16.12.12 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Destacadas (medios), Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios)

Qué proponen las entidades ligadas al Derecho para democratizar la justicia

Cambios en el sistema de ingreso y del Código Procesal Penal, renovación de jueces con participación popular en la elección, juicio por jurados, simplificación de jerarquías y eliminación de exenciones impositivas son algunas medidas sugeridas.

Por: Gabriel Morini

 A raíz de la intención manifestada por la presidenta Cristina Fernández de comenzar un proceso de “democratización” de la justicia que evite profundizar la brecha que, según la mandataria, se generó entre el Poder Judicial y la sociedad, Tiempo Argentino consultó a las principales entidades civiles vinculadas al Derecho para conocer cuáles serían las medidas a adoptar para corregir esta situación. Democratización del ingreso, modificación del Código Procesal Penal, renovación de jueces con mayor participación popular de la elección, juicio por jurados, simplificación de jerarquías y eliminación de las exenciones impositivas son algunas de las medidas sugeridas desde sectores que han venido estudiando la problemática que atraviesa al actual sistema.

Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “existe una mirada más amplia sobre el valor de ‘independencia judicial’, que excede en mucho la idea de imparcialidad ante el caso concreto, y que surge de entender al Poder Judicial como otra de las ramas de gobierno cuyas decisiones tienen consecuencias políticas y sociales”, indicaron. “Que el Poder Judicial sea más independiente quiere decir, en primer lugar, que no actúa necesariamente bajo una lógica de presión de los intereses de los sectores que concentran mayor poder en la sociedad; y en segundo lugar, que incluso puede actuar como un redistribuidor de poder en el interior de la sociedad a favor de quienes están más desprotegidos”, concluyeron. Desde esta óptica, el corporativismo del sector se ve reflejado en “la histórica convalidación del Poder Judicial de los golpes de Estado y del orden de facto; la estructura jerárquica y obediente de la organización judicial donde los jueces ‘inferiores’ se ven ‘obligados’ a ajustar las sentencias de acuerdo con lo resuelto por el ‘superior’ en un procedimiento jerárquico encerrado en una cadena de subordinación; y el no ingreso mediante concurso o exámenes, sino a través de criterios como el nepotismo o la capacidad de los empleados para trabajar sin remuneración, lo que conforma un Poder Judicial de élite.” En ese marco enumeraron como aspectos a enmendar lo vinculado a la designación y remoción de jueces. “La selección de un juez es eminentemente un acto de gobierno, y por lo tanto deben existir motivaciones políticas, que tienen que poder hacerse públicas”, sostuvieron en el CELS. También subrayaron el tópico del pago del Impuesto a las Ganancias como una cuestión a corregir. “Este tema demuestra que los jueces no se sienten parte de la ciudadanía, sino funcionarios ‘superiores’ por alguna extraña misión; y para defender esa posición se amparan en la supuesta afectación de la garantía de independencia judicial”, remarcaron. La presentación de declaraciones juradas patrimoniales y la autarquía presupuestaria y financiera fueron señaladas como otro punto posible de debate.
Ezequiel Nino, director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostuvo que “debe ser valorada cualquier iniciativa para democratizar el Poder Judicial”, y destacó los mecanismos de ingreso como uno de los primeros pasos a dar. “Una medida que tendría resultados muy positivos sería implementar mecanismos de concursos para el ingreso de los empleados a la justicia. Actualmente, los magistrados y los fiscales realizan designaciones cruzadas de familiares y amigos en los juzgados. Eso fomenta la idea de ‘familia judicial’, un sector en el que hay poca diversidad de sus integrantes”, describió Nino. “Quienes no tienen contactos allí no pueden ingresar y ello implica que luego tengan muchas menos posibilidades de convertirse en jueces o fiscales porque los exámenes que se toman para los candidatos a esos cargos están basados en la práctica cotidiana de la propia justicia”, opinó el director de ACIJ. Sin embargo, advirtió que “imponer mayores intervenciones de los poderes políticos en el Consejo de la Magistratura (como se hizo con la reforma de ese organismo hace unos años) no puede tomarse como una medida democratizadora. El Poder Judicial debe, entre otras funciones, controlar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y en ese sentido debe mantenerse la mayor independencia entre cada uno de ellos”, afirmó. 
En sintonía por lo propuesto por ACIJ, desde la Comisión Interna del fuero penal de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) se impulsó en el ámbito de la Cámara del Crimen un proyecto para evitar “favoritismos” en la selección de personal por conocimiento previo de los postulantes. Para ello, sugirieron: “1) garantizar el derecho de todo habitante a trabajar en la justicia sin más requisito que su idoneidad, la institución de un sistema de examen de ingreso transparente, para lo cual es necesario al menos la participación (junto a los jueces) de las organizaciones vinculadas al servicio de justicia en la evaluación de los aspirantes; 2) un registro único de inscriptos que deseen ingresar en la última categoría; y 3) la publicidad de las convocatorias para rendir los exámenes.” “En la Argentina de hoy, una persona que decide como plan de vida ingresar a trabajar al fuero penal del Poder Judicial depende del favoritismo de un juez y no de un régimen que examine su capacidad, por lo cual el parámetro establecido para el ingreso al sistema de justicia es discriminatorio respecto de aquellos que no logren ganarse el favor de un magistrado”, concluyeron.
 “Hay que avanzar en una reforma de la justicia haciendo hincapié en el fuero penal”, apuntó por su parte Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).  “Todos los jueces deben ser renovados y se debe avanzar en una reforma integral del Código Procesal Penal pasando a un modelo acusatorio donde la investigación esté en manos de los fiscales y no de los jueces, que son los responsables de que la mayor cantidad de causas queden demoradas en la etapa de instrucción”, aseguró el especialista. De acuerdo al abogado, esto genera que “se llegue a juicio con una debilidad probatoria fuerte y con una dificultad para recuperar los bienes en los casos económicos, y esto hace que las causas más importantes de corrupción no deriven en condenas, lo que eleva la sensación de impunidad”, algo que ejemplificó con los expedientes como el del contrabando de armas y la reciente sentencia por el caso Marita Verón. “La pelea con el Grupo Clarín ha demostrado la necesidad de una justicia independiente y con normas procesales que permitan investigaciones de alta envergadura”, aseguró Biscay, que sumó a la discusión “una deuda histórica, que es el juicio por jurados, una obligación constitucional no cumplida”. También agregó “el análisis de la forma de organización interna del Poder judicial y una mayor participación en la elección de jueces. El pago de los impuestos es otra de las grandes deudas que hace que el Poder Judicial funcione como una casta”, subrayó. «
Propuesta del gremio por el escalafón
La UEJN presentó un proyecto el 12 de agosto de 2011 en la Cámara del Crimen para acceso democrático al escalafón, pero aún no obtuvo respuesta. La moción fue apoyada por el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo y el Observatorio para la Justicia. Los antecedentes de este proyecto a nivel UEJN tienen el respaldo de los dos partidos mayoritarios, el estamento de abogados y académicos en el Consejo de la Magistratura, que elevó un proyecto a la Corte Suprema de Justicia hace más de cinco años y que tampoco recibió respuesta.
En cambio, la iniciativa fue adoptada y reglamentada recientemente para los nombramientos futuros, por la Defensoría General de la Nación. Desde el gremio, además, señalaron la necesidad de un convenio colectivo de trabajo para los empleados de justicia y una estructura que impida que cada Cámara implemente mecanismos de designación según su sesgo ideológico. El mismo que ha permitido los actuales homenajes a ex integrantes del conocido “Camarón”, encargado de juzgar presos políticos y de exculpar a los autores de la Masacre de Trelew.
Tiempo Argentino

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