02.09.14 // Presupuesto y Derechos Humanos (medios), Villas e Integración Urbana (medios)

Políticas de vivienda y de seguridad

Por Eduardo Anguita

Las topadoras que barrieron a 700 familias pobres y la cuarta parte de la población de la Argentina con problemas de vivienda.

En el cuarto de siglo que abarca 1981 y 2006, la población del Área Metropolitana de Buenos Aires creció el 35 por ciento.

La pregunta, apreciado lector, después del uso de topadoras para barrer un asentamiento de 700 familias pobres, es: ¿cuánto creció la población de las villas? La respuesta permite entender por qué hay una gran cantidad de gente indignada ante la brutalidad estatal y otra porción que abraza con fervor la respuesta autoritaria: un 220 por ciento. Es decir, entre los nuevos habitantes de la Ciudad y el Conurbano por cada uno que va a un barrio urbanizado hay cinco que van a asentamientos y villas.

Dicho de una manera directa, un poco brutal, una gran cantidad de ciudadanos que tienen poca prensa tiene condiciones de hábitat espantosas y un importante sector de la clase media, que ahorra en ladrillos, está espantado ante la creencia –cierta o mítica– de que el precio de sus casas se desvanece porque se expandió una villa cercana o porque se asentaron un grupo de familias en un terreno fiscal cercano a su casa. Pero no sólo eso, amplios sectores de propietarios o de inquilinos en regla, están asustados o dispuestos a matar de sólo pensar que desde dentro de la villa salen los delincuentes que van a robarle las zapatillas a sus hijos.

Los llamados desarrolladores inmobiliarios, montados sobre la angustia de los supuestos sectores medios de la sociedad, expandieron los barrios cerrados en base a loteos que les permitieron multiplicar el precio de extensiones de tierra –desactivadas del sector agropecuario– cercanas a rutas de acceso a los centros urbanos. A la par, en muchos municipios, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, embellecen barrios donde la ciudad crece para arriba sin crecimiento proporcional de redes de gas, electricidad, espacios verdes, escuelas o transporte público.

Gabriel Kessler, en su reciente libro Controversias sobre la desigualdad, consigna que el precio en dólares de la tierra en la Ciudad de Buenos Aires, entre 2001 y 2006, se multiplicó casi cuatro veces. Negocio para algunos y mal crecimiento urbano.

CAMBIOS EN SEGURIDAD

Es posible que el desprecio a la pobres tenga raíces complejas y no solo una visión política reaccionaria. Esto es: el rechazo a los pobres o supuestos marginales esté relacionado con el propio miedo a caer en la escala social por ser vecino de un barrio precario así como el temor a perder el trabajo o cierto nivel de vida y terminar en una villa. Pero algo cambió en el humor social porteño en estos años más allá de ese temor atávico. Entre el desalojo del asentamiento en el Parque Indoamericano, a finales de 2010, y el desalojo del asentamiento llamado Papa Francisco hace diez días puede apreciarse un giro en las políticas punitivas del Estado. En efecto, la represión que cobró dos vidas en el Indoamericano llevó a un cambio en las políticas de seguridad de la Nación: la llegada de Nilda Garré estuvo acompañada de la creación de foros de seguridad comunitarios, muchos de los cuales siguen funcionando con participación de organizaciones sociales, sindicales y políticas en distintos barrios de la Ciudad. Junto con eso, desde el gobierno nacional se hizo notar que la llegada de Gendarmería y Prefectura a las villas tenía una relación directa con los nexos de jefes de la Policía Federal con bandas que compartían la recaudación con esos jefes. Eliana Arduino, Cristina Camaño y Martha Arriola fueron tres mujeres que desde sus experiencias distintas contribuyeron a que el equipo del flamante ministerio de Seguridad actuara no sólo con un abordaje social de la problemática del delito en barrios pobres y villas sino sobre todo con un ojo sobre el aprovechamiento policial de esa realidad. La ministra Nilde Garré daba las instrucciones, las conferencias de prensa o los informes ante los legisladores. Además, lo más importante: fueron políticas de seguridad eficaces.

En paralelo a las políticas nacionales, que dieron resultados en la disminución del delito, Mauricio Macri desarrolló su policía propia, la Metropolitana, para mostrarla en las plazas de barrios de clase media y para reprimir la protesta social o sindical, tal como pasó en el Borda o en Parque Centenario. Todo muy a tono con las encuestas y nada más.

BERNI VERSUS BERNI

Antes de ir a qué hacen la Nación y la Ciudad en políticas de hábitat y vivienda, conviene detenerse en qué pasa con esos criterios de políticas de seguridad. En estos últimos meses se vio a un secretario de Seguridad muy activo en la conducción operativas de las fuerzas en el terreno, sea para propagandizar que la Gendarmería incauta clorhidrato de cocaína, sea para dar la cara cuando esos efectivos usan balas de goma y gases lacrimógenos. Nadie conoce a la ministra Cecilia Rodríguez, que es la superior de Berni, aunque todos dan por sentado que el secretario tiene poder suficiente como para no depender de las decisiones que tome Rodríguez. Las cosas pasaron ahora a un punto álgido, porque Berni se lanzó a los medios con un discurso de mano dura sobre la política migratoria, sobre el uso de las topadoras y de balas de goma para desalojar el asentamiento Papa Francisco. Podría decirse que si Berni expresa el pensamiento oficial, el legislador Pablo Ferreyra y el diputado Horacio Pietragalla sufrieron “el fuego amigo” cuando ligaron palazos y balas de goma tratando de evitar la represión del pasado 23 de agosto.

