29.05.14 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Destacadas (medios), Discapacidad y DDHH (medios), Educación inclusiva (medios), Igualdad Educativa (medios)

Reclaman al gobierno porteño igualdad de oportunidades para niños con discapacidad en escuelas públicas

(Télam).- Organizaciones sociales reclamaron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una normativa que garantice la “igualdad de oportunidades” para niños con discapacidad que asisten a escuelas públicas.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras, realizaron una presentación administrativa al ministro de Educación Esteban Bullrich.

En el documento reclamaron la elaboración e implementación de normativas y procedimientos que garanticen el derecho de las personas con discapacidad a realizar su trayectoria escolar en la escuela común.

Las organizaciones solicitaron que se asegure la continuidad de los alumnos con discapacidad con su grupo de pertenencia, y que se elaboren mecanismos y procedimientos inclusivos que contemplen como herramienta la elaboración de planes pedagógicos individuales con las configuraciones de apoyo pertinentes en cada caso.

En el documento, denunciaron además que “la ausencia de normativa revela una situación de inequidad entre los alumnos de las escuelas comunes de gestión estatal y los de las escuelas comunes de gestión privada”.

En octubre de 2012, según destacaron, “se dictó una disposición en la que se reconoció el deber de realizar las adecuaciones que correspondan al desarrollo de las capacidades y competencias de cada uno de los estudiantes, previendo mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación”.

Sin embargo, “esta resolución sólo es aplicable al ámbito de la educación privada y aún no se han dado pasos necesarios para avanzar en este sentido en el ámbito de la educación de gestión estatal”.

Las organizaciones consideraron que esta situación “carece de razonabilidad y tiene un efecto discriminatorio sobre aquellas personas que concurren a escuelas comunes de gestión estatal”.

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