11.11.07 // Novedades, NOVEDADES

Otra oportunidad para los servicios públicos (La Nación)

En la actualidad, se producen continuamente cambios en el modelo de servicios públicos privados implementado durante la década del noventa.

Ese modelo se encontraba basado en contratos de concesión entre la administración pública nacional y empresas privadas a partir de licitaciones públicas y organismos autárquicos de control, cada uno de ellos con participación de los usuarios en sus directorios.

Una de las críticas que se le hace desde diversos ámbitos es que se trató de una implementación improvisada, poco transparente y sin participación adecuada del Congreso Nacional, de organismos de fiscalización y de los usuarios. Por ello, resulta tan necesario que se les preste mayor atención a los procesos actuales de reforma, pues éstos regirán los servicios públicos esenciales durante los próximos años.

Principalmente, se produce modificaciones trascendentes en el servicio de agua y saneamiento del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el transporte ferroviario de esta misma región.

Los cambios -algunos, ya aprobados, y otros, en tratamiento- resultan heterodoxos pues plantean la formación de empresas con mayoría accionaria estatal, la presencia de entes de control del servicio, por un lado, y agencias de planificación que deciden sobre las extensiones de las redes, por el otro. En otras palabras, se trata de modelos híbridos con algunos aspectos del modelo estatal anterior a los noventa y otros del privatizador.

Paradójicamente, las situaciones de agua y saneamiento (la estatal AySA) y del transporte ferroviario son, como se sabe, sumamente críticas y afectan principalmente a la población de menores recursos, que, en el caso del agua, no accede al servicio, y en el caso del ferrocarril, no puede reemplazar por otro medio de transporte.

Sin embargo, las reformas adoptadas por el Estado para resolver estas crisis no se han dirigido a modificar esas situaciones de fondo.

En la implementación del marco regulatorio de aguas aprobado por ley en febrero se observa la ausencia de mecanismos de participación ciudadana y la falta de integración de las decisiones adoptadas con las jurisdicciones de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

Agua para todos

Además, no hay menciones específicas a las promesas presidenciales de incluir en sólo cinco años a toda la población del AMBA al servicio de agua.

En relación con los servicios de ferrocarriles, el nuevo proyecto de marco regulatorio establece que algunas líneas pasen a manos estatales (mientras que otras continuarán en manos privadas) y fija la creación de una empresa estatal para ejecutar obras de infraestructura ferroviaria, pero no precisa mecanismos de control independientes.

Además, no se difundió el plan de obras ni las actividades que se realizarán para mejorar la calidad del servicio. Mientras, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que debe monitorear a las empresas privatizadas, sigue intervenida desde hace seis años sin haberse procedido a la reestructuración invocada en la norma que impuso dicha medida.

Los servicios públicos esenciales hacen no sólo a la calidad de vida de la población sino a la protección de sus derechos fundamentales.

Su debida prestación -de manera igualitaria teniendo en especial consideración a los sectores más desprotegidos- representa entonces una obligación estatal y no una mera potestad discrecional. La necesidad de producir modificaciones al modelo implementado hace varios años puede convertirse en una buena oportunidad para lograr buenas condiciones de prestación, mas de la única manera como eso se puede obtener es mejorando los procesos de construcción de las decisiones, diseñando organismos verdaderamente independientes y realizando una planificación estratégica para promover la mejora en la calidad y en el acceso a los servicios públicos.

Si no se efectúa en breve plazo, perderemos nuevamente el tren.

Por Ezequiel Nino y María Verónica Tarzia
Para LA NACION

Los autores son codirector y coordinadora del Programa de Servicios Públicos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), respectivamente.

La Nación

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