21.05.07 // Novedades, NOVEDADES

Polémica reforma a un órgano de control (La Nación)

Sólo en casos excepcionales todo el arco opositor, desde la centroderecha hasta la centroizquierda, decide unir sus fuerzas –también las de organizaciones no gubernamentales (ONG)– en una causa común. Sucedió hace un año, con el Consejo de la Magistratura. Ahora la experiencia se repetirá con la Auditoría General de la Nación (AGN), uno de los pocos órganos de control con cierta independencia que el oficialismo, según la oposición, pretende limitar.

La luz de alarma se encendió hace 10 días, cuando la cúpula kirchnerista de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley que, a juicio de la oposición y de un grupo de ONG, vulnera el precepto constitucional de “autonomía funcional” de la AGN, plasmado en el artículo 85 de la carta magna. Por ello, la UCR, ARI, el peronismo no kirchnerista, Pro, el socialismo y la CTA rechazarán juntos el proyecto, que será tratado pasado mañana en la Comisión de Presupuesto.

La oposición contará con el apoyo de Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras ONG que participarán de una audiencia pública convocada para mañana. Asistirá también el titular de la AGN, el radical Leandro Despouy.

La polémica iniciativa fue presentada por el titular de la Cámara baja, Alberto Balestrini; la vicepresidenta del cuerpo, Patricia Vaca Narvaja; el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, y el titular de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, Oscar Lamberto.

Tanto Rossi como Lamberto enfatizaron, en diálogo con LA NACION, que, lejos de querer amordazar a la AGN, el proyecto le otorgará mayores atribuciones para la investigación.

La oposición y las ONG disienten: advierten que la iniciativa busca cercenar la tarea de control de la AGN para atarla aún más al dominio del oficialismo legislativo.

El proyecto

Tres son los ejes del proyecto de ley que despiertan la máxima preocupación: uno, el inciso “f” del artículo 129, que faculta a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas a “instruir a la Auditoría General sobre cuestiones de su incumbencia”.

Esta frase es inconstitucional a juicio de los opositores, porque vulnera el principio de autonomía funcional de la AGN. “Los legisladores de la comisión -dominada por el oficialismo- pueden inmiscuirse en todos los asuntos de la AGN, ya sea en su personal o en su presupuesto; hasta pueden dificultar la publicación de los informes”, advierten.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) coincidió: “El proyecto presenta problemas de constitucionalidad y restringiría el ámbito de actuación de la AGN”. La ONG enfatizó, además, en que “debe fortalecerse el organismo de control, y no debilitarse su actuación”.

Otro punto polémico es el que faculta a la Comisión Mixta del Congreso a controlar a la AGN. Si bien esta atribución ya existe en la ley de administración financiera -que regula el funcionamiento de la AGN-, se agregan los aspectos “contable y de gestión”.

Por último, se propone acortar de ocho a cuatro años el mandato de los siete auditores que componen la cúpula de la AGN, con el argumento de equipararlo al mandato presidencial.

“Es ridículo que el auditor deba cesar en su cargo justo cuando termina la gestión que está controlando”, cuestionó el radical Horacio Pernasetti, auditor de la AGN.

Otros reparos

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) planteó también sus reparos al proyecto. “Agudiza la dependencia del organismo de la Comisión Mixta. Si se avanza con esta ley, se perderá una oportunidad invalorable de mejorar el mecanismo de control, de hacerlo más eficiente y transparente”, indicó a LA NACION Juan Antoniassi, el coordinador del equipo de Fortalecimiento Institucional de esa entidad.

El kirchnerismo rechaza con énfasis las acusaciones opositoras. Por el contrario, subraya que con este proyecto la AGN adquiere nuevas atribuciones, como la incorporación de auditorías de gestión por resultado (no sólo contables).

Además, insiste, el control se amplía a todo el sector público nacional, incluyendo los fondos fiduciarios.

“No se le quitan ni facultades ni operatividad a la AGN, sino que se las amplía. Tampoco las facultades de la Comisión Mixta”, enfatizó Lamberto. Insistió, en tanto, en que “se respeta la letra de la Constitución, ya que el presidente de la Auditoría sigue en manos de la oposición”.

Sus argumentos no convencen a los opositores, que harán causa común en defensa del organismo. En las últimas horas, el oficialismo comenzó a dudar: no descarta que si la jugada opositora empaña la campaña electoral de este año congele el proyecto por el momento.

Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION
La Nación

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