04.01.13 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios)

Otra forma de avasallar a la Justicia

Al no enviar al Senado los pliegos de los candidatos a magistrados, el Poder Ejecutivo alimenta la precariedad judicial

Buena parte de los cargos vacantes en la Justicia podrían ocuparse si la Presidenta se decidiera a enviar al Senado los pliegos de 130 postulantes a jueces, fiscales y defensores oficiales. Se trata de trámites que, en algunos casos, tienen una demora de años y que al no concluirse constituyen una seria traba para la ya de por sí lenta marcha de la Justicia.

Esta inexplicable y perjudicial demora de Cristina Fernández de Kirchner coincide con las graves críticas que ha formulado contra la Justicia, a la que ha calificado de corporación que debe democratizarse. En verdad, las críticas de la Presidenta no son otra cosa más que un intento de avasallar al Poder Judicial, presionando a los integrantes que no se someten a sus designios y necesidades, como ha ocurrido con los magistrados del fuero en lo civil y comercial federal que deben resolver el caso del Grupo Clarín.

A su vez, y esto no es menos grave, la demora de la Presidenta para elegir candidatos también busca por otras vías el sometimiento de la Justicia al Poder Ejecutivo, pues al no ocuparse los puestos vacantes de jueces con magistrados designados de acuerdo con la Constitución, sus lugares son transitoriamente ocupados por jueces subrogantes, que no son jueces, sino reemplazantes circunstanciales que, al carecer de estabilidad, pueden volverse susceptibles a las presiones o los deseos del poder político.

Esta situación, que se agrava a medida que aumentan las vacantes debido a los magistrados que se acogen a la jubilación o renuncian, ha preocupado a entidades como la Asociación por los Derechos Civiles, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Estas ONG han difundido un documento en el que advierten sobre la existencia de severas falencias en los mecanismos de selección de jueces, que se evidencian de manera más notoria en diversas anomalías del sistema de subrogancias.

El año pasado, un estudio de la Asociación por los Derechos Civiles reveló que el 18,17 por ciento de los jueces argentinos eran subrogantes, es decir que uno de cada cinco magistrados ha sido designado por un sistema distinto al establecido por la Constitución, afectándose así la garantía de independencia judicial. Sumaban 165 esos jueces provisionales, cantidad que luego se redujo levemente debido a unas pocas designaciones. La mayor parte de los jueces subrogantes se concentran en el fuero laboral, seguido por el criminal y el civil.

A esta situación se llegó no sólo por la interesada falta de acción del Poder Ejecutivo, sino también por el retraso del Consejo de la Magistratura en concluir los concursos de los cuales surgen las ternas para que la Presidenta elija un candidato. En cuanto a los futuros fiscales y defensores oficiales, el Poder Ejecutivo recibe los nombres de los posibles candidatos tras la selección inicial de la Procuración General de la Nación y de la Defensoría General de la Nación, respectivamente.

El Gobierno sostiene que la Constitución no le fija plazos para elegir un candidato de una terna y enviarlo al Senado, pero la excesiva demora no encuentra otra explicación más que la de prolongar y agravar la precariedad del funcionamiento de nuestros tribunales mediante la permanencia de los jueces subrogantes, vulnerando la independencia judicial.

Similar intención pudo advertirse en la designación de 17 conjueces o jueces suplentes oficialistas en el fuero en lo civil y comercial, el que interviene en los planteos sobre la ley de medios. En efecto, esas designaciones se lograron el 25 de octubre del año pasado gracias a la mayoría con que cuenta el kirchnerismo en el Senado. La condición oficialista de algunos de ellos, sumada a los malos antecedentes de otros, fue la razón que obligó al Gobierno a soslayar la intervención del Consejo de la Magistratura para seleccionar a estos conjueces. Tampoco se cumplió con el requisito de permitir la participación de los ciudadanos en el control de los méritos de los candidatos. Debido a estas anomalías que generaron el rechazo de la oposición en la Cámara alta, el senador radical Gerardo Morales presentó ante la Justicia una acción declarativa de inconstitucionalidad o nulidad.

El avance del Poder Ejecutivo sobre el Judicial se ha vuelto incesante hasta convertirse en un avasallamiento mediante el cual el Gobierno quiere dictarles a los jueces el sentido en que deben resolver los casos que al oficialismo le interesan. Han caído las máscaras y ya no se disimula. La víctima de este atropello que deteriora el sistema constitucional no es la Justicia, sino la sociedad en su conjunto.

Diario La Nación. Editorial.

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