10.09.18 // Villas e Integración Urbana (novedades)

PEDIMOS INCORPORAR 7 PUNTOS CLAVE EN EL ANTEPROYECTO DE LEY QUE REGLAMENTA LA RE-URBANIZACIÓN DE LA VILLA 31

La Secretaría de Integración Social y Urbana, a cargo del proceso de re-urbanización de Villa 31 y 31 bis, elaboró un anteproyecto de ley que busca regular el modo en que el proceso de integración socio urbana del barrio se llevará adelante, y actualmente espera contar con el aval de las/os Consejeras/os del barrio -quienes ejercen la representación política de las/os habitantes- para remitirlo a la Legislatura Porteña para su tratamiento.
Luego de meses de trabajo, consideramos que si bien el documento presentado por la Secretaría ha sido mejorado y ha reconocido parte de las observaciones de los organismos que acompañamos el proceso así como de los vecinos y vecinas que participaron en distintas instancias de discusión, persisten sin embargo contenidos que pueden afectar la permanencia futura de quienes habitan el barrio, derivar en especulación inmobiliaria y financiera sobre las tierras poniendo en riesgo la identidad barrial e incumplir con la provisión adecuada de equipamiento comunitario.

Es por eso que instituciones y organismos que participamos de la Mesa Técnica en la que se presentaron y discutieron los avances del proyecto, elevamos un documento donde se detallan los cambios que deben ser realizados para que el proceso de re-urbanización pueda cumplir con su principal objetivo: que quienes residan en el Barrio Padre Mugica puedan conservar su lugar de residencia en condiciones habitacionales adecuadas y con seguridad en su tenencia.

En el documento, que firmamos desde ACIJ, la Defensoría N° 3 del Ministerio Público de la Defensa, la Asesoría Tutelar de Primera Instancia N°1, las organizaciones CEAPI y Urbana Te Ve -y al que están adhiriendo diversos Consejeros/as del barrio-, identificamos como problemas principales del anteproyecto presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

1. La falta de definiciones sobre el valor total de las viviendas;

2. La omisión de medidas expresas para soluciones en casos de inquilinos, situaciones de hacinamiento y desgloses;

3. El déficit de garantías respecto a las relocalizaciones no consensuadas;

4. La debilidad de las políticas de protección de la vivienda única y los posibles riesgos de gentrificación asociados;

5. La poca claridad respecto a la apertura de calles;

6. La falta de estándares adecuados en materia educativa; y

7. La inexistencia, hasta el momento, de un acuerdo urbanístico con la Agencia de Administración de Bienes del Estado -que aún tiene posesión dominial sobre las tierras afectadas a la re-urbanización-, lo que posibilitaría que varias hectáreas que serán rezonificadas dentro del polígono del barrio puedan tener destinos diferentes de los previstos en la ley de urbanización.

Asimismo, el documento incluye otras 9 propuestas en relación a problemas en definiciones complementarias y en la formulación del articulado.
Por otro lado, el proceso de definición final del anteproyecto -en el que, entre otros puntos, no se permitió acceder al contenido de las actas a Consejeros/as que discrepaban con el dictamen propuesto- no ha sumado transparencia ni un respeto adecuado por los acuerdos y disensos de parte de quienes representan al barrio.

Una ley de tanta importancia como la que está en debate debería contar con el más amplio consenso posible y su tratamiento tiene que involucrar activamente a la comunidad, disipando preocupaciones e incorporando sus expectativas.

Desde los organismos firmantes consideramos que, para que el proyecto de ley garantice a vecinos y vecinas un adecuado respeto a su derecho a la ciudad, resulta imprescindible que los puntos anteriormente presentados sean debatidos adecuadamente en y con el barrio, e incorporados al proyecto.

El documento presentado puede consultarse aquí.

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