13.01.06 // Novedades, NOVEDADES

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“El gobierno parece haber tomado la decisión política de renovar masivamente la judicatura, a fin de someterla políticamente. En tal sentido, se pusieron en marcha los mecanismos constitucionales previstos para la destitución de magistrados que se han mostrado independientes del gobierno, y se modificaron normas legales de forma tal que el gobierno pueda designar una mayor cantidad de jueces en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia” subrayó la carta enviada al Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Comisión, Leandro Despouy.

La carta relata, además, una serie de situaciones recientes que afectan el normal funcionamiento de un sistema judicial independiente, como por ejemplo, el proceso de juicio político recientemente abierto contra una ministra del Superior Tribunal de Justicia, Marta Catella. Ahora, la jueza está siendo investigada bajo las acusaciones de prevaricato, incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública, la comisión de delito en el ejercicio de su cargo, entre otros.

Según Demian Sayat del Area de Justicia democrática del CELS, “hay serias irregularidades en el proceso de juicio político de Catella y los argumentos para juzgarla no se sustentan por sí solos. Lo que se pretende es adoctrinar al resto del poder judicial”.

Sayat manifestó que “cualquier medida que pueda ser sospechada de parcialidad o que signifique una intromisión en el ámbito propio de otro poder público debilita la división de poderes y genera un estado de permanente zozobra frente al ejercicio de poder desmedido”.

El pedido de juicio político contra Catella, se enmarca en una reforma judicial impulsada por el Frente Renovador, cuyo máximo referente es el actual gobernador Carlos Rovira.

Otro de los casos que llamaron la atención de las organizaciones sociales es el juicio político promovido contra el fiscal de Estado Lloyd Jorge Wicström, quien había denunciado diversos casos de corrupción administrativa del actual gobierno, aún en los medios nacionales.

“Estos casos deben analizarse en el contexto de una embestida general del gobierno provincial hacia el Poder Judicial local” señala la carta remitida al comisionado, al tiempo que agrega detalles de las reformas judiciales impulsadas por el propio gobierno, como por ejemplo, la modificación de la ley provincial que prevé la cantidad de miembros que integran el Superior Tribunal de Justicia. “A fines del 2005, la Legislatura (con mayoría oficialista) aprobó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que, entre otras cosas, disponía la derogación de la ley 3964, que disponía la disminución del número de miembros del Superior Tribunal de Justicia, de 9 a 5”.

“No podemos permitir el avasallamiento del gobierno de turno violando las garantías constitucionales más elementales” señaló Agustina Roca del Area de Acción con Justicia de Poder Ciudadano y agregó “la independencia judicial es uno de los principios básicos para la consolidación de las instituciones democráticas”.

Las organizaciones sociales solicitaron, además, al relator de Naciones Unidas “que requiera al Estado argentino, toda la información acerca de la grave situación de Misiones y adopte recomendaciones tendientes a que se remuevan los obstáculos que impiden el regular ejercicio del derecho a la independencia de la judicatura en la provincia de Misiones”.

La carta fue firmada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y Poder Ciudadano.

Para mayor información, comunicarse con Demian Sayat del Area de Justicia Democrática del CELS al (011) 4334 4200, o con Juan Bertomeu de ADC al (011) 5236-0555/ 6/ 7.

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