29.09.10 // Novedades, NOVEDADES

Rechazo a la derogación del mecanismo que transparentaba los procesos de designación de jueces para el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires

La implementación del Decreto 1620 en 2003 había constituido un destacado avance en dirección a fortalecer y legitimar tanto el sistema de justicia como la propia vida política e institucional de la ciudad. La norma se convirtió así en uno de los escasos puntos de acuerdo existentes entre la mayoría de los partidos políticos y movimientos sociales porteños, y permitió que el mecanismo para la designación de funcionarios judiciales fuera un procedimiento participativo, abierto y dotado de publicidad, con capacidad para garantizar pisos mínimos en el perfil de los candidatos, vinculados con el compromiso con el sistema democrático y la vigencia de los derechos humanos.

Sin embargo, el Ejecutivo porteño consideró que la normativa representaba un obstáculo para las designaciones y decidió derogarla. Para las organizaciones esta decisión “constituye un fuerte retroceso”, en tanto “comprometerá la legitimidad de quienes ocupen futuras vacantes, será un precedente regresivo en el camino de fortalecer el sistema democrático de la Ciudad, y ocasionará un fuerte e injustificado impacto negativo en la legitimidad del Poder Judicial”.

En el día de hoy las organizaciones firmantes fueron recibidas por el Subsecretario de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Daniel Presti, quien se comprometió a evaluar los planteos realizados.

Adjuntamos texto de la carta.

Organizaciones firmantes: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) Asociación por los Derechos Civiles (ADC) Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) Colectivo Para la Diversidad (COPADI) FARN ODH (Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires) Poder Ciudadano

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