26.08.14 // Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios), Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana (medios)

Reclaman que la CIDH trate la acefalia en la Defensoría del Pueblo de la Nación

Seis ONG solicitaron al organismo internacional que conceda una audiencia temática a fin de debatir la falta de designación del titular de la entidad. “La ausencia de esta figura produce que se vuelvan nulas todas las posibilidades de planificar estratégicamente los objetivos de la institución”, consideró Leonel González Postigo del INECIP. “Hay una anomalía muy grande que sólo puede funcionar en un sistema que está bastante viciado desde el punto de vista institucional”, remarcó por su parte Andrés Napoli, director ejecutivo de FARN.

Con el objetivo de “proteger los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública nacional” se creó en 1983 la Defensoría del Pueblo de la Nación. Sin embargo, en la actualidad, este mandato quedó desoído producto de la falta de conducción del organismo.

Este cuadro de situación motivó a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Poder Ciudadano a solicitar una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para debatir la situación actual de la Defensoría del Pueblo de la Nación, “así como los graves peligros y consecuencias nocivas producidas por la vacancia que atraviesa desde el 2009, profundizada por la falta de Defensores Adjuntos desde diciembre de 2013”, informaron las organizaciones en un comunicado común.

Además, a 246 días de un estado de acefalia (contados a la fecha de la presentación ante la CIDH) las ONG tildaron como “inciertas” las facultades del “designado provisorio”. Este hecho “atenta contra el cumplimiento íntegro de la misión y actividades de la entidad”, denunciaron en el documento elaborado en conjunto.

El último Defensor designado fue Eduardo Mondino, cuyo mandato venció en diciembre de 2009. Luego, lo sucedió su adjunto, Anselmo Sella, quien dejó el cargo en diciembre del año pasado.

Desde entonces, el secretario general de la institución, Carlos Haquim, está cargo de administrar de la Defensoría. “Él no fue elegido por el Congreso de la Nación sino por una comisión parlamentaria. Esto demuestra que hay una anomalía institucional muy grande y que sólo puede funcionar en un sistema que está bastante viciado desde el punto de vista institucional”, indicó a gestionpublica.info Andrés Napoli, director ejecutivo de FARN.

El pedido realizado por las ONG ante la CIDH advierte que esta situación irregular produce una fuerte vulnerabilidad institucional ya que la población se encuentra en un estado de “indefensión” en relación a sus derechos.

“La Defensoría es el principal órgano encargado de la promoción de los derechos humanos y el control de la administración pública” afirmó Renzo Lavin, codirector de ACIJ. Mientras no se designe al titular, quedará limitada “la posibilidad de gestionar todos los reclamos que llegan a la institución”, añadió.

Lavin recordó que en el pasado el organismo “tuvo un accionar relevante en conflictos que vulneraban el derecho de los consumidores, en problemáticas vinculadas al medio ambiente e, incluso, intervino en la actuación por el saneamiento del Riachuelo y en una causa de derecho indígena”.

Para Leonel González Postigo de INECIP, el rasgo distintivo de la figura del Defensor reside en su prestigio “moral, intelectual y social”. Quien sea designado es preciso que tenga el conocimiento para actuar en las tareas del organismo y que pueda lograr “una capacidad de conducción de cara a la sociedad” con el fin de generar “canales concretos de vinculación con la ciudadanía”, añadió.

El nombramiento del titular de la Defensoría precisa del voto de al menos dos tercios de los legisladores de ambas cámaras. Además, el candidato para dicho cargo, deberá ser propuesto por una comisión bicameral permanente, integrada por siete senadores y siete diputados.

La designación de este puesto “requiere de un consenso amplio” ya que se tienen que poner de acuerdo la mayoría de “las fuerzas políticas en la elección de una persona para cumplir ese rol”, expresó Lavin e indicó que el oficialismo “hizo una propuesta” a fin del año pasado pero no contó con el visto bueno del arco opositor. Esto evidenció la falta de “interés de las fuerzas mayoritarias para designar al Defensor”, recalcó.

En el caso de que la CIDH conceda la audiencia, las ONG buscarán “poner en conocimiento el estado de situación descripto”, informó González Postigo. Y añadió que el organismo internacional “podrá obtener información de primera calidad sobre la actualidad de la Defensoría del Pueblo”.

Por su parte, el integrante del INECIP, aseveró que “la ausencia de esta figura produce que se vuelvan nulas todas las posibilidades de planificar estratégicamente los objetivos de la institución”. “Si la defensoría pudiese funcionar tendría un potencial enorme, en cuanto a la defensa de los derechos fundamentales de los argentinos”, concluyó, en sintonía, el co-director ACIJ.

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