22.08.13 // Destacadas (medios), Villas e Integración Urbana (medios)

Protesta por la luz en las villas

Los vecinos culpan por el déficit del servicio a la Secretaría de Inclusión y Hábitat de la Ciudad.

Por Boyanovsky Bazán.

Vecinos de villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires ocuparon ayer oficinas comerciales de las empresas Edenor y Edesur para denunciar el incumplimiento de lo acordado un año atrás respecto a mejoras en las precarias instalaciones eléctricas en esos barrios, que generan cortes de luz y riesgo de cortocircuito permanentes.

“Desde hace años, nos quedamos todo el tiempo sin luz, y cuando vuelve se nos queman los artefactos, y hasta se han producido incendios”, dijo Dora, vecina de la Villa 31 Bis, de Retiro, y que ayer tomaba parte en la ocupación en Edenor.

La mujer, que integra la Corriente Villera Independiente, contó que “se ha muerto gente por estos incendios”, y aseguró que desde el gobierno se había deslizado que iban a recibir una respuesta cerca de las 20, aunque pasada esa hora no se había acercado nadie, por lo cual se mantuvo el plan de “acampar por 24 horas” en las oficinas. Hoy, marcharán a la Secretaría de Inclusión y Hábitat porteña, responsable de brindar la infraestructura necesaria.

La protesta contra el deficitario suministro de luz a estos asentamientos se centralizó en una única medida que fue la toma de dos oficinas: la de Edesur, en Juan Bautista Alberdi 4099, y la de Edenor, en Guzmán 302.

“El 2 de agosto de 2012 protestamos en las oficinas de Edesur y Edenor, y se comprometieron a poner transformadores, pero sólo pusieron la caja, o pusieron el equipo y no hicieron las conexiones. Son trabajos incompletos, promesas incumplidas. En mi barrio se toma electricidad de un medidor y se está pagando 12 mil pesos por mes, hasta 20 mil, y lo pagamos los vecinos”, dijo Wendy, que vive en el asentamiento La Carbonilla, de La Paternal.

Los reclamos se hicieron en las oficinas de las empresas energéticas, pero apuntaron contra dos áreas del gobierno porteño: Inclusión y Hábitat y la Unión de Gestión e Intervención Social (UGIS). El año pasado, una medida cautelar patrocinada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) exigía al gobierno de Mauricio Macri poner en condiciones la conexión eléctrica la Villa 21-24. Ante la apelación del macrismo, fue ratificada por la Cámara.

Un vocero de Edenor adujo que “la empresa espera que se apruebe un presupuesto para comenzar con las obras en el barrio Fraga, de Chacarita, y en la Villa 31. De ser así, en 60 días podría resolverse el problema del suministro de luz”. Y otro de Edesur sostuvo que “el suministro llega hasta la boca central de cada asentamiento, lo que acontece en el interior del barrio ya no es un tema de la distribuidora.”

“No les interesa la salud de los niños”

El delegado de la Junta Vecinal de la Villa 21, Gustavo Heredia, criticó la demora “de dos años y medio” que lleva el Gobierno de la Ciudad en relocalizar a las familias que viven en las márgenes del Riachuelo, y aseguró que a los funcionarios porteños “no les interesa la salud de los niños”.

Un informe de la ACUMAR que sostiene que el 25% de los menores de seis años de ese asentamiento tiene plomo en sangre, puso en alerta a los vecinos. “Dan vueltas y extorsionan a los vecinos. Nos prometieron obras como alternativa que no arrancaron nunca, no definen los terrenos en los que se va a construir, nos ignoran y miran para otro lado”, sostuvo Heredia.

Las órdenes judiciales incumplidas

Los vecinos de la Villa 21-24, la Defensoría General de la Ciudad y ACIJ iniciaron un amparo colectivo en el año 2010 para que se ordenase al gobierno de la Ciudad a elaborar e implementar un plan integral de prestación del servicio de energía eléctrica, que todavía no se cumple.

A pesar del fallo que impuso al gobierno efectuar obras para disminuir el riesgo eléctrico, “las condiciones del barrio no mejoraron, como se pudo comprobar en la pericia judicial realizada el 23 de agosto de 2012”, afirmó ACIJ. El 26 de septiembre de 2012 la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenó al GCBA a adoptar todas las acciones urgentes necesarias para eliminar el “riesgo eléctrico”, mientras se resuelve la medida de fondo.

Tiempo Argentino

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