El “vaciamiento” del Poder Judicial jujeño podría agravarse con una nueva ley de jubilaciones a la que se acogería casi la mitad de los jueces”

Según el informe “La Justicia neuquina fue “colonizada” por el gobierno de Jorge Sobisch. En 2001 un diputado de la Alianza lo filmó y grabó ofreciéndole “un crédito bancario del banco provincial” a cambio de dar quórum en la sesión que aprobaría a sus candidatos favoritos, incluido su abogado personal. Sobisch fue denunciado por la fiscalía de delitos contra la administración pública, pero luego el juez Roberto Abelleira, que lo sobreseyó sin llamarlo a declarar, fue ascendido. Los camaristas que también los exculparon (Roberto Fernández y Jorge Sommariva) pasaron a ocupar cargos en la Suprema Corte provincial y el fiscal Ricardo Mendaña, que pidió la reapertura del caso, terminó destituido en un cuestionado juicio político. La nueva corte local, además de confirmar la inocencia de Sobisch, reformó la fiscalía que lo había denunciado y su nuevo titular, un deudor incobrable del banco provincial, pidió el traslado de tres fiscales que seguían los casos de corrupción porque “no tenía química con ellos”. La reforma constitucional de 2006 creó un Consejo de la Magistratura donde cuatro de los siete miembros responden al gobernador.”

En el caso de Tucumán el informe asegura que el reelecto gobernador Alperovich (el que repartió inodoros el día de la elección) “creó un Consejo Asesor de la Magistratura con mayoría de representantes políticos que le responden, donde el Colegio de Abogados, que cuestionó los cambios, quedó excluido de integrarlo. El jurado de enjuiciamiento también quedó formado “por una abrumadora mayoría política que es una amenaza permanente para los jueces que persigan penalmente a funcionarios. La Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a un amparo y frenó la reforma, pero la Legislatura retrucó y creó una “Súper Cámara Administrativa” para revisar los fallos de la Cámara, con el argumento de asegurar la doble instancia, pero olvidando que en Tucumán no existen los juzgados de Primera Instancia, que son los que corresponden. En diciembre último una ley invitó a los jueces a jubilarse con el 85 por ciento móvil y podrían quedar 50 vacantes disponibles. Alperovich desafió las críticas diciendo que “No voy a resignar el poder que me da el voto de la gente, por lo que voy a poner a los mejores jueces”.

En Santiago del Estero, luego de la intervención federal de 2004, todos los jueces fueron puestos en comisión y carecen de estabilidad. Esto duraría hasta que pasen por exámenes en el Consejo de la Magistratura local, pero no hay plazos ni convocatoria para las hipotéticas evaluaciones. La mayoría de los consejeros de la magistratura le deben sus cargos al gobernador radical Gerardo Zamora o son referentes de su partido, como así también a los jueces del Superior Tribunal los nombró Zamora sin habilitar impugnaciones. Sólo dos de ellos tienen carrera judicial, uno viene del ámbito privado y el resto solo muestra en su historial cargos políticos.”

En cuanto a San Luis el informe consigna que “En 1996 una campaña de desprestigio desde el diario de la familia gobernante llevó a la renuncia de cinco ministros del Superior Tribunal y todos sus reemplazantes surgieron de cargos políticos. En 1998 fueron destituidas e inhabilitadas las juezas Adriana Gallo, Ana María Careaga y Silvia Maluf de Christin por adherir a una denuncia del Colegio de Abogados contra la administración provincial.”

“En 2005, el Ejecutivo modificó las leyes del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento con el único fin de evitar la intervención federal, pero continuó la falta de garantías y la discrecionalidad en la selección de jueces y fiscales, por lo que ya casi nadie se postula. El 30 por ciento de los funcionarios judiciales son provisorios y la fiscal Gretel Diamante denunció ante la Procuración General de la Nación que desde 2004 las personas nombradas en cargos judiciales eran obligadas a firmar su renuncia en forma anticipada para obtener acuerdo del Senado. Diamante fue, a su vez, denunciada ante el Jury por “desprestigio del Poder Judicial”.Por la causa de las renuncias anticipadas fueron procesados el ex ministro de Legalidad, Sergio Freixes y su vice, Mario Zavala.”

En cuanto a Tierra del Fuego el informe señala que “En 2000, el ex gobernador menemista Carlos Manfredotti (PJ) impuso la jubilación obligatoria y anticipada de magistrados y funcionarios judiciales para lo que bastaban cinco años de aporte y 50 de edad, asegurándoles una retribución estimada en los 15 mil pesos. Vació íntegro el Superior Tribunal y el 80 por ciento de las Cámaras. Incluso los nombramientos de la Corte quedaron en manos del Consejo de la Magistratura, dominado por el oficialismo, que aprobaba jueces con sólo una entrevista y un escrito. El superior tribunal llegó a tener 17 conformaciones distintas desde 1994 y quedó acéfalo en 2002. Asumieron Ricardo Klass, ex abogado de Carlos Menem, y Mario Robbio, cuestionado por su participación en la última dictadura. Klass renunció, con más de 100 denuncias penales en su contra”.

La presentación del informe fue descripta ayer por el diario Página12, que colocó el tema entre sus principales títulos pero, sugestivamente, la edición de papel no llegó a los quioscos de la provincia.

Informe: Gustavo Heredia

Periodistas en la Red

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