Mesas por el Acceso a la Justicia 2018

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Durante el mes de abril de 2018

Continuando las actividades desarrolladas durante 2017 a partir de la “Semana por el Acceso a la Justicia”, se realizaron las mesas por el Acceso a la Justicia. El evento fue un espacio de diálogo y reflexión sobre las principales problemáticas vinculadas al acceso a la justicia en el país, y cómo ellas impactan en la posibilidad de vehiculizar otro derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). Se realizaron dos mesas temáticas:

Acceso a la Justicia y Pueblos Originarios: “Diagnóstico y propuestas de políticas públicas. Aportes desde del Estado y la Sociedad Civil”
 Jueves 12 de abril, en  25 de mayo 1095, Centro de Acceso a la Justicia, Tucumán.

Acceso a la justicia en la niñez y la adolescencia: “Discriminaciones por razones de edad, violencias, maltrato y abuso, e impactos diferenciales sobre las/os niñas/os en el acceso a la justicia”
18 de abril de 2018, en Legislatura Provincial, Rivera Indarte 33, Planta Baja, Sala Comisión 1.

El acceso a la justicia es un derecho fundamental, estrechamente vinculado con la garantía constitucional del debido proceso legal y la inviolabilidad de la defensa en juicio. Es, a su vez, un derecho que permite vehiculizar otros derechos. Sin un adecuado acceso a la justicia, los ciudadanos se ven imposibilitados de ejercer sus derechos, desafiar la discriminación, hacer oír sus voces y exigir rendición de cuentas a sus gobernantes.

Gran parte de la población argentina no obtiene una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas. Son muchas las barreras que dificultan el acceso a la justicia. Estas barreras afectan especialmente a grupos vulnerables en términos de género, etnia, edad, discapacidad, identidad sexo-genérica, situación migratoria o social.

Las barreras de acceso a la justicia son múltiples y no existe hasta el momento un diagnóstico que sirva de insumo para la elaboración de políticas públicas y proponga un conjunto de reformas necesarias con el fin de incrementar el acceso a la justicia para los sectores más des aventajados.

Para comenzar a revertir esta problemática es necesario generar instancias de diagnóstico y de discusión colectiva con alcance federal, e iniciar procesos de reformas normativas en relación a los múltiples obstáculos y barreras que presenta el ejercicio de este derecho.

Por ello, nos propusimos realizar mesas de discusión en diferentes jurisdicciones del país. Estas mesas intentaron ser un insumo para la discusión y formulación de propuestas de reformas de políticas públicas. Durante las jornadas, se promovió en forma abierta y participativa la construcción de consensos para establecer una agenda de reformas, involucrando a los actores principales: tomadores de decisiones, sectores académicos, sociedad civil y organizaciones de base.

Tucumán 

“Acceso a la Justicia y Pueblos Originarios. Diagnóstico y propuestas de políticas públicas”. Aportes desde del Estado y la Sociedad Civil.

Jueves 12 de abril , 25 de mayo 1095, Centro de Acceso a la Justicia, Tucumán.

El Acceso a la Justicia en Argentina es una problemática que afecta al común de los habitantes, pero que se agrava cuando hablamos de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Ante este panorama, se torna necesario generar instancias de discusión colectiva en relación a los múltiples obstáculos y barreras que presenta el ejercicio de este derecho, que como tal, se lo considera una puerta al pleno disfrute y garantía de los demás derechos. Sin embargo, gran parte de la población no obtiene una respuesta satisfactoria a sus necesidades de acceder a la justicia, por la presencia de múltiples barreras u obstáculos que lo dificultan, impiden o restringen.

El acceso a la justicia se configura como un derecho humano fundamental, tal es así que se habla del Acceso a la Justicia como el Derecho a tener Derechos, cuenta tanto con reconocimiento nacional como internacional y si bien se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es abarcativo de otras dos dimensiones. Una, material, se vincula con la implementación de políticas públicas que apuntan a revertir brechas estructurales. Otra, simbólica-cultural, se vincula a las concepciones y creencias contemporáneas respecto a la existencia (o no) de Pueblos Indígenas y cuestionamientos ligados a la pertenencia identitaria. Las políticas públicas existentes se muestran cuando menos insuficiente para revertir los principales déficits en el acceso a la justicia y garantizar el pleno goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) para los pueblos indígenas.

Por ello, esta mesa abordó la situación actual, identificando los puntos prioritarios para el armado de una agenda común entre todos los actores estratégicos que deben intervenir en las discusiones sobre las políticas de acceso a la justicia.

