29.08.14 // Presupuesto y Derechos Humanos (medios), Villas e Integración Urbana (medios)

Represión, pobreza y negocio inmobiliario en la Ciudad

El Pro subejecuta las partidas del presupuesto asignadas a vivienda. El monto de seguridad duplica al proyectado para resolver el problema habitacional. Pobreza, represión y negocio inmobiliario.

El argumento judicial para desalojar el barrio Papa Francisco era desbaratar una supuesta banda dedicada al narcotráfico, asentada en ese territorio e identificada en allanamientos realizados en marzo de este año. La Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional ingresaron al barrio, asentado desde febrero en terrenos aledaños a la Villa 20, esgrimiendo la orden correspondiente y, entre gallos y medianoche, desalojaron a 500 familias de manera violenta, publicó la Revista Veintitrés.

El accionar represivo de la policía fue un calco de otras intervenciones de la Metropolitana. Golpes sin medir a quién y la consecuente desesperación de mujeres y niños tratando de evitar los palos. Pero más allá de los argumentos judiciales, lo cierto es que a una semana de la represión, las víctimas del desalojo son las familias de bajos recursos que vivían en esos terrenos, correspondientes a la Comuna 8. Hasta ahora no trascendieron resultados sobre el anunciado desmembramiento de presuntos grupos delictivos afincados en el lugar. Más bien, según confirmaron autoridades nacionales y dirigentes opositores porteños, los individuos identificados como “los violentos” continúan allí, en la zona lindante con la manzana 30.

A esta altura está claro que el desalojo es una política del gobierno porteño, al que no le interesa demasiado cuidar a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad cuando se trata de recuperar espacios que considera de su propiedad. Y los problemas de vivienda que padecen muchas familias afincadas en el distrito no son una prioridad de la gestión macrista, a contrapelo del boom inmobiliario que estalló desde que Mauricio Macri gobierna la ciudad de Buenos Aires en los barrios de clase media y en las zonas donde el Pro quiere hacer negocios. Alcanza con revisar los números, para corroborar con frialdad hasta qué punto Macri no destina un centavo para solucionar el problema social de fondo.

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), al que accedió Veintitrés, demuestra cómo el Gobierno porteño subejecuta el presupuesto asignado al área vivienda. Los organismos evaluados por ACIJ fueron la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (SECHI), el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), la Unidad de Gestión e Intervención Social, la Corporación Buenos Aires Sur, la Unidad Ejecutora de la Ex AU3 (Ministerio de Desarrollo Urbano), la Dirección General de Atención Inmediata (Ministerio de Desarrollo Social).

En cada una de las áreas evaluadas se observa un bajo nivel de ejecución, a excepción de la Corporación Buenos Aires Sur, que insumió en el primer trimestre el 63%. En todos los demás ítems, la ejecución fluctúa entre el 14,7 del primer trimestre desde la UGIS, y el 5,6% del presupuesto asignado que se gastó desde la SECHI. Es notable observar, en el desagregado por programa de esta secretaría, la desproporción entre el 19,6% que se destinó a Actividades Comunes y el 0,1% invertido en el rubro Hábitat. Respecto del programa Mejoramiento de Villas, de esta misma secretaría, la meta física era otorgar subsidio a 37 cooperativas; pero en el primer trimestre todavía no existían datos respecto de los subsidios otorgados. Su ejecución fue prácticamente nula.

El Instituto de Vivienda de la Ciudad tenía asignado un presupuesto, para este 2014, de 957.270.900 pesos, de los cuales el IVC sólo ejecutó el 11,5%. En el desagregado por programa se nota que los rubros Actividades Comunes y Rehabilitación La Boca son los únicos que muestran un alto nivel de ejecución, que contrasta, por ejemplo, con el 0% de ejecución para el programa Reintegración y Transformación de Villas.

En las conclusiones del informe de ACIJ se señala que en el gobierno porteño prima la política de emergencia por sobre la política habitacional estructural. “No es casual que sean los programas que atienden la emergencia habitacional aquellos que presentan grados de ejecución más altos, sin la complementariedad necesaria de los programas que brindan soluciones habitacionales estructurales”, se señala, y termina aconsejando a los organismos involucrados que trabajen en conjunto para dar una solución definitiva al déficit habitacional.