También es posible pensar que los miles y miles de seguidores de la política de Derechos Humanos desplegada en estos años están identificados con Berni, pero con el otro Berni, Antonio, el pintor que creó y popularizó a Juanito Laguna, ese personaje tan sentido como la Mafalda de Quino en los años sesentas. “A Juanito Laguna –dijo Berni– lo veo y lo siento como el arquetipo de una realidad argentina y latinoamericana, lo siento como expresión de todos los Juanitos Laguna que existen. Para mí no es un individuo, una persona: es un personaje. En él están fundidos muchos chicos y adolescentes que yo he conocido, que han sido mis amigos, con los que he jugado en la calle.”

TRES FUERZAS CONJUNTAS

La mayoría de los medios y de la dirigencia política da por sentado que la orden de la jueza Gabriel López Iñíguez para desalojar con topadoras el asentamiento Papa Francisco se debió al homicidio de Melina López, la chica asesinada dos días antes por personas que se habrían metido en el asentamiento tras el crimen. Estos días, como nunca, se naturalizó que el uso de topadoras era una respuesta a un crimen. Se le dio poca o ninguna importancia a que la jueza ordenara una intervención conjunta de la Gendarmería, la Federal y la Metropolitana. Esa policía creada por Macri tuvo siempre al kirchnerismo en contra. Por la sencilla razón de que su ideólogo fue Jorge “El Fino” Palacios, un ex jefe de la división antiterrorista de la Federal exonerado por supuestas actividades antidemocráticas. Pero ahora, con este giro desplegado por Berni y la silenciosa ministra Rodríguez, parece que estuvo bueno hacer un operativo de las tres fuerzas en sintonía con lo que les muestran las encuestas.

Quizá algunos deberían recordar qué decían las encuestas cuando Carlos Ruckauf hacía el discurso de la mano dura y hasta la pena de muerte para llegar a la gobernación bonaerense en 1999 o lo que reclamaban los seguidores de las marchas de Juan Carlos Blumberg. Pero que no se engañen: era un secreto a voces que las topadoras no habían llegado al lugar donde estaba un grupo de narcos de cabotaje. Porque en la villa hay mucha gente que vive de su trabajo, y otra que está en el negocio de las drogas ilegales. Como en tantos lugares: así como hay proveedores de drogas en los boliches top o los countries, así como hay funcionarios que están en el negocio ilegal de la efedrina. Y las actividades de dos grupos narcos en el asentamiento Papa Francisco fueron informadas a la justicia penal en julio pasado por el legislador Gustavo Vera y con la participación de organizaciones sociales y religiosas de la Villa 20 por varios delitos cometidos por esos grupos, entre ellos un disparo que terminó con el embarazo de Sonia Angles, una chica que había tenido la valentía de denunciarlos.

Como no podía ser de otro modo, tras la represión empiezan a verse las reacciones democráticas. La jueza Elena Liberatori ordenó a Macri que cumpla con la urbanización de la Villa 20, una deuda no sólo con los vecinos sino también con la justicia. A su vez, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), junto al Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, presentó un habeas corpus a favor de las familias desalojadas.

¿QUÉ HACE EL ESTADO FRENTE AL PROBLEMA DEL HÁBITAT?

Cerca de 10 millones de personas tienen dificultades severas de vivienda en la Argentina. Es decir, el 25% de los habitantes de este país. Según el censo 2010, el 18% de las viviendas habitables están vacías, una cifra que trepa al 24% en la Ciudad de Buenos Aires. Según datos oficiales, medio millón de personas están en situación de emergencia habitacional en la ciudad más rica de la Argentina, mientras que 250 mil viven en villas. Alquilar una pieza en una villa puede costar entre 1000 y 2000 pesos. Los contrastes son demasiados como para creer o hacer creer que las problemáticas complejas se resuelven con palos y prensa.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) brinda buenos informes sobre estos temas. En los tres últimos años, las partidas presupuestarias para vivienda se redujeron el 20 por ciento. A su vez, el Instituto de de Vivienda de la Ciudad subejecuta las partidas, con lo cual se da un circuito perverso: los fondos no utilizados van a parar a la cuenta de Gastos Generales y sientan el precedente para la disminución del coeficiente de la inversión en vivienda social para el ejercicio próximo.

En la provincia de Buenos Aires, el censo 2010 también marca que el déficit habitacional alcanza al 25 por ciento. En ese distrito, la Legislatura discutió y sancionó una Ley de Acceso Justo al Hábitat a finales de 2012, que contempla el aumento del impuesto inmobiliario en terrenos baldíos así como la cesión de tierras –o su equivalente en dinero– para los emprendimientos inmobiliarios. Por supuesto que hubo debate y que muchos hablaron de “un avance sobre la propiedad privada” mientras otros destacaban que es la manera de fondear programas de autoconstrucción o de ampliación de viviendas. La reglamentación se demoró un año, pero es un avance significativo. La ley fomenta créditos que pueden sumar soluciones habitacionales a las que ya resuelve el Programa de Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar) desde hace dos años y que funciona bajo la órbita de la ANSES con excelentes resultados y que tuvo ya 300 mil familias sorteadas, casi un 10% de las soluciones habitacionales que requiere el país.

Se trata desde ya de un crédito para sectores medios, pero que puede resultar un impulso muy grande para que sean urbanistas y trabajadores sociales quienes tomen la posta en la cuestión de la vivienda social.

Tiempo Argentino