30.10.09 // Novedades, NOVEDADES

Reclamar, un derecho legal (Página/12)

Cinco vecinos de las villas 31 y 31 bis fueron absueltos ayer en una causa en la que estaban imputados por “obstrucción de la vía pública” en la autopista Illia, hace poco menos de un año. Los vecinos reclamaban la urbanización del barrio y la participación en las audiencias de la demanda iniciada por el gobierno porteño contra la Nación para que detuviera la construcción de casas que están fuera de la normativa edilicia en la villa. Aunque los argumentos de la sentencia se darán a conocer el 9 de noviembre, durante el proceso se probó que los vecinos habían notificado el corte ante las dependencias policiales locales con anterioridad.

La protesta comenzó en la mañana del 19 de noviembre del año pasado en la autopista Illia. Los vecinos reclamaban participar de una audiencia entre representantes del gobierno porteño y el gobierno nacional en la que se debatía quién tenía autoridad para ordenar la urbanización de la villa.

La decisión de realizar el corte la había tomado la Mesa por la Urbanización, integrada por vecinos, los legisladores porteños Fabio Basteiro y Liliana Parada –testigos en el juicio–, abogados de ACIJ y del Centro por el Derecho a la Vivienda.

Tras algunas horas, una parte de la autopista fue liberada al llegar la promesa de una reunión con representantes del Ejecutivo porteño. Entonces, cinco vecinos se subieron a un patrullero y dieron sus datos para ser llevados al encuentro. Horas después regresaron en subte y sin reunión. Y continuaron con el corte. A ellos cinco se les abriría una causa por violar el artículo 78 del Código Contravencional.

Sin embargo, la jueza María Araceli Martínez decidió ayer absolverlos de culpa, ya que los vecinos habían presentado una nota con 24 horas de anticipación en la comisaría 46ª y en la división policial San Martín. Los agentes de ambas dependencias que recibieron la notificación se presentaron en el juicio y reconocieron sus firmas en los documentos.

“La fiscalía nos acusó de un corte ilegal, pero habíamos presentado con anticipación toda la documentación a la policía. No somos tan atrevidos como para dejar a la gente varada porque sí”, explicó Ramón Ojeda, uno de los vecinos absueltos, y agregó que el objetivo del juicio fue “generar miedo entre las organizaciones y vecinos que quieren reclamar por sus derechos”. Para Amalia Aima, quien también fue absuelta ayer, “se intenta atemorizar a la gente judicializando cada protesta”.

La fiscal había pedido para los vecinos una pena de cinco días de trabajo voluntario en los comedores del barrio y que realizaran un curso de derechos humanos. En ese sentido, Luciana Bercovich, testigo del juicio e integrante de la Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ), apuntó que “muchos de ellos tienen comedores en sus casas y hacen trabajo social todos los días dentro de la villa. Además, en el corte reclamaron por el derecho a una vivienda digna, así que de derechos saben”.

Superado el juicio contravencional, los vecinos continúan reclamando participación en el debate por la urbanización del barrio. Según el gobierno porteño, en la villa hay casas de cuatro pisos de altura que no son seguras y no cumplen con las normativas edilicias. Por eso, en octubre de 2008, demandó al gobierno nacional –ya que las tierras pertenecen a la Onabe– para que detenga la construcción y hasta pidió la demolición de las construcciones en falta. La causa radicada en un juzgado federal no avanzó y el pedido de demolición fue negado.

Los vecinos realizaron una demanda a ambos Ejecutivos por no tener en cuenta su opinión para decidir sobre la urbanización. Así consiguieron que el juzgado federal reconociera el nexo de ambos procesos y unificara las causas. “Recién en 2010 tendremos novedades”, advirtió Bercovich, patrocinadora de los vecinos por ACIJ.

“Desde el día del corte, lo único que se hizo son plazas y canchas. Seguimos sin tener agua y el servicio eléctrico es intermitente. Ningún gobierno se hace cargo de la urbanización, a pesar de todas nuestras presentaciones. Parece que sólo quedan en mesa de entradas. Pedimos que haya decisión política en un problema que ya tiene 70 años”, resumió Aima.

Informe: Nahuel Lag

Página/12

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