En el mismo sentido se expresa un informe parlamentario de la diputada Claudia Neira, del FPV, al sostener que “las soluciones habitacionales que se podrían concretar a través de construcciones de viviendas sociales vienen en caída constante desde 2008. En cambio, las políticas de corto plazo de emergencia habitacional que se ofrecen desde la DAI (Dirección de Asistencia Inmediata) vienen en crecimiento”.

Otro documento presentado por la misma diputada señala, respecto del presupuesto 2014 del GCBA, que el 83% irá a parar a gastos corrientes, es decir, salarios y bienes de consumo. “Por otro lado –señala el informe Neira–, y al analizar algunas áreas específicas, se exhibe que el gasto en vivienda fluctúa apenas 1,84% en comparación con el gasto vigente 2013, lo cual demuestra una variación negativa bastante importante (…) Aquí se cristaliza nuevamente la política macrista que interviene activamente en pos de una ciudad librada a la lógica del mercado inmobiliario”.

Como consecuencia del violento desalojo, unas 500 familias que aguardaban una respuesta seria a su drama habitacional volvieron a quedar a la intemperie.

En este punto, es interesante comparar las partidas presupuestarias que destina el Pro a Vivienda y a Seguridad, las dos áreas involucradas en el desalojo. Macri destina apenas el 2,14% del presupuesto a Vivienda y el 4,46% a Seguridad, según datos relevados por La Fábrica Porteña, el observatorio kirchnerista dedicado a temas sociales y laborales. El informe, consultado por esta revista, ratifica la subejecución del Pro en varias áreas, entre ellas Vivienda, desde 2008. “Durante los dos primeros trimestres los fondos sancionados para Vivienda tuvieron las ejecuciones más pobres. A pesar de la crisis habitacional, se destinó apenas 2,14 pesos de cada 100 para resolver la problemática, exactamente la mitad de lo estipulado para seguridad”. La subejecución de partidas también se registra en otras áreas sociales. Según La Fábrica Porteña, por ejemplo, también afecta las obras de infraestructura en los hospitales, con una ejecución del 22,2%, y el plan de riesgo hídrico, con apenas un 6,4 por ciento ejecutado en las obras del arroyo Maldonado.

A pesar de la inversión en Seguridad, la policía de Macri es objeto de innumerables críticas. Tanto por su acción como por su inacción, en otras circunstancias. Una de las cuestiones a resolver de inmediato, según varias fuentes consultadas para esta nota, es la redacción de un protocolo de actuación en desalojos. Cuando los legisladores interpelaron al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, después de la represión en el Hospital Borda, le exigieron la confección de ese protocolo. “Desde diciembre hasta ahora que lo vienen prometiendo, pero no lo hicieron”, afirma Neira, para quien “hay mucho de improvisación” en el manejo que el Pro hace de la seguridad, a pesar de jactarse de haber creado una policía local. Los efectivos cuentan con un instructivo que circula en fotocopias.

Lo cierto es que tanto el accionar de la Policía Metropolitana como el de Gendarmería fue repudiado por casi todo el arco político. El Movimiento Evita, el Partido Obrero, el MST-Nueva Izquierda cargaron contra las fuerzas de seguridad que, incluso, hirieron al legislador porteño Pablo Ferreyra durante el desalojo. El Pro defendió el operativo y el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, intentó lavarse las manos. Desde el Frente para la Victoria, Andrés Larroque cuestionó el accionar de las autoridades porteñas “porque no pensaron cómo asistir a las cientos de familias que quedaron en la calle”. El diputado, uno de los primeros en alzar la voz contra “la brutal represión”, la comparó con la que ejerció la Metropolitana en 2013 en el Hospital Borda. “Acá golpearon a personas que sólo querían rescatar sus pocas pertenencias”, dijo. Sin embargo, también fue cuestionado el rol de la Gendarmería.

El diputado Alejandro Bodart, del MST-Nueva Izquierda, no hizo diferencias entre ambas fuerzas de seguridad. “Sergio Berni y Mauricio Macri se jactan de echar a 500 familias con chicos a la calle a punta de pistola”, afirmó, y reiteró que “este desalojo corona no sólo la inacción macrista para urbanizar el barrio, sino también la campaña de estigmatización” que montaron algunos medios de comunicación en torno al barrio tras el asesinato de Melina López, ocurrido cerca del predio el 19 de agosto pasado. Es más, aunque los autores del crimen aún no fueron identificados y no habrían estado viviendo en el asentamiento, también se intentó vincular el desalojo con un operativo para esclarecer la muerte de la joven de 18 años. Pero, al cierre de esta edición y como si se tratara de una paradoja, no trascendieron detalles nuevos sobre los responsables de esa muerte ni sobre los supuestos grupos narcos asentados en el lugar. Más bien sucedió lo contrario. Ya que trascendió, por una denuncia de los vecinos desalojados que permanecían en las inmediaciones del predio, que durante el operativo conjunto de la Metropolitana y la Gendarmería no fue desalojada el área lindante con la manzana 30 donde estarían afincados “focos violentos vinculados al delito”. La jueza María Gabriela López Iñíguez difundió un comunicado en el que pide explicaciones sobre esa situación que dejó afuera del operativo al sector “más problemático”, supuestamente vinculado “con los focos delincuenciales” y “con la tenencia ilegal de armas y el comercio de drogas”. Al ser consultado sobre este particular en Radio América, Berni confirmó esta denuncia. “Sí, así fue”, dijo ante una consulta de esta cronista, y precisó que la orden judicial incluía esa franja de territorio y que, en consecuencia, la Policía Metropolitana, a cargo de Guillermo Montenegro, tendrá que dar explicaciones sobre este hecho. López Iñíguez calificó lo ocurrido de “inexplicable” y solicitó que se abra una investigación.

En cuanto a las responsabilidades, más allá de la que tienen las autoridades, Gustavo Vera, legislador y titular de la Fundación La Alameda, señaló a Marcelo Chancalay como el primer instigador de la toma de los terrenos donde se asentó el barrio Papa Francisco, en febrero de este año. Vera afirmó que este puntero, señalado como parte del macrismo en la zona, trabajó con todos los gobiernos porteños. “Chancalay es empleado del Gobierno de la Ciudad”, afirmó Vera en diálogo con Veintitrés, aunque admitió que en las últimas elecciones participó dentro de UNEN. Según Vera, “Chancalay instigó la toma poco después de la devaluación de este año, debido a sus fuertes vínculos con la policía y el gobierno”. De ese proceso, surgieron 30 delegados independientes que comenzaron a trabajar en políticas y propuestas para sanear y urbanizar el lugar, incluso con asesoramiento de profesionales y profesores de la Universidad de Buenos Aires. Pero todo esto fue abortado ahora por la represión estatal.

La Alameda presentó una acción de amparo “para exigir la urbanización de la Villa Nº 20 en el marco de la Ley de Urbanización Nº 1.770 y la protección inmediata de todas las familias desalojadas que se encuentran en situación de calle”. Ante el incumplimiento de la normativa, Vera denunció a Macri, Montenegro, el jefe de la Policía Metropolitana Horacio Giménez, el subjefe Ricardo Pedace, la ministra de Seguridad de la Nación Cecilia Rodríguez y contra Berni. Los considera responsables de violación de los deberes de funcionario público, abandono de personas, mal desempeño de las funciones inherentes al cargo, abuso de autoridad y producción de actos discriminatorios, xenófobos y racistas. Vera considera que tanto el gobierno porteño como el nacional hicieron muy poco para evitar la situación.

Por otro lado, también trascendió que el Pro desalojó el predio porque Macri quiere avanzar con el Master Plan Comuna 8, un proyecto de urbanización para reacondicionar el sur de la ciudad que todos los años intenta debatir en la Legislatura y queda en el tintero. Los terrenos desalojados no pueden ser utilizados sin ser saneados porque están contaminados ya que ahí había un cementerio de autos del que aún queda una parte entre las calles Escalada y Cruz.

El sábado 23 de agosto, una vez más, las topadoras destruyeron las viviendas precarias que habían sido levantadas en el barrio Papa Francisco por ciudadanos despojados del derecho a un techo digno. Como consecuencia del violento desalojo, unas 500 familias que aguardaban una respuesta seria a su drama habitacional volvieron a quedar a la intemperie. Algunos aceptaron pernoctar en los paradores del gobierno porteño, otros volvieron a la Villa 20 y algunos aún resistían en las cercanías de la avenida Cruz con la esperanza de conseguir una respuesta digna de parte del gobierno porteño. Una historia que se repite. Una deuda pendiente.

Revista Veintitrés