23.04.12 // Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana (medios), Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (medios)

Por qué Argentina no pudo ingresar al club anticorrupción

Es un bloque liderado por Brasil y Estados Unidos. El Gobierno quiso participar, pero no calificó por irregularidades en el acceso a la información. Ahora podría sumarse al grupo.

Por Facundo F. Barrio

 ¿Por qué la Argentina no integra una alianza de gobiernos para la lucha anticorrupción? La pregunta quedó flotando esta semana luego del lanzamiento en Brasilia de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP), una iniciativa mundial impulsada por Brasil y los Estados Unidos que ya abarca a 55 países. El Gobierno argentino intentó incorporarse a la organización meses atrás, pero no pudo hacerlo porque no sumaba el puntaje requerido en materia de acceso a la información pública.

Sin embargo, hace algunos días la OGP cambió su criterio de evaluación sobre la Argentina y, ahora sí, el país podría ingresar a la Alianza. Pero, ¿qué es exactamente la OGP, y por qué en un primer momento se rechazó la participación de la Argentina?
El proyecto comenzó a gestarse el año pasado, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde Barack Obama comentó la idea con Dilma Rousseff. La presidenta brasileña adhirió a la propuesta, y más tarde se sumaron como miembros fundadores el Reino Unido, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica e Indonesia. El objetivo de la iniciativa es promover una cultura gubernamental de apertura a la sociedad civil y tolerancia cero con la corrupción.

La OGP estableció una serie de “criterios de elegibilidad” para los países que quieran incorporarse al foro. Se fijó una escala de puntajes en cuatro rubros –transparencia fiscal, acceso a la información pública, divulgación de información relacionada con funcionarios electos de alto rango y participación ciudadana– que, en suma, deben alcanzar un elevado total.

Esta semana, un matutino afirmó que la Argentina “no se planteó hasta ahora adscribir a este foro intergubernamental”. En rigor, según reconstruyó PERFIL, el Gobierno argentino sí se interesó por entrar a la OGP, pero no pudo hacerlo porque no calificaba.
El asunto se manejó primero en Cancillería y luego pasó a manos de la Jefatura de Gabinete. Hace dos meses se estableció un contacto informal con los organizadores de la Alianza para sondear el eventual ingreso de nuestro país, pero la respuesta fue que Buenos Aires no era elegible.

Quien se encargó de la gestión fue Daniela Vilar, perteneciente a la cartera que dirige Juan Manuel Abal Medina. Según miembros de organizaciones civiles que estuvieron esta semana en la reunión de la OGP en Brasilia, Vilar se había anotado para asistir al foro como observadora, pero finalmente no viajó a la capital brasileña. Este diario intentó contactarse con Vilar en más de una oportunidad, pero no obtuvo respuesta.

La razón de aquel rechazo inicial a la Argentina fue que el país no cuenta con una ley de acceso a la información pública, algo que sí existe en Brasil, Uruguay, Chile y otros socios regionales. Esa carencia implica cosas tan insólitas como la imposibilidad de terminar con el “secreto eterno” de más de 400 decretos que Videla, Viola, Galtieri y Bignone firmaron entre 1976 y 1983.

Sin embargo, hace dos semanas la OGP cambió el criterio de evaluación sobre la Argentina. “Se modificaron los puntos que se le habían asignado al país por acceso a la información. Antes no se había verificado que el decreto 1172/03 cubre buena parte del Estado”, indicó Ezequiel Nino, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. El decreto que Néstor Kirchner firmó en 2003 abre las puertas a ciertos documentos del Poder Ejecutivo, pero no del Legislativo ni del Judicial.

La Argentina podría pedir ahora el ingreso a la OGP. Eleonora Rabinovich, de la Asociación por los Derechos Civiles, señaló que el gobierno “debería formalizar su interés en integrar la Alianza y luego seguir los pasos establecidos: elaborar un plan de acción que implicaría compromisos en transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas”. Sin rencores por el rechazo inicial.

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