En este sentido, se reflexionó en relación en torno a las siguientes cuestiones: ¿Cuál es el rol del Estado frente a los sistemas alternativos de derecho Indígena? ¿Cuál es el grado de receptividad, reconocimiento e implementación de la normativa internacional y nacional en materia de Derecho Indígena?¿En qué medida se implementan los estándares fijados por el Convenio 169 y demás normativa internacional, en particular en relación al derecho a la Consulta Libre Previa e Informada? ¿En qué medida el sistema se muestra receptivo para el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho colectivo y de los mecanismos comunitarios de resolución de conflictos? ¿Cuál es el grado de implementación de la Ley 26.160 en relación al relevamiento jurídico, técnico y catastral de las tierras de posesión ancestral? ¿ En qué medida se suspendieron las medidas judiciales,que involucraron territorio relevado (Ley 26160)? ¿Qué políticas públicas se implementan para abordar la seguridad jurídica en la posesión del territorio comunitario?  ¿Cuáles son los principales desafíos que debe afrontar el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en propuestas para suprimir las barreras de accesibilidad que atraviesan las comunidades originarias y sus integrantes? De qué manera se pueden incluir estas demandas en las agendas gubernamentales ?

Organizaron: ACIJ, NAMATI, ANDHES, INECIP, DIRECCIÓN NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, Centro de Acceso a Justicia de Tucumán (CAJ), #JusticeForAll
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Córdoba 

Acceso a la justicia en la niñez y la adolescencia: “Discriminaciones por razones de edad, violencias, maltrato y abuso, e impactos diferenciales sobre las/os niñas/os en el acceso a la justicia”

 18 de abril de 2018, Legislatura Provincial, Rivera Indarte 33, Planta Baja, Sala Comisión 1.

La Convención de los Derechos del Niño (CDN) establece que en todas las medidas que tomen las instituciones públicas vinculadas a los/as niños/as deben atender “el interés superior del niño”. Sin embargo, ésto no suele verificarse ni en las instancias administrativas ni judiciales, donde las prácticas, procedimientos y mecanismos establecidos no vehiculizan la voz de los/as niños/as y adolescentes, ni suelen ser vistos/as como sujetos de derechos en los procesos que impactan sobre su vida cotidiana y su plan de vida futuro.

El Estado, a pesar de los compromisos asumidos, se muestra cuando menos ineficiente para prevenir, identificar, investigar y tratar situaciones de explotación y abuso en la infancia y en adoptar las medidas para promover la recuperación física y psicológica de las víctimas.

Por ello, esta mesa abordó los principales problemas de acceso a la justicia a partir de diferentes situaciones de discriminación y vulnerabilización en razón de la edad, planteando los factores que favorecen y dificultan la protección integral de las/os niñas/os y adolescentes de cara al efectivo ejercicio de derechos tutelados, tanto en la normativa nacional como supranacional, buscando generar propuestas y planteando desafíos futuros para el sistema de justicia.

Si bien se han verificado avances en materia legislativa en el acceso a la justicia en la infancia y adolescencia, aún el déficit continúa siendo muy grave por la presencia de diferentes barreras tanto administrativas, geográficas, simbólicas, económicas, culturales, que impiden el ejercicio efectivo de derechos. En este sentido, se avanzó en la identificación de las prácticas institucionales insertas en el actual sistema de justicia que cercenan los derechos de los/as niños/as.

También se abordaron algunas temáticas críticas que agravan la situación de acceso a la justicia en la niñez, tales como las situaciones de maltrato, abuso, las prácticas de revinculación y el síndrome de alienación parental (SAP). Asimismo, se dio cuenta de programas y buenas prácticas implementadas en diferentes ámbitos y organismos en pos de velar por la efectividad de los derechos.

Así, nos propusimos reflexionar sobre los desafíos para un acceso a la justicia igualitario en nuestro país. Convocamos, para ello, a los principales actores en la temática -incluyendo aquellos que tienen responsabilidad o posibilidad de incidencia en el diseño, elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. De esta manera, queremos dar inicio a un proceso más amplio de generación de sinergias y de conocimientos para la formulación de propuestas de mejoras del acceso a la justicia para las/os niñas/os y adolescentes.

Organizaron: ACIJ, NAMATI, Colectivo de Derechos de Infancia y adolescencia , Observatorio de derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, Servicio Habitacional y de acción social (SEHAS),DIRECCIÓN NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, Centro de Acceso a la Justicia de Córdoba (CAJ), #JUSTICEFORALL. Apoya: TINKER

 
 
 
 
 
 
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