30.12.12 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Destacadas (medios), Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (medios)

¿Por qué Miceli sí y Jaime no?

Por: María Victoria Gama

Cuatro años pasaron desde que una mañana de junio la División de Explosivos de Bomberos encontró en el baño de la entonces ministra de Economía una bolsa con $ 100 mil y US$ 31 mil.

La rapidez en la que se vio envuelta la investigación y resolución del caso se puede explicar a raíz de algunas razones principales: la simplicidad con la que se le presentaron al Tribunal los hechos del caso, el débil vínculo que tiene la ministra con los actores más fuertes del Poder Ejecutivo Nacional, las pocas ramificaciones que el caso podría llegar a desplegar hacia el futuro, la necesidad del Poder Judicial de mostrar algún acierto en materia de investigaciones de delitos económicos, la menor influencia de sus abogados comparativamente con quienes tienen vínculos más aceitados en Comodoro Py y el eficiente trabajo desplegado por los actores jurídicos.

Los testigos ofrecidos por las partes dieron a conocer en las audiencias en forma clara y contundente cómo ese dinero había sido encontrado en el baño de la ministra. No hubo versiones encontradas sino el testimonio concordante del jefe de Seguridad y el de la División de Explosivos, que dieron cuenta de que ese dinero se encontraba dentro de las oficinas de la funcionaria. Fueron explícitos al recordar los hechos y demostrar la urgencia que tenía la ministra por encontrar la constancia que daba fe de lo que se había hallado en su despacho. El escenario que se les planteó a los jueces del Tribunal Oral Nº 2 resultaba bastante sencillo.

Otra de las posibles explicaciones que se puede dar es la falta de un vínculo estrecho entre la funcionaria y el núcleo duro de poder. En reiteradas oportunidades, se escuchó a Felisa Miceli repetir que “no tenía una estructura de poder para defenderse” y la resolución del caso parecería darle la razón. Boudou, en cambio, usó todo el poderío del poder político para “embarrar la cancha” a quienes le seguían el rastro.

En la mayoría de los casos de corrupción típicos existe una organización que tiene como objetivo final hacerse de fondos públicos y sólo sale a la luz la verdad cuando alguien queda fuera de las transacciones o alguien tiene información muy privilegiada y no quiere ser cómplice de los hechos. En este caso, las derivaciones del caso podrían incriminar a otras personas pero no a funcionarios de peso.

En consecuencia, un factor determinante para entender por qué un caso de corrupción como éste –que en su mayoría tardan más de diez años en resolverse y la mayoría prescribe después de ese tiempo– fue resuelto en cuatro tiene que ver con la libertad que tuvieron los jueces para ejercer las funciones que les son propias. Los poderes políticos parecen haber actuado sin ánimo de proteger a Miceli y, quizá, sin importar que haya un chivo expiatorio (ésta es la coincidencia que muchos resaltan con la década del 90, en la cual la única condenada fue María Julia Alsogaray, coincidencia que no es positiva en materia de discriminación contra la mujer). Los actores jurídicos y las fuerzas de seguridad demostraron estar a la altura de las circunstancias al no sentirse intimidados. Durante la ronda de testigos, uno de los jueces le preguntó a Quinteros –jefe de la División de Explosivos– si el pedido realizado por la secretaria de la funcionaria del acta original de la inspección tenía como objetivo preservar la imagen de Miceli. Quinteros, sin dudar un segundo, respondió que sí.

En definitiva, vemos que las respuestas a la pregunta sobre la diferencia entre Jaime o Boudou y Miceli pasan por estos elementos. Para tener mayor certeza, habrá que esperar que la historia se siga escribiendo.